Cuando pensábamos que el año 2025 nos daría un respiro dejando atrás el caso Monsalve y sus esquirlas, nos llevamos otra gran sorpresa. Hastiados con lo sórdido, el primer viaje de un Presidente chileno al Polo Sur animaba esa idea de “Chile tricontinental”. Pero esa simbólica señal de soberanía —solo habían estado otras autoridades en 1984, 1995 y 1999— fue opacada por su propia mano. Antes del viaje el Presidente Boric ya había firmado el polémico decreto.

Las gestiones las inició el Ministerio de las Culturas el 5 de septiembre de 2024. Al concluir varios trámites y revisiones, el lunes 30 de diciembre las partes firmaron el contrato de compraventa de la casa en Guardia Vieja. Y el último día del año el Ministerio de Bienes Nacionales anunció la buena noticia del futuro museo Salvador Allende. Después de las celebraciones del Año Nuevo, surgen algunos cuestionamientos. Inmediatamente explota la noticia. Mientras varios personeros intentaban explicar lo inexplicable, el jueves 2 de enero el Presidente aterrizaba en Punta Arenas junto a su comitiva. Era el inicio de la “Operación Estrella Polar III”. Al día siguiente, por primera vez en nuestra historia, un presidente chileno pisaba el Polo Sur. La noticia pasó desapercibida. El sábado, de regreso en su ciudad natal, el mandatario debía dar explicaciones.

Varias aristas asoman detrás de esta tragicomedia. En el mundo privado existe el concepto de “conflicto de interés”. Para evitarlos, se establecen regulaciones que limitan, por ejemplo, que un presidente, director o ejecutivo de una empresa realice transacciones con su empleador. Estas restricciones son muy estrictas en las empresas abiertas en bolsa y en el mundo financiero.

El mercado es cruel, nos dijo una vez el Presidente Aylwin. Pero la democracia, que tiene similitudes con el mercado, puede ser aún más cruel. Por eso las reglas que regulan el comportamiento en el ámbito de lo público son aún más estrictas que las del mercado. No es lo mismo defraudar a un grupo de accionistas que a toda la ciudadanía. Y el Estado, que es de todos los chilenos, es susceptible a múltiples conflictos de interés. Por eso debemos cuidarlo y protegerlo. Este gobierno, como diría un abogado, ha ignorado ese debido cuidado. Y de paso, ha transformado un sueño en una pesadilla. La lección para cualquier estudiante es simple: cumplir con un deseo también exige cumplir con las leyes.

En este caso, lo que está en juego es la fe pública. El respeto a las reglas que nos rigen como sociedad es sagrado. Es lo que nos permite convivir en democracia. Ahora bien, la gran pregunta es cómo nadie, durante toda esa cadena de trámites y revisiones, reparó en ese evidente conflicto de interés. ¿El Presidente leyó, revisó y pensó lo que firmaba? De no ser así, ¿dónde estaban sus asesores?, ¿en qué estaban los amigos del segundo piso?, ¿y qué hacía el ejército de abogados que trabajan en La Moneda? Las respuestas a estas preguntas son sombrías.

Otra pregunta incómoda es si la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández sabían de esta compraventa. Si la conocían, como lo estipula el contrato legal en curso, ¿no estaban al tanto del artículo constitucional que les prohíbe celebrar contratos con el Estado? Y si no manejaban todos los detalles, la prudencia exige ocuparse de lo propio (la familia) y de lo público (la política). Como sea, la figura de Salvador Allende y su familia son los grandes perdedores en esta nueva comedia de errores.

Al deterioro de nuestras instituciones y costumbres se suma el desprecio por las reglas. Pareciera que ese lema de “habitar” La Moneda albergara un estado de naturaleza hobbesiano donde el voluntarismo reemplaza a las leyes. Si esta vez la ministra de Bienes Nacionales fue el fusible, la progresiva irresponsabilidad y desatención a las reglas es preocupante.