El número de funcionarios públicos se acerca al millón, nos dice la prensa. En Chile somos veinte millones, de modo que aproximadamente una de cada 20 personas que vemos en la calle trabaja en el aparato estatal. “Datos de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos muestran un incremento de casi 100 mil funcionarios (12%) entre fines de 2022 y septiembre de 2024”.

La pregunta que nos hacemos los ciudadanos es: ¿Son necesarios esos nuevos funcionarios? ¿Todos? ¿No basta con los que teníamos, que ya eran muchísimos? Porque los empleados públicos se pagan con fondos de los chilenos y estos, además de ser escasos, tienen otros destinos bastante más relevantes.

¿Es ese el legado que quieren dejar a Chile el Gobierno y las municipalidades? ¿Con qué cara le podrían dar esos datos a la gente que vive en los campamentos? ¿Dónde están los tiempos en que los gobernantes hablaban de la primera infancia como una prioridad absoluta para el país? ¿Qué pasa con esos embalses como el de Nueva la Puntilla, en Ñuble (que está esperando desde 1950) y otros proyectos esenciales en diversas zonas agrícolas que tienen que enfrentar prolongadas sequías?

Las arcas fiscales cuentan con recursos limitados, hay necesidades urgentes y, sin embargo, los dineros se malgastan. Nos asusta la corrupción; sin embargo, como aquí ninguna autoridad se echa plata en el bolsillo, nos quedamos tranquilos. La acumulación de empleados públicos puede salirle al país bastante más cara que los millones que pueda robarnos alguien que esté en un puesto de gobierno. El robo es moralmente peor, pero el despilfarro de lo escaso nos puede costar más y es una forma de abuso e irresponsabilidad.

Tenemos en Chile una inflación invisible, la del crecimiento desmesurado de los funcionarios públicos, que es mucho más difícil de controlar que la otra, que tanto nos preocupa. Si bien no se advierte en la vida diaria de los chilenos, causa un grave daño al país.

Todos comprendemos que, cuando cambia un gobierno o un alcalde, se requiere que tenga algunos colaboradores de su confianza. Pero ¿deben ser tantos? ¿No se está usando al sistema público como un modo de beneficiar a los propios simpatizantes? El panorama con que se enfrenta hoy Mario Desbordes al llegar a la Municipalidad de Santiago es un ejemplo de este descontrol que se produce cuando una autoridad gasta más allá de sus posibilidades. Mientras el comercio ambulante con productos falsificados se adueñaba de las calles, la administración anterior promovía una poblada Subdirección de Igualdad de Género.

¿Qué hacer? Uno podría pensar en que la solución pasa por reducir el número de empleados y dejar en cada repartición estatal solo a los que sean necesarios para cumplir sus tareas. Pero en este mundo las cosas no son tan sencillas. De partida, no se puede remover a un funcionario de planta sin un sumario administrativo. Esto parece razonable, dado que el Estado requiere contar con personas que puedan llevar a cabo su trabajo sin mirar las preferencias políticas de sus jefes.

Ahora bien, aunque la ley dice algo distinto, solo el 25% de los funcionarios es de planta, la gran mayoría está a contrata. ¿Significa esto que se podría desvincular a las personas que están allí en virtud de sus conexiones partidistas o familiares y no porque sean competentes? No es así. Primero la Contraloría y ahora los tribunales han establecido que, pasado un plazo, esas personas gozan de una “confianza legítima” y no pueden ser despedidas al modo en que opera el mundo privado, sino que también deben ser objeto de sumario. En la práctica, eso hace muy difícil desprenderse de ellas, porque el ser inepto o flojo no parece constituir una infracción grave a las obligaciones funcionarias.

Tenemos, entonces, un sistema donde entrar es fácil mientras que la salida es muy difícil. De ahí que el número de funcionarios crezca y crezca.

Desde hace al menos cuarenta años se habla de “modernizar el Estado”, ha habido infinitos estudios y no han faltado comisiones muy competentes que han tratado del tema. De hecho, desde 2018 tenemos un Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, integrado por destacadas figuras. Sin embargo, este es un gato muy arisco y ningún gobierno se atreve a ponerle el cascabel. La modernización del Estado no es solo su reducción, pero la incluye.

En el caso del gobierno actual, esta urgente tarea se complica por su concepción misma de lo público, que para nuestras autoridades es sinónimo de lo estatal, pues desconfía del dinamismo de la sociedad civil y su capacidad para resolver cuestiones que nos afectan a todos. Según esa filosofía, los problemas que aquejan a la totalidad de los chilenos deben ser resueltos por el Estado. Esto lleva inevitablemente a incrementar la cantidad de funcionarios públicos y a hacerlo con buena conciencia. Una cosa es clara: no por mala voluntad, sino por su filosofía, resulta imposible que este gobierno disminuya la cantidad de empleados públicos.

Sería bueno que quien aspire a sucederlo les presente a los chilenos un plan para conseguirlo. Esto exige hablarle al país con la verdad y mostrarle que las soluciones serán dolorosas. Porque sin un apoyo amplio de la ciudadanía no será posible hacer nada en serio. Y los campamentos, los niños vulnerables o el campo afectado por la sequía tendrán que seguir esperando.