En un seminario de la Cepal, el subsecretario del Interior anunció que el Gobierno se apresta a impulsar una regularización “acotada” de migrantes irregulares. En principio, la medida beneficiaría a unas 180.000 personas que han sido empadronadas. Para justificar la decisión, el Ejecutivo menciona motivos económicos y de seguridad, además de aducir un compromiso del Estado con los migrantes (compromiso inexistente, dicho sea de paso). Algunos gremios empresariales se apresuraron en aplaudir la medida, pues facilita la contratación de mano de obra.

En algún sentido, la decisión parece razonable. Dado que esos migrantes ya ingresaron a Chile, dado que muchos de ellos llevan acá bastante tiempo, y tienen arraigo familiar y económico, y dado que el Gobierno tampoco tiene ningún ánimo de realizar expulsiones masivas, entonces regularizar es perfectamente lógico. Es cierto que cuando se inició el empadronamiento se afirmó explícitamente que dicho trámite no conduciría a la regularización; pero, en el fondo, siempre supimos que así terminaba la historia. La regularización es una especie de fatalidad frente a la cual solo cabe plegarse dócilmente.

Todo esto suena sensato y, de hecho, es la medida que las elites cosmopolitas de izquierda y derecha defienden en todo el mundo. Sin embargo, no deberíamos ser ciegos al hecho de que estas decisiones son fuertemente resistidas por la población general. Comprender el problema migratorio implica tomarse muy en serio los motivos por los cuales la ciudadanía no comparte el optimismo de la opinión ilustrada. Y el primer dato es el siguiente: en los últimos años, Chile ha recibido una migración masiva que ha producido enormes tensiones sociales que no podemos seguir ocultando. Esas tensiones no están distribuidas equitativamente, sino que recaen sobre los sectores populares. Este es el gran punto ciego de la discusión: las elites no perciben lo mismo que el resto de la ciudadanía. Así, tanto la presión sobre vivienda y servicios sociales como los inevitables conflictos culturales que surgen pesan especialmente sobre ciertos segmentos. Esto tiene una explicación muy simple: los países poseen una capacidad limitada de absorción. Pasado cierto punto, la migración produce más patologías que beneficios. Pues bien, todo indica que nuestro país ha llegado al tope de esa capacidad y, por tanto, de aquí en adelante solo cabe ser muy estrictos. Si la clase gobernante no da muestras de hacerse cargo de esta cuestión, le estará abriendo la puerta a un líder populista que emplee otras categorías.

Alguien podría objetar que la regularización busca solucionar precisamente ese problema: se trata de darles condiciones adecuadas a quienes ya están, para que puedan integrarse de buen modo. No obstante, el argumento falla porque ignora que la migración es un fenómeno dinámico. Si Chile regulariza a 180.000 migrantes irregulares, entrega una señal clarísima: no importa que usted ingrese al país por vías no habilitadas porque —más temprano que tarde— usted será regularizado. El incentivo es evidente: Chile no controla sus fronteras, Chile no expulsa; Chile empadrona, y luego Chile regulariza. Si eso no es política de puertas abiertas, no sé qué podría serlo. El “efecto llamada” no es un mito, y no hay estudio del Banco Mundial que pueda refutarlo: es simple sentido común. Así, regularizar en las condiciones actuales implica afirmar a viva voz que las puertas siguen abiertas y que podemos seguir recibiendo migración de modo indefinido. Todo va a estar bien.

Si esto es plausible, y de todos modos se quiere insistir en la regularización, esta tiene requisitos ineludibles: una política de expulsiones y un control efectivo de las fronteras. Y aunque es cierto que, en este último plano, los números han mostrado una leve mejora, la verdad es que estamos muy lejos de tener resuelto ese flanco. A Chile siguen ingresando día a día muchos migrantes por pasos no habilitados, y las expulsiones son mínimas. Se suma a este cuadro la decisión boliviana de no recibir a migrantes de otras nacionalidades que hayan ingresado desde ese país, que la Cancillería no ha logrado revertir. Si es una medida aislada, la regularización solo agravará aquello que busca resolver. Con el razonamiento del Gobierno, en tres o cinco años más nos veremos obligados a volver a regularizar a varias decenas de miles de migrantes porque no quedará otra, porque hemos inventado un compromiso con ellos, o porque los empresarios lo piden a gritos.

La respuesta automática de los defensores de la regularización será que no tenemos mucho que hacer, que se trata de un fenómeno que no podemos controlar. Dicho de otro modo, es una fatalidad análoga al clima: hay que convivir con ella. La respuesta tiene su lógica, pero omite a conveniencia que escogemos políticos en lugar de técnicos justamente porque esperamos de ellos cierta agencia. Es verdad que la migración es un fenómeno que nos excede, pero es falso que carezcamos de toda libertad respecto de ella. Si los políticos nos quieren convencer de que no tienen ninguna capacidad de acción frente a un asunto prioritario para los chilenos, estarán firmando su propia condena. Después de todo, las peores tragedias se incuban cuando los políticos dejan de creer en la política.