En la recta final de la tramitación de la Ley de Presupuestos ha sido noticia el generoso reconocimiento de la oposición a la prudencia fiscal del Ministerio de Hacienda al anunciar un recorte de gastos del orden de los US$ 600 millones para el próximo año.

El noble gesto opositor servirá por lo pronto de “recordatorio” para que esos recortes efectivamente se efectúen, pues ellos no se traducirán en indicaciones durante la tramitación del Presupuesto en el Congreso. Lo que hay es un compromiso de que 10 días después de entrada en vigencia la ley de presupuesto, se rebajará el gasto mediante decreto.

Pero asumiendo que esos recortes se materializarán y más allá de una actitud constructiva de la oposición, ¿cuán fuera de lo común o digno de felicitación es el anunciado recorte? ¿Es algo “extraordinario” como se ha dicho por algunos con mucho entusiasmo, o más bien está el Ministerio simplemente cumpliendo con su deber? Es más, cabe en realidad preguntarse en qué medida está cumpliendo o incumpliendo sus propios compromisos.

Pongamos las cosas en perspectiva. Las advertencias de múltiples analistas y del Consejo Fiscal Autónomo de que este año no se cumpliría la meta de déficit fiscal comprometida por el Gobierno, explican que este año ya se han anunciado dos recortes fiscales, por un total de US$ 772 millones. Más aún, el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho ver que se deberían recortar otros US$ 400 millones aproximadamente para cumplir la meta de balance estructural, meta que incluye en sí un supuesto en duda respecto de los ingresos proyectados por el Gobierno.

En resumen, a siete semanas del término del año fiscal, se ve difícil que se cumpla la meta fiscal a la que la propia autoridad se comprometió a respetar este año.

Por lo demás, el anuncio de un recorte de US$ 600 millones para el próximo año se da luego de que resultaran insostenibles las proyecciones de crecimiento de nuestra economía que las autoridades fiscales ofrecieron durante el año. Aquello de que más vale tarde que nunca aplica a este caso y se agradece especialmente cuando se pasa a aceptar la realidad de las cosas, pero en rigor subsiste la pregunta respecto del monto del recorte, porque todo indica que se requiere efectuar recortes mayores. Espacio hay.

Me refiero a los recursos contenidos en la partida llamada “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, que también ha sido mencionada en los anuncios de esta semana, por el reconocimiento desde la oposición de un acuerdo marco suscrito por el Gobierno que establece entre otros el compromiso de entregar mayor detalle sobre dicha partida, algo que venía siendo demandado desde hace varios años.

¿De qué se trata esta provisión? En teoría contempla los recursos necesarios para el financiamiento de aquellos proyectos de ley que se encuentran todavía en tramitación en el Congreso e implicarían gasto fiscal en caso de ser aprobados. Pero la realidad, y así se observa mirando los datos de ejecución presupuestaria de los últimos 20 años, es que la mayoría de los recursos de esa provisión terminan siendo destinados a otros usos durante el año.

Es decir, no se aprueban los proyectos en cuestión, los recursos “provisionados” no se usan en el propósito “probable” que justificó la provisión, sino que se transforma en una caja con “recursos de libre disposición”. De hecho, en los últimos 20 años en promedio se ha ejecutado solo el 17% de lo asignado inicialmente a esta partida y sobre el 80% de esos recursos quedan disponibles para otros fines.

Todo ello es relevante para evaluar tanto el monto, como las felicitaciones por el anunciado corte de US$ 600 millones: para el próximo año, esta partida de “provisión” contempla del orden de los US$ 2.350 millones, lo que a la luz de la tasa histórica de ejecución de solo el 17% de esta partida, significará para el Gobierno contar con unos US$ 1.900 millones de libre disposición para el 2025, una holgura seguramente muy tranquilizadora para un gobierno en año electoral.

De manera que lo que puede ser descrito –e incluso felicitado– como un paso en la dirección correcta, lo más probable es que no será suficiente para el cumplimiento por parte del Ejecutivo de la regla fiscal previamente comprometida. Algunos dirán que con su deber cumple la autoridad fiscal al anunciar recortes de gasto y de ahí las felicitaciones, pero a pesar de ello, todo indica que así y todo, con la meta fiscal autoimpuesta incumple.