Los romanos descubrieron ya en tiempos de Diocleciano que fijar precios para controlar la inflación era un remedio que empeoraba la enfermedad. Pero se olvidaron rápido y volvieron a repetir el mismo error varias veces. Dos mil años después, no solo se siguen intentando y fracasando las fijaciones de precios, sino que mantenemos la costumbre de agravar los problemas con soluciones que no lo son.

Luego del 18-O se impuso la convicción de que teníamos un problema constitucional y que había que elegir una Asamblea Constituyente para escribir un nuevo texto. A pesar de toda la esperanza y apoyo que concitó el primer proceso constitucional, el texto propuesto tuvo un amplio rechazo. La solución ofrecida al “problema” constitucional hubiese agudizado aún más el malestar.

Pero soluciones que agravan los problemas no solo se dieron en ese entonces. Por ejemplo, en materia de pensiones, buena parte de quienes hoy están a cargo de esta reforma en el Gobierno han sido históricos críticos de nuestro sistema de cuentas de ahorro individual, atribuyéndole ser el causante de las bajas tasas de reemplazo que paga el sistema. Frente a este diagnóstico, la solución que se ofrece es incorporar elementos de reparto, lo que debido al envejecimiento de la población sabemos que agudizará la caída de las pensiones de los futuros jubilados. Asimismo, el apoyo a los tres retiros de los fondos acumulados, en parte, también respaldados con el objetivo de debilitar nuestro sistema de pensiones, ya se ve reflejado en las menores pensiones que se están pagando.

En la misma línea, frente al diagnóstico de que se “agotó nuestro modelo de desarrollo” y, en consecuencia, debe ser reemplazado, hemos ido reduciendo cada vez más la libertad económica, cayendo a las posiciones más bajas que históricamente ha tenido Chile en todas las mediciones internacionales. En vez de hablar de reemplazo, debemos hacernos cargo de las causas que han llevado a que nuestra economía haya perdido dinamismo reduciendo su crecimiento potencial a los niveles más bajos de las últimas décadas.

La solución propuesta para los deudores del Crédito con Aval del Estado para el financiamiento de carreras de educación superior, en base a la condonación universal propuesta durante la campaña presidencial, solo agudizó más los problemas de no pago. Ahora se presenta al Congreso un proyecto de ley que no solo resulta dudoso en cuanto a que aumente la tasa de pago, sino que también reforma varios otros aspectos en materia de financiamiento de educación superior que atentan contra la autonomía financiera de los establecimientos de educación superior, cuyo financiamiento quedará en forma decisiva a merced de los políticos de turno. En vez de dar solución a un problema puntual, se propone una reforma de dudoso impacto en los estudiantes morosos, pero que, a su vez, profundizará aún más los problemas en nuestros establecimientos de educación superior.

Pensando ahora en salud, una y otra vez se ha planteado que uno de los principales causantes de los problemas de atención en los servicios entregados por el Estado es la coexistencia de un sistema estatal de salud con uno privado. En consecuencia, para solucionar los déficits en la salud estatal había que eliminar la posibilidad de optar por un sistema de aseguramiento privado. Consistente con su discurso, las autoridades han venido debilitando la institucionalidad del sistema privado de salud, incrementando la incertidumbre en relación con la sobrevivencia del mismo. Todo ello, mientras el sistema estatal ha visto un aumento marcado de las listas de espera y demoras en la atención. Nuevamente, por querer debilitar la salud privada como solución a los problemas, en la estatal se dejan de hacer las reformas necesarias que permitan fortalecer ambos sectores, agudizándose el problema.

Y así podemos encontrar más ejemplos de cómo las soluciones propuestas terminan por agravar el problema. No se puede soslayar el hecho de que una parte mayoritaria de la población indica que estamos peor que hace cinco años, consistente con lo observado en distintos indicadores económicos y sociales. Pareciera ser que salvo delinquir y cruzar sin permiso la frontera, todo es más difícil de hacer que antes en Chile. La pregunta que hay que hacerse es cómo estaremos a 10 años del estallido. Las proyecciones actuales no permiten presagiar que estaremos mejor. Solo en la medida en que se vuelvan a defender con coraje y convicción los principios que inspiraron las políticas públicas que le entregaron al país las tres décadas de mayor progreso económico y social podremos volver a soñar con un país de más y mejores oportunidades.