No se sabe, por supuesto, pero ya se sabrá, si acaso el exsubsecretario Monsalve cometió o no un delito.

Lo que sin embargo ya se sabe es que no estuvo a la altura de sus deberes y que, enterado, el Gobierno obró mal.

Basta recordar que el día 22 de septiembre concluía un fin de semana largo. En esos días la opinión pública y la ciudadanía estaban alerta por los previsibles desórdenes o los problemas de seguridad que podrían ocurrir, como en efecto ocurrieron. Pero hoy se sabe que ese día el subsecretario, en cuyas manos se había puesto la seguridad pública, estaba en un restaurante peruano del centro de Santiago tomando abundante pisco sour con una funcionaria a la que había invitado o citado (no debe olvidarse que en las relaciones de poder no es fácil distinguir cuando el jefe cita o invita), la que, al despertar a su lado, desnuda, advierte, según su relato, haber sido violada. Al día siguiente, 23 de septiembre, se esperaba que el subsecretario se reuniera con la prensa para informar a la ciudadanía. No lo hizo, es probable que como consecuencia de la resaca (o la culpa, o una mezcla de culpa y de resaca) que entonces debió padecer.

Esos parecen ser los hechos.

Suponga usted que para bien del subsecretario esos hechos no hayan constituido delito alguno (es difícil, puesto que al parecer no había voluntad de quien apareció más tarde desnuda a su lado); aun así, e incluso si la relación hubiera sido perfectamente consentida, lo que sin duda no parece, cabe preguntarse si es razonable, si denota diligencia o responsabilidad, dedicarse a ingerir abundante pisco sour con una funcionaria que posee con él una relación de dependencia, en días y horas donde la responsabilidad que se le había confiado debía ejercerse con esmero. La respuesta es que no, que no es razonable, no está a la altura de lo que se espera de una autoridad que desde luego puede ingerir lo que le plazca; pero no a costa de sus deberes o traicionando las expectativas de los ciudadanos en los días donde se esperaba que estuviera alerta a lo que ocurría y no aletargado o adormilado (voluntariamente en su caso) por el pisco sour.

¿Cuándo se enteró el Gobierno? Se ha declarado que el martes. De manera que desde ese día y hasta que el diario La Segunda lo divulgó (de nuevo los periodistas evitan el engaño y sacan el disfraz), el subsecretario actuaba como tal y el Presidente, en vez de indignarse con él y despedirlo, se indignaba con los senadores que destituyeron a un juez. Y mientras tanto a los parlamentarios, ante los que el subsecretario exponía, se les mantenía en la ignorancia y desde luego también a la ciudadanía. Se ha dicho que esa espera tuvo por objeto permitir que el subsecretario informara a su familia (y es de esperar se excusara con ella); pero esa explicación es pueril, puesto que el subsecretario renunció y el Gobierno informó solo cuando la prensa divulgó la información. Así no es verosímil que la espera tuviera ese objeto, puesto que acabó no cuando el subsecretario supuestamente cumplió con explicar a su familia, sino cuando no había manera de omitir la información. Descontado, claro, que en ese supuesto lapso de espera el subsecretario además de aprovechar de verificar los videos del hotel, actuaba ante el Congreso como si nada hubiera ocurrido, con la anuencia tácita, se sabe ahora, del Presidente y la ministra.

Es difícil explicar todo esto de alguna forma racional.

De lo que no cabe duda es de que esto (no vale la pena ocultarlo) daña objetivamente la imagen del Presidente y el prestigio del Gobierno (algo que él acrecentó con esa extraña conferencia de prensa), y especialmente de Carolina Tohá, puesto que ella es una mujer que recibe la noticia de una probable agresión sexual a otra y, sin embargo, demora, o consiente se demore, esa información de una manera inexplicable. Y esa demora no puede explicarse esgrimiendo la presunción de inocencia, puesto que nada impedía informar con prontitud y decidir desvincular a Monsalve, o exigir se lo desvinculara, dejando a salvo esa presunción de manera explícita. En vez de eso, Monsalve es mantenido en el cargo y se le permite ejecutar funciones de Estado (que suponen vínculos privilegiados con la policía) a sabiendas de la grave denuncia y según parece luego de haberlo hecho renunciar.

El caso pone también en una situación difícil el feminismo de que el Gobierno hizo gala, porque si hay un caso en el que el tema del género tiene relevancia es en las relaciones de poder, esas relaciones asimétricas donde se explota la ambigüedad que no permite a la parte más débil, en este caso una mujer, distinguir entre una citación y una invitación. Se esperaría que un gobierno feminista no solo se esmerara en nombrar mujeres en los cargos, sino también tener especial sensibilidad con las relaciones de poder emanadas de la división sexual del trabajo (que este caso, fuere cual fuere su resultado jurídico-penal, pone de manifiesto), en vez de asistir a ellas como quien asiste a un tropiezo que se puede arreglar o morigerar si se cuenta con uno o dos días más, como pareció creerse era posible hasta que La Segunda decidió divulgar la noticia.

Hay que decirlo una vez más: los gobiernos y los políticos no se deben medir por los discursos que emiten, las proclamas que formulan, las ideas abstractas que repiten, sino por la manera en que reaccionan frente a los casos difíciles. Ahí se mide la manera en que sopesan su responsabilidad pública y la consistencia de su discurso. No hay que juzgar a los políticos por sus palabras o sus alardes frente a los periodistas: son sus actos en momentos difíciles los que enseñan cuáles son sus limitaciones.

Y ese es el problema que, para el Gobierno, representa este caso.