Carabineros es el principal instrumento del Estado para enfrentar el problema que más preocupa y atemoriza a la población. Uno de los peores errores que puede cometer un gobierno es debilitar a sus uniformados, desalentar la mística con que trabajan, hacerlos titubear en el uso legítimo de la fuerza con que están llamados a combatir la violencia y el delito.

El general Yáñez asumió en noviembre de 2020, luego de tres jefes institucionales que fueron llamados a retiro anticipadamente por haber perdido la confianza de la autoridad y en medio del desprestigio de la institución. Serán diez años de mandos interrumpidos, pues el Gobierno sostuvo su tesis de que un general no puede sentarse en el banquillo de los acusados con uniforme.

Cuando Yáñez asumió, ex altos mandos se encontraban manchados por escándalos de corrupción; Carabineros estaba mal preparado y peor equipado para enfrentar la violencia que aún azotaba al país, el prestigio institucional estaba por el suelo, las postulaciones a sus filas habían decrecido de modo notorio y existían antecedentes para afirmar que la moral entre oficiales y tropa había decaído ostensiblemente.

En estos cuatro años, la disposición del país hacia la violencia ha cambiado. Aún así, no son pocos los logros que cabe atribuir al alto mando de Carabineros dirigido por Yáñez. Al cabo de su período, un intenso y cercano trabajo mancomunado con las autoridades postreras del gobierno de Piñera y con el actual, tiene hoy a Carabineros mucho mejor entrenado y pertrechado para enfrentar alteraciones del orden público. El mando del renunciado general director se ha entendido con las autoridades de Interior y, sin roces ni indignidad, ha sido dúctil para aceptar cambios en su estrategia en esa materia, hasta apagar las voces que llamaban a su refundación. Aún Carabineros está al debe y tiene mucho que mejorar en la manera que recibe avisos de delitos, registra las denuncias, patrulla las calles y hace labores de inteligencia para combatir el crimen organizado. Todo indica que hoy existen bases para que las autoridades políticas y Carabineros logren replantear esas tareas. La estima ciudadana por esa policía ha vuelto a subir, hasta ubicarla nuevamente entre las instituciones más prestigiadas del país.

La doctrina de que el jefe policial no puede sentarse de uniforme a ser formalizado parece no encontrar justificación. ¿Por qué no hubiera podido afrontar la formalización al mando? ¿Acaso porque se le va a formalizar? ¿Porque una fiscal del Ministerio Público —no un juez— estima que hay mérito para investigar su responsabilidad, no aún para sancionarlo? Pero si sabemos desde principios de año que iba a ser formalizado. Si un general que va a ser formalizado no puede ejercer el mando, entonces el Gobierno debió llamarlo a retiro a comienzos de año. Desde entonces, el general ha debido distraer tiempo en su defensa, la que ha sido extraordinariamente activa. No necesariamente la formalización lo habría distraído más de sus funciones. Depende de su tenor, y ese no lo conocemos.

¿Es el acto de la formalización lo que determina la inhabilidad de un general director para ejercer el mando? Eso dependerá de los cargos que se le atribuyan y los antecedentes que se exhiban. Por cierto, si la formalización muestra que el general tuvo conocimiento de los delitos que cometieron algunos carabineros bajo su mando y no ejerció sus atribuciones para impedirlo o sancionarlo, no debía retirarse del tribunal ostentando el título de general director con que debió haber entrado a ella.

En cambio, si la formalización se limitara a demostrar que varios carabineros violaron los derechos humanos y que, en parte, ello se debió a que la institución no estaba preparada ni equipada para enfrentar la sorprendente violencia que se desató en octubre del 19, entonces muchos otros debiéramos estar compartiendo el banquillo de los acusados; entre ellos, quienes hemos ejercido autoridad en materia de orden público y buena parte de los oficiales y exoficiales de Carabineros. Si la acusación fuera de esta segunda clase, el general director debió salir con sus charreteras puestas y la frente en alto de la sala de audiencias, pues bajo su mando se ha aminorado el riesgo de repetición de tales hechos.

El general Yáñez colaboró significativamente a disminuir los riesgos de que vuelvan a ocurrir las conductas que desprestigiaron a Carabineros, por los cuales debieron dimitir sus antecesores. No merecía salir de igual forma que aquellos, no antes que se conocieran los cargos.