El llamado caso Audio —la investigación desatada por la grabación de la reunión en la que Luis Hermosilla es protagonista— plantea varios problemas de interés, pero hay uno que es especialmente relevante y que debiera preocupar a todos.

¿Cuál sería ese problema que a todos debiera importar?

Se trata de la privacidad.

Lo que ocurre es que en el caso Audio se ha hurgado en todas las comunicaciones de Luis Hermosilla con terceros no directamente implicados buscando delitos (un procedimiento demasiado cercano a la inquisitio generalis, también llamada fishing expedition, investigación o causa general) y, ahora, su propia defensa anuncia que hará públicas las comunicaciones que Luis Hermosilla mantuvo con terceros.

Aparentemente esto se encuentra justificado. Después de todo —se dirá—, se trata de perseguir delitos, de hacer justicia y de evitar que los poderosos sigan tejiendo trampas a espaldas de la ciudadanía. Y como Luis Hermosilla —podría agregarse— está imputado de delitos e incluso dijo saber que estaba cometiendo uno, ¿qué puede tener de malo que el Ministerio Público revise los detalles de su teléfono y todas las comunicaciones que mantuvo con terceros buscando ilicitudes? Incluso su defensa —podría decirse— tiene buenas razones para divulgar todo el contenido de ese teléfono, para así evitar que se escoja lo que perjudique a Luis Hermosilla y se mantengan en la sombra antecedentes que podrían favorecerlo o mostrar cuán extendida está la conducta que se le reprocha.

Parece sensato, pero no lo es tanto.

Por supuesto, si cada uno supiera que su teléfono o sus comunicaciones podrán ser algún día escudriñadas y fisgoneadas (no porque usted hiciera algo reprochable, sino porque la persona con quien habla podría haber cometido o estar a punto de cometer un delito) es probable que todos se comportaran más correctamente, se expresaran con cuidado y la desconfianza se expandiera hasta el extremo de la mudez. Así habría menos trampas, es cierto, y no habría nada, o muy poco, malsonante. Todo parecería ordenado y mejor.

Pero dejaría de haber individuos y la libertad no existiría.

Suele olvidarse que la libertad descansa en la existencia de un reducto donde el yo es soberano y donde, en principio, cada uno decide qué puede saberse y qué no, un ámbito donde el verdadero rostro se muestra y que es distinto al que se exhibe ante el mundo. Por eso algún autor ha dicho que existe un derecho a elegir el rostro que se mostrará al mundo. ¿Hipocresía? ¿Doblez? ¿Disfraz? ¿Fingimiento? No exactamente, sino individualidad. Sin un cierto derecho al secreto, sin un ámbito rigurosamente protegido de la vista y el oído de los demás, lo que desaparecería es la noción de individuo y, con ella, la de libertad. Esta última supone la existencia de un sujeto, alguien que es distinto a todos los demás y que gradúa sus afectos, la confianza y la información acerca de lo que le acontece, sin injerencia de terceros. Lo que se llama un yo exige, en suma, la existencia de un derecho al secreto, a una esfera protegida de terceros.

Por supuesto, si hay daño a terceros el derecho a la privacidad no puede esgrimirse sin más. Eso es cierto. Pero de ahí no se sigue que quien cometió un delito pierda el derecho a la privacidad y que todas las comunicaciones que mantuvo puedan ser hurgadas en todos sus intersticios en busca de algo reprochable, revelándose información sostenida con terceros y poniendo a la vista del Estado incluso los aspectos íntimos de su vida y la de aquellos con quienes se relacionó.

Ese es uno de los problemas públicos que plantea este caso, el de esclarecer con cuidado qué merece saberse, porque está involucrado el interés público, y qué no, porque involucra cuestiones que deben estar protegidas por el derecho al secreto. Pero el problema parece ser que hasta ahora hay, alentado por un afán de justicia y de castigo, un entusiasmo desmedido por fisgonear en el teléfono de Hermosilla, arriesgando así olvidar que hay un derecho a la privacidad que, como queda dicho, es ni más ni menos que el soporte en el que descansa la libertad. Y es que una cosa es investigar las conductas aparentemente constitutivas de delito en que habría incurrido Hermosilla y otra cosa, distinta, es investigar la vida de Luis Hermosilla en la búsqueda de delitos.

Y por eso uno de los principales desafíos que, desde el punto de vista jurídico, habrán de enfrentar los intervinientes y los jueces en este asunto (también los periodistas) será el de discernir en cada caso la línea invisible, pero decisiva, que divide lo que merece ser sabido y divulgado (y admitido como prueba), y aquello que en cambio debe ser mantenido en la esfera protegida y lejos de los ojos y los oídos de los demás.