El caso Audio podría impactar la vida política como lo hicieron los casos Penta, SQM y colusiones. Explosiona a poco de que el país recuerde y, de algún modo, reviva las esperanzas y los miedos que provocó el estallido social, en el que probablemente incidieron esos escándalos.

Aún no se asienta una explicación de qué originó la violencia que se inició ese 18 de octubre. Sí sabemos, y no debiéramos olvidar, que una clara mayoría llegó a justificar el uso de esa destructiva violencia y vivió ese amenazante desorden con esperanza.

El orden social no puede mantenerse si la población no tiene una cierta estima por las reglas; si no cree que todos, ricos y pobres, poderosos y gente de a pie, se rigen por ellas y son iguales ante la ley, y si no confía que esas reglas les benefician.

Hoy es más improbable que en 2019 que la gente tenga adhesión a las reglas y estime que todos, incluidos los que tienen poder, se rigen por ellas. El caso Audio ha develado, de modo escandaloso, que detrás de los discursos grandilocuentes de principios, algunos, en la esfera del poder, juegan, en la oscuridad, con cartas marcadas. El caso del alcalde Jadue muestra que el asunto no tiene color político y el de las fundaciones, que no existía una nueva generación de limpios y puros. Estoy convencido de que son casos aislados, pero ¿lo creerá así la mayoría de la población? ¿No sería razonable pensar que la confianza en el orden y las reglas que lo sustentan está aún más alicaída que hace cinco años?

¿Y la esperanza de que el orden social y sus reglas traerá bienestar y progreso? Al cabo de cinco años, las autoridades políticas tienen poco y nada que exhibir. Los dos procesos constitucionales no llegaron a puerto, la demora en las listas de salud, algunas de ellas botadas en basurales, está igual o peor; la educación pública tiene más problemas; la delincuencia, la violencia, la inmigración ilegal y el temor se perciben como desatados; crece el empleo informal, al igual que los campamentos; la reforma de pensiones sigue entrampada y la economía no crece. La generación joven es la primera en muchos años que no espera un futuro mejor que el de sus padres.

El quinquenio no puede exhibir ninguna reforma legal de envergadura y de buena calidad; ninguna gestión estatal, salvo el manejo de la pandemia, parece digna de destacarse.

Quienes quieran sacar partido de ello amenazarán con otro estallido, como si estuviera en sus manos generar un fenómeno así. Es improbable, pues también parece haber un desencanto con la violencia, la que no trajo los cambios que prometía, paralizó el metro, saqueó supermercados que no volvieron a instalarse, facilitó el trabajo a las bandas narco y entrampó aún más la política en reyertas que no interesan.

No. No sabemos en qué se traducirá el desencanto con la política, el desapego con un Estado cuyo motor legislativo está paralizado, mientras el administrativo, atrapado entre la politización, la indolencia y la burocracia, anda trabado y agripado; no sabemos qué traerá la distancia con instituciones que se perciben como fachadas embusteras ni a qué conducirán la desconfianza y la desesperanza.

No sabemos en qué se traducirá ese viejo malestar, que el caso Audio puede aumentar, pero sí sabemos, y más vale estar conscientes, que nada bueno puede esperarse de este estado de cosas.

Solo podemos salir de este berenjenal si los actores políticos renuncian a sacar ventajas y tratan de aprender lecciones del caso Audio y, no obstante la campaña municipal, se abocan decidida y flexiblemente a destrabar la reforma de pensiones; si le entran a las dos o tres leyes indispensables en seguridad, para dedicarse luego de lleno a gestionarla; si logran encontrar consensos multipartidarios en profesionalización del Estado, salud, educación, crecimiento y cambios en las leyes electorales y políticas que eviten el actual desorden y paralización legislativa.

Todo ello, claro, requiere de liderazgo. ¿Será capaz el Presidente de captar el pulso y habitar a plenitud el cargo?