¿Ubica al grupo “Guerrilla Marika”? Según se informa en internet, practica la danza y comparsa “andino-marika”. Si tiene inquietud por saber en qué consiste esta disciplina, basta con teclear “Guerrilla Marika” en Google u otro buscador. Actuó en el encuentro “Detonadas: Mujeres y Disidencias en las Artes”, evento gratuito publicitado como “Espacio para Infancias”, que tuvo lugar el sábado 13 de abril en Valparaíso. Pero como no hay nada gratuito en la vida, el evento fue financiado por el “Fondo de Fomento de la Música Nacional”, programa público dependiente del Ministerio de las Culturas.

El programa tiene por objeto “resolver la baja profesionalización de los agentes culturales vinculados al campo de la música nacional, mediante la entrega de financiamiento”. “Guerrilla Marika” sería entonces un “agente cultural” que estaría en necesidad de que el Estado de Chile le resuelva un problema de baja profesionalización.

Para que no se diga que mostramos solo lo más sensacional de este programa, podemos agregar que también financió una beca para la obtención de Maestría en Saxofón Jazz en Ámsterdam, así como Talleres de Iniciación en Zampoña Trenzada. Se puede apreciar que su ámbito es amplio. Durante 2023 desembolsó $5.700 millones, con un gasto de administración de $450 millones.

El programa es uno de casi 700 que tiene el sector público, muchos de antigua data, diseminados por todos los ministerios y que en 2023 gastaron US$ 42.600 millones, un 46% del gasto público total (gobierno central más municipios).

¿Son todos estos gastos necesarios? ¿Existe espacio para hacer ahorros?

Veamos. Los US$ 42.600 millones incluyen algunos programas de enorme magnitud como la PGU, imposibles de ajustar a la baja, pero también otros donde se ha rebasado toda racionalidad –US$ 1.700 millones en subsidio al transporte público–, así como una miscelánea de más de 680 iniciativas, con gastos por programa que van desde unos pocos millones de pesos a 1.000 millones de dólares y que suman un total de US$ 18.800 millones.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) analizó todos los programas públicos ejecutados en 2023. Los resultados se presentan en el “Informe de Resultados Monitoreo 2023” y revelan –para quien se dé la molestia de mirar la base de datos de que se acompaña– un desorden que alcanza dimensiones macroeconómicas. Específicamente: (1) programas que sumaban US$ 23.000 millones carecían de criterios claros de priorización o no atendían al subconjunto de la población objetivo que se suponía debían atender; (2) casi US$ 14.000 millones se gastaban en programas que reportaban erróneamente sus gastos administrativos o no se tenía cómo estimarlos; y (3) casi US$ 10.000 millones correspondían a programas que no contaban con indicadores para medir el logro de sus objetivos.

Como puede apreciarse, las señales de despilfarro son evidentes.

Pero hay más. Desde 2011, la Dipres y el Ministerio de Desarrollo Social evalúan en profundidad un subconjunto de los programas. Han analizado 275: los “buenos” son menos del 5%. Aparentemente, como había tan pocos programas “buenos”, a partir de 2018 se creó la categoría “malos”. Entre ese año y la fecha, 28% clasifica como “malo”.

Lamentablemente, los programas “malos” rara vez se cierran. Por ejemplo, el programa de “Inserción de Investigadores”, alojado en el Ministerio de Ciencias, otorga subvenciones a Universidades y empresas para que contraten a profesionales con grado de Doctorado. El programa en sí mismo mueve a inquietud: merced a la gratuidad universitaria, el Gobierno financia los estudios de pregrado; el programa Becas Chile financia luego los posgrados y, finalmente, el programa de “Inserción” subsidia la contratación de los posgraduados. El programa gastó US$ 10 millones en 2021 e idéntica cifra en 2022. Fue calificado como malo. La evaluación concluyó que, si bien el objetivo declarado del programa era fortalecer las capacidades de Investigación y Desarrollo del país (I+D), en la práctica, este buscaba hacerse cargo de la inserción laboral de los posgraduados. En buen chileno, se presentaba como “I+D” lo que en realidad era una especie de agencia de empleo subsidiada por el Estado.

¿Se cerró el programa después de esta evaluación? Solo en apariencia. Partiendo en 2023, el programa se dividió en dos: “Inserción de Investigadores en la Academia”, e “Inserción de Investigadores en la Industria”. Básicamente lo mismo, pero ahora con dos nombres: una suerte de bipartición celular con el fin de reproducirse (no por nada el programa lo impulsa el Ministerio de Ciencias). Y bueno, también se le agregó “enfoque de territorio y género”. Ahí quizá terminó de blindarse.

La directora de la Dipres, en el Informe de Finanzas Públicas dado a conocer esta semana –presentado por ella y el ministro Marcel en la comisión de Hacienda del Senado– ha querido mostrar eficiencia, pero es muy difícil torcerle la cara a la realidad. Señala que en 2023 se descontinuaron 26 programas, pero omite decir que se agregaron otros 38; indica que se fusionaron 13, pero no aclara que las “fusiones” incluyen –sorprendentemente– casos en que “un programa se convierte en dos distintos”, como ocurrió con el programa de “Inserción” ya referido y que se cuenta como “fusionado”; agrega que hay menos programas bajo el umbral de $2.000 millones de gasto, lo que interpreta como “racionalización y menor fragmentación”, pero no indica que ello es simplemente consecuencia de 15 programas que aumentaron el gasto en una magnitud tal que les permitió superar dicho umbral. Finalmente, y sobre todo, omite lo crucial: durante 2023, el gasto real en los programas subió 4,4%, mientras el PIB –que mide el ingreso de trabajo y capital de todo Chile– crecía solo un magro 0,2%.

Todos los números y referencias de esta columna provienen de bases de datos oficiales y de sitios de público acceso. Enterarse de dónde van a parar las platas pasa por cruzar bases de datos, leer lo que informan los programas, seguirle la pista a lo que ocurre después de las evaluaciones y rastrear a los beneficiarios. Es cosa de hacer la pega. Porque lo que no falta es plata.