Me imagino que todos estamos de acuerdo en cuanto a que en materia de empleo seguimos cojeando. También espero que estemos de acuerdo en que es precisamente la generación de más y mejores posibilidades de trabajo lo que nos permitirá reducir la pobreza, robustecer la clase media y fortalecer la movilidad ascendente en el país.

Chile se encuentra entre los países de la OCDE en los cuales no se ha recuperado la tasa de empleo en relación con la situación prepandemia. Es decir, aún estamos con una tasa de empleo por debajo de la registrada el año 2019. Mientras el promedio de la OCDE está casi un punto y medio por sobre lo registrado hace cinco años, nosotros estamos casi un punto por debajo. Si queremos alcanzar ese promedio, debemos crear al menos 350.000 trabajos adicionales.

Pero no solo la brecha en relación con los tiempos prepandemia debe preocuparnos, sino que también el nivel. Estamos muy por debajo del promedio de los países desarrollados a los que aspiramos imitar. Por ejemplo, si queremos llegar a los niveles de Portugal, se requiere crear 1.500.000 empleos adicionales, mientras que si queremos alcanzar a Nueva Zelandia, se requieren 2.700.000 más.

Por ello, resulta rescatable que al menos ahora nuestras autoridades políticas hayan tomado como bandera propia el crecimiento de nuestra economía para tener un mayor dinamismo laboral. Como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Si bien ello se ha traducido en la presentación de algunos proyectos de ley al Congreso para desburocratizar y agilizar la tramitación de permisos sectoriales y con ello apresurar la ejecución de proyectos, sabemos que más que cambios legales lo que se requiere es mejorar la gestión estatal. Pero este tipo de acciones son bastante menos vistosas y atractivas políticamente hablando, pero probablemente mucho más necesarias. Al menos en el discurso, se están dando señales en la dirección correcta.

La reactivación económica es necesaria para la reactivación del empleo, pero no suficiente. La regulación laboral juega un factor clave en la decisión del tipo de tecnología que se adopte en los distintos sectores de la economía, así como también de la flexibilidad que otorgue para poder adaptarse a las nuevas formas de trabajo. No se puede obviar el hecho de que los países con mayores tasas de empleo tienden a tener una regulación laboral que permite una mayor adecuación entre las necesidades de las empresas y los trabajadores. En relación con los países de la OCDE se observa que en promedio existe una relación virtuosa entre menores restricciones y costos regulatorios a la contratación y tasa de empleo. De acuerdo al Índice de Regulación Laboral que forma parte del Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser de Canadá, Chile mostró una menor intervención estatal en su regulación laboral hasta el año 2005, pero desde entonces ha venido aumentando. En estas casi dos décadas, la regulación ha ido restringiendo, rigidizando y encareciendo las relaciones laborales.

Ahora se suman dos propuestas que este Gobierno ha anunciado que impulsará: negociación colectiva multinivel y equidad salarial entre hombres y mujeres.

La negociación colectiva por rama, sectores de la economía, o como ahora se dice “multinivel”, necesariamente se traducirá en una mayor rigidez a la contratación. Empresas de diferentes tamaños y naturaleza estarán obligadas a otorgar un mismo piso mínimo de beneficios y condiciones a sus trabajadores, sin considerar la heterogeneidad que existe entre empleadores y que terminará por afectar las decisiones de contratación de muchos de ellos. Recordemos que el reciente aumento del salario mínimo incorporó un subsidio a las empresas de menor tamaño para que no se afecte a esos puestos de trabajo.

En relación con los anuncios del proyecto de ley de equidad salarial, que busca consagrar iguales remuneraciones entre hombres y mujeres, se fijarán mayores regulaciones y se otorgarán más atribuciones al Estado en la determinación de los salarios que ofrecerán los distintos empleadores. Lo que puede parecer un objetivo loable, terminará por entregarle mayor poder al Estado para intervenir en las relaciones laborales al interior de las empresas.

Durante los últimos 20 años hemos venido rigidizando cada vez más nuestra regulación laboral y para adelante las propuestas planteadas solo agudizarán el problema. La automatización, las nuevas formas de trabajar y la inteligencia artificial necesariamente requieren de una mirada a la regulación laboral moderna y compatible con las necesidades tanto de trabajadores como de empleadores. Así como vamos, tendremos un mercado laboral cada vez más complejo y un Estado cada vez más incidente en la fijación de las condiciones de trabajo. Ello nos mantendrá con tasas de empleo bajas, con una economía que, incluso si vuelve a recuperar algo del dinamismo del pasado, no generará las oportunidades laborales de antaño. Una economía coja en materia laboral y que probablemente seguirá cojeando.