Tal como se presentaba el panorama delictual en Chile, nadie debiera sorprenderse demasiado de que hayan podido ocurrir 17 homicidios en menos de 100 horas en Santiago. Las cifras nacionales del primer trimestre mostraban ya un crecimiento de más de un 20% en relación con los homicidios ocurridos en igual período del año pasado y duplicaban las de hace cinco años. Es bueno que no nos acostumbremos, que nos asombremos y hasta indignemos; pero en rigor, los sucesos no debieron habernos sorprendido demasiado.

Lo que resulta tristemente monótono es la reacción de los líderes políticos. Unos tratan de huir de la sangrienta escena hablando de cifras y comparándolas con otros países que las tienen peores. A poco andar se les advierte que eso solo muestra indolencia y retroceden. Se repiten las declaraciones enfáticas de que no se tolerará ese tipo de hechos, de que no se escatimarán esfuerzos en perseguir y castigar severamente a los culpables, porque esto no es tolerable en Chile.

El anuncio de medidas y de comisiones del más alto nivel es otro de los reiterados clásicos de estos momentos. Algunas deben aplaudirse, pero la ciudadanía, que no tiene un pelo de lesa, sabe que son anuncios reactivos, y por ende improvisados y ya sabe, también, que pocas tendrán seguimiento y que muchas no pasarán de ser anuncios para salir del apuro.

Cada uno de los encargados de la persecución penal recuerda el carácter limitado de sus atribuciones.

La oposición, en vez de mostrar sus ideas de cómo hacerlo y concurrir a La Moneda a buscar acuerdos, pide renuncias inútiles. Otros, que tampoco parecen entender que la rueda de la fortuna política gira, anuncian acusaciones constitucionales que nada solucionan. Cada alcalde pide más carabineros y se queja de que no los consideran, al igual que los gobernadores. Parlamentarios de las más diversas corrientes piden estado de sitio, sin explicar cómo las atribuciones que allí se contemplan permitirían abatir la delincuencia.

No ocurre recién ni con este Gobierno. Con leves cambios, la película la hemos visto varias veces. Cambian los actores, pero no los papeles. Los que eran oposición pasan a ser gobierno. La vieja performance termina por cansar a la audiencia, que ya no confía en lo que se le promete y dice.

Resulta comprensible que, en materia de modelo económico, tamaño del Estado o libertades públicas haya intensos debates que dividen a partidos, gobiernos y oposición, cada uno sosteniendo propuestas y modelos distintos. En materia de seguridad, en cambio, los altisonantes discursos no enfrentan proyectos alternativos. Lo que se oye se asemeja más a un griterío, destinado a sacar ventajas políticas que, finalmente, no logra ningún bando, pues todos terminan hundidos en el mismo pantano de palabras vacías, promesas que no se cumplirán y acusaciones cínicas.

¿Cabe hacer algo distinto? Algunas cosas parecen claras: la primera, no prometer lo que no se puede cumplir. Ninguna medida policial, carcelaria, de medidas alternativas a ella, de reinserción, de migración, de aduanas, de patrullaje o de respuesta policial o de persecución penal, improvisada y aislada, conducirá a un descenso abrupto a corto plazo del delito violento. Un conjunto de ellas, siempre que formen una política coherente y bien pensada, con metas, indicadores y responsables claros, que se vaya corrigiendo con la experiencia, pero no cambiando en cada gobierno, sí puede hacer una diferencia en el corto y mediano plazo.

También resulta indispensable enfrentar hoy medidas de largo plazo para disminuir los factores que inciden en el inicio de las carreras delictuales en niños y adolescentes. Ellos están relativamente claros: ausencia de cuidado parental, abandono escolar, consumo de alcohol y drogas, problemas de salud mental y embarazo adolescente. El déficit del Estado de Chile llama a escándalo en la atención de varios de esos fenómenos que afectan a la infancia más dañada y desvalida. Mientras sigamos mirando al techo en esto, estaremos heredando delincuencia y sufrimiento a las próximas generaciones.

Ojalá alguna vez tengamos anuncios de políticas y no de medidas, y ello no suceda como reacción a una ola de temor e indignación ciudadana. Si ello no ocurre, que nadie se sorprenda de nuevas noches de terror y de tener que ver, una vez más, la misma y cansadora película.