Los obispos chilenos han presentado a la Contraloría un documento donde plantean las razones que mostrarían que el reglamento del Gobierno que regula la objeción de conciencia en materia de aborto es inconstitucional y también ilegal. En efecto, pone una serie de restricciones que contrarían la letra y espíritu de la ley que despenalizó el aborto en tres causales.

Por su parte, el diputado Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, ha manifestado su molestia: “No es posible que la Iglesia Católica interfiera en los asuntos de la República”.

¿Qué pueden significar sus palabras? Que yo sepa, cuando la Constitución reconoce a todas las personas el derecho a presentar peticiones a la autoridad no ha excluido a los obispos católicos. ¿Por qué, entonces, vamos a negarles a ellos un derecho que tienen todos los chilenos?

El diputado Mirosevic y otras autoridades han expresado reparos al respeto íntegro de la objeción de conciencia sobre la base de que Chile “es un Estado laico”. Esto resulta muy singular porque no alcanzo a percibir qué relación tiene el carácter secular del Estado con la falta de respeto de un derecho tan básico como es el de invocar la objeción de conciencia.

Quizá él piensa que solo los creyentes, en virtud de una especie de iluminación divina, podemos darnos cuenta de que no resulta sensato obligar a las personas a hacer algo que consideran inmoral. Si esta visión es acertada, la inteligencia de los agnósticos y los ateos estaría tan severamente limitada que no podrían conocer estas realidades elementales. Protesto por esa ofensa a nuestros conciudadanos no creyentes.

Podemos discutir si corresponde que el Estado haga buenas a las personas o en qué medida un Estado democrático está habilitado para hacerlo. Hay una amplia literatura al respecto. Pero cuando se niega el respeto a la objeción de conciencia se sostiene que el Estado tiene la potestad para corromper a los ciudadanos. ¿Qué otra cosa significa el obligarlos a llevar a cabo aquello que están convencidos de que es malo? Implica forzarlos a actuar de mala fe.

Esto se entenderá mejor si ponemos un ejemplo vinculado a otra materia.

Existe una tradición filosófica muy amplia que reconoce el derecho de los países a recurrir a la guerra, cumplidas ciertas condiciones. La mayoría de nosotros, por ejemplo, considera que Gran Bretaña tenía derecho a declarar la guerra a la Alemania de Hitler cuando su ejército invadió Polonia. Muchos pensamos que el pacifismo es un error filosófico y político, y consideramos que quienes sostienen esa postura están equivocados.

Sin embargo, somos conscientes de que hay personas que son pacifistas, como es el caso de los amish. Uno puede perfectamente sostener a la vez que, cumplidas ciertas condiciones, existe un derecho a la guerra (“ius ad bellum”, lo llamaban los medievales), pero que resulta inaceptable obligar a un amish a portar un fusil y disparar. En ese caso lo estaríamos obligando a realizar algo que considera intrínsecamente malo.

A lo mejor podemos forzarlo a cumplir el servicio militar como cocinero, porque esto le supone solo “sufrir” un mal, pero jamás cabría obligarlo a realizar aquello que considera injusto: en este caso, realizar actos bélicos.

Por todo esto, resulta muy sorprendente que estas ideas restrictivas o negadoras de la objeción de conciencia sean defendidas por personas que adscriben al Partido Liberal. ¿Qué clase de liberalismo es ese?

¿Cómo llamaremos, entonces, a un liberalismo que muestra tal reticencia a la objeción de conciencia y, de paso, reniega de lo más granado de la tradición liberal, que no tiene ningún problema en estar aliado con el FA y el PC, al tiempo que se inquieta porque se admita esa objeción y se reconozca el lugar de la sociedad civil en estas discusiones? Quizá estemos aquí en presencia de un novedoso “liberalismo autoritario”.

El diputado Mirosevic ha señalado que mientras algunos piensan que este es un asunto “valórico” (sería mejor emplear “valorativo” o “moral”), él cree “que es un tema de libertades y de derechos”. Nuevamente nos encontramos ante un razonamiento sorprendente, porque parece suponer que realidades como las libertades y los derechos carecen de connotación moral.

¿Cómo puede ser eso? Basta con leer la primera línea de nuestra Constitución para darnos cuenta de que toda ella se apoya en un fundamento moral. Resulta claro que cuando dice que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” está haciendo una afirmación moral y no una mera descripción físico-química de la realidad.

¿Cómo explicar todos estos malentendidos? Probablemente se deben a que el diputado Mirosevic reduce toda la cuestión del aborto a un asunto de “derechos y libertades de la mujer”.

Sin embargo, aunque el diputado tuviera razón y el aborto fuera tan solo una cuestión de derechos de la mujer, de allí no se deriva que quienes piensan como él pueden olvidarse de respetar la objeción de conciencia. Es más: como hemos visto, deberían hacerlo si quieren seguir llamándose liberales.