Es extraño y debiera llamar la atención lo que ha ocurrido en el sistema de justicia. Luego de saberse que ha habido variada circulación de influencias en el nombramiento de algunos cargos e intentos de influir en otros —se trata de la Corte Suprema, nada menos—, han abundado las explicaciones genéricas y estructurales y brillado por su ausencia la calificación ética del fenómeno.

En toda conducta humana hay, por supuesto, influencia de la estructura al interior de la cual ella se ejecuta y participación de la agencia, es decir, de la decisión voluntaria de la persona que la lleva a cabo.

Pero como es obvio, si todo se reduce a la estructura, entonces se suprime la responsabilidad de quienes en ella se desempeñan.

Y ese es el peligro de lo que decidió la Corte Suprema esta semana en el tema de los nombramientos y la conducta de algunos jueces en esos procesos.

No cabe ninguna duda de que en ese tipo de acontecimientos (los relativos al intercambio de influencias en el sistema de justicia, de intermediarios que abogan por este o aquel) hay factores estructurales que es lo que, con un eufemismo excesivo, el ministro de Justicia llamó cultura transaccional (que, la verdad sea dicha, es lo mismo que decir casi nada, puesto que toda cultura supone intercambios como se lee en el famoso Ensayo sobre el don, de M. Mauss). Tampoco hay duda de que en un sistema en el que ser nombrado o no depende de la voluntad de terceros, parece obvio que habrá intentos de seducir de variadas formas la voluntad de estos últimos. Y, en fin, menos duda hay todavía de que como consecuencia de todo lo anterior, hay que revisar el sistema y si es necesario modificarlo.

Bien. Pero toda esa suma de generalidades elude la cuestión fundamental: y es que en este caso ha habido conductas ejecutadas a espaldas de la ciudadanía, actos ocultos ejecutados por motivos que el público desconoce, y que todo ello riñe con la virtud por excelencia, el bien por antonomasia, que el sistema judicial debe cultivar: la imparcialidad o, si se prefiere, la desafección frente a los intereses o puntos de vista involucrados en los litigios, y en cambio de estos últimos, el más estricto apego y obediencia a aquello que (al margen de la opinión que al juez merezca el partícipe del litigio) se logre con honestidad racional discernir en la ley.

Porque a fin de cuentas, lo que vienen a recordar estos acontecimientos es que las instituciones (y la de la justicia más que ninguna otra) dependen, a fin de cuentas, de la virtud de quienes las integran y ejercen sus roles. Y el obrar virtuoso demanda en este caso, más que en cualquier otro, poner en paréntesis los intereses propios, económicos o ideológicos, en favor de lo que se logre discernir en la ley.

El problema es que cuando se conocen los intercambios subterráneos en que un juez o un funcionario ha participado, la confianza abstracta en las instituciones se desvanece o amenaza con deteriorarse. No es que este o aquel juez haya fallado o esté dispuesto a fallar en favor de aquel gracias a cuya intervención real o presunta fue electo, o en favor de la ideología que declaró, el problema es que una vez que el intercambio subterráneo y clandestino salió a plena luz, las razones objetivas para descreer que algo así pudo o puede ocurrir se disipan.

Llamar la atención acerca de eso es lo que en este caso se echa de menos, en especial de parte de la propia Corte Suprema.

La Corte ha preferido, sin embargo, subrayar la necesidad de modificar el sistema de nombramientos, invitando al Ejecutivo y al Legislativo a lo que llamó “mesa de trabajo” (una expresión desafortunada que suelen emplear los estudiantes o los gremios como salida a un conflicto), algo que, todo hay que decirlo, el derecho vigente no admite, puesto que la facultad de la Corte para dar su opinión en cuestiones legislativas está estrictamente reglada. La Corte carece de iniciativa de ley y esta mesa de trabajo a la que convoca parece una forma oblicua de tener una, algo que bajo las reglas hoy vigentes no tiene.

Es verdad que el sistema de nombramientos merece cambios y que es necesario disminuir su opacidad, justamente la que permite que ocurran tráficos subterráneos como los que se han conocido; pero lo que no hay que olvidar, y menos que nadie los jueces (que en el caso de Chile siguen siendo la rama más virtuosa del Estado, a pesar de la frivolidad que de pronto arriesga infectar a alguno), es que las instituciones descansan, a fin de cuentas, en la virtud de quienes en ellas se desempeñan.

Parece una conducta meramente aleccionadora recordar la necesidad de mantener un comportamiento a la altura de las expectativas del rol que se desempeña; pero si esa verdad sencilla se olvida, entonces no hay mesa de trabajo o iniciativa que pueda impedir o aminorar el tipo de conductas que han salido a la luz y a las que ninguno de los variados eufemismos con que se las ha envuelto priva de la gravedad que revisten y del hecho de que merecerían un reproche formal.