Ninguno de Uds. llegó al cargo por obra y gracia del espíritu santo, les habría enrostrado a sus pares una ministra de la Suprema cuando estos insinuaban críticas por la filtración de audios en que un operador político se comunicaba con ella y recomendaba su nombramiento. Les recordó también que todos habían necesitado del respaldo de senadores, apoyo que alguien tenía que haber gestionado.

Ningún sistema hará que los jueces sean designados por obra y gracia del espíritu santo. No hay criterios objetivos y uniformes para determinar quién es el mejor de los postulantes. Pero hay sistemas mejores y peores y el nuestro está funcionando mal, muy mal.

La participación del Senado en el nombramiento de los supremos data solo de 1997. Surgió cuando el gobierno pujaba por renovar a la Corte Suprema, obligando a retirarse a los mayores de 75 años. La oposición accedió, pero como el Presidente iba a quedar en condiciones de nombrar a un número inusualmente alto de integrantes, puso como condición la aprobación del Senado. El acuerdo incluyó un cuoteo binominal de candidatos, más y menos conservadores. Lo que funcionó bien para esa excepcional primera elección plural, se ha mostrado ruinoso para las posteriores uninominales.

Desde que el Senado interviene, ha rechazado tres nominaciones presidenciales. Todas por razones ideológicas. Dos fueron repuestas y los designados mostraron excelente desempeño. Otras dos propuestas han sido retiradas. Una porque trascendieron audios en que otro conocido operador político intercedía ante los senadores por la excelente candidata. Otra, porque el Senado iba rechazarla, pero no en razón a los méritos de la candidata, sino porque no había acuerdo acerca de otro cargo, no judicial, que también estaba pendiente. Desde que el Senado interviene, las nominaciones demoran mucho, dificultando el normal funcionamiento de la Corte. Actualmente hay tres vacantes sin proveer. Uno de los cargos ha demorado 573 días en resolverse, tres tomaron más de 200 días, dos más de 150 y otros cuatro, entre 54 y 99 días. Ninguna se ha dilatado por la audiencia en el Senado; ritual vacío y protocolar, que nunca ha tomado más de un par de horas.

En la Cámara Alta, la negociación de un nombramiento carece de todo método y transparencia. Se verifica antes que examinen al candidato. Los senadores canjean su voto por nombramientos en otro organismo o por otras concesiones ajenas al funcionamiento de la judicatura, o dan o niegan su beneplácito según recomendaciones que les hacen abogados u operadores políticos en quienes confían. Estos naturalmente trafican su influencia y obtienen dádivas, no pocas veces consistentes en nombramiento de notarios.

Resulta imperioso que el consenso que se ha generado para un cambio en el sistema de nombramiento de los ministros de la Suprema no se desvanezca. El vigente pone a prueba y en riesgo la probidad y la independencia de los jueces, pilar fundamental del Estado de Derecho, a su vez condición necesaria de la libertad y de la inversión.

Claro que un remedio mal diseñado puede agravar la enfermedad. Aún tenemos jueces más probos e independientes que casi toda América Latina y menos militantes y politizados que algunos países del Viejo Continente.

Urge sacar al Senado de los nombramientos de la Suprema. Más allá de las razones abstractas a favor y en contra de su intervención, la práctica ha mostrado que su participación favorece la corrupción y mina la independencia. La intervención de una autoridad con legitimidad democrática directa resulta indispensable para que los valores de los jueces sintonicen con los de la sociedad. Para ello, basta que la elección final la haga el jefe de Estado. Su decisión debe estar constreñida a un brevísimo plazo y a una lista muy corta, seleccionada previamente por una comisión de muy pocos miembros, para así asegurar que delibere, revise antecedentes, sostenga audiencias con todos los candidatos, oiga a quien solicite fundadamente dar su opinión y cuente con una secretaría profesional, que le alimente con antecedentes. Esa comisión debe estar integrada por abogados elegidos por el Presidente y por algunos senadores, y también por ministros de la Suprema elegidos por sus pares, evitando influencias de facciones.

En cambio, no veo razón para modificar el actual sistema de nombramiento de los jueces de primera instancia y todas las imaginables para sacar la de los notarios del Poder Judicial, la que no se justifica y conlleva una fuente de tráfico de influencias y corrupción.