El hombre de la noticia en los próximos días será Ricardo Yáñez, general director de Carabineros.

Hoy la institución cumple 97 años y su discurso es esperado con tanta expectación como el del Presidente en la Enade. El 7 de mayo será para él un día mucho menos glorioso: debiera ser formalizado por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios. El Gobierno, de cuya confianza depende, le ha dicho, en todos los tonos, que no podrá enfrentar la formalización en calidad de general director, y él mismo ha afirmado que no se sentará con uniforme en el banquillo de los acusados, para así no afectar a la institución que dirige.

Me parece que la decisión de renuncia antes de la formalización puede dañar a Carabineros, en vez de protegerlo. Todo depende, creo, de los antecedentes que exhiba el Ministerio Público en la audiencia de formalización, cuestión que, a la fecha, no debiera conocer el Gobierno y solo parcialmente el general.

La razón esgrimida por el Gobierno; esto es, que una persona formalizada se concentra en su juicio y se distrae de sus funciones institucionales, no resiste análisis. El general Yáñez hace rato anda distraído en su juicio. Ha sido seis veces citado a declarar, negándose en cinco. Ha interpuesto dos recursos de amparo y uno de inaplicabilidad y ha tratado de inhabilitar a los fiscales. La razón del general para dimitir parece más seria: No dañar la imagen de la institución. Puede ser, pero también puede ser que la renuncia anticipada dañe la imagen de Carabineros.

Conforme a lo anunciado y salvo que prospere su última apelación, su renuncia debiera presentarse entre hoy y el 6 de mayo próximo. Lo que ocurra en la formalización del 7 de mayo podría dejar claro que esa decisión fue correcta y protegió a Carabineros. Pero también podría mostrar que la renuncia antes de la formalización fue un error que dañará la moral de los carabineros. Solo la entidad y envergadura de la formalización debiera determinar la conducta a seguir. Veamos.

El general director será formalizado por responsabilidad omisiva en delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones o de muerte. Por cierto, los apremios ilegítimos son delitos muy graves. En ellos, funcionarios a cargo de nuestra seguridad abusan del uso de la fuerza legítima que les hemos confiado, y causan lesiones o muertes injustificadas. Según sabemos, se trata de unos 1.400 casos de apremios ilegítimos. Hasta donde entiendo, menos de 50 tienen sentencias condenatorias. Un puñado están en juicio. La vasta mayoría son denuncias en investigación y no pocas carecen de investigación.

Pero la cuestión central no está en el número y ni siquiera en la gravedad de los casos. La responsabilidad, aunque sea omisiva, de un general director en uno solo de los casos que ya cuentan con condena bastaría para justificar su salida. La cuestión central radica en saber qué tipo de omisión se imputa o siquiera se investiga respecto de Yáñez y de otras dos autoridades. Que el general Yáñez fuera entonces el jefe operativo del despliegue de seguridad es un dato relevante para investigar, pero no suficiente para hacerlo responsable de los actos cometidos por los carabineros a sus órdenes.

Si el 7 de mayo la Fiscalía aportara indicios de que Yáñez supo que se torturaba o maltrataba en alguna de las unidades a su cargo y nada hizo para detener esa práctica, erradicarla y sancionarla, su salida estará más que justificada.

Por el contrario, si lo que la audiencia exhibe es que Carabineros no actuó bien, que no dispuso de los medios necesarios para enfrentar esa violencia, que su tropa no tenía ni la preparación para reaccionar adecuadamente, y que eso llevó a un uso desproporcionado de la fuerza, por parte de carabineros asustados y acosados ante lo desconocido, entonces se tratará de un juicio a la institución; y, en tal caso, el general director es el llamado a defenderla, incluso en el banquillo de los acusados.

La preparación y medios con que contaba Carabineros le permitieron enfrentar, más o menos adecuadamente, la violencia callejera que conocimos hasta octubre de 2019. La docena de guanacos que había en el país eran suficientes. Pero nada fue adecuado para la violencia de fines de 2019 y eso motivó buena parte del uso excesivo de la fuerza. Si se acusa al general Yáñez de no haber estado preparado, de no haberlo visto venir, los acusados debiéramos ser muchos y el general debiera entonces poner el pecho a las balas con uniforme y todo.