El ministro Mario Marcel ha deplorado el que en Chile se haya “llevado la economía a la cancha del debate político”, con graves consecuencias para el país.

Ante esas declaraciones surge una pregunta: ¿y qué conglomerado político es especialmente responsable de esa situación? Me temo que quienes intentaron convencernos de que el respeto a la salud del sistema económico era un mal propio de mentes neoliberales.

La afirmación de Marcel nos lleva, además, a la compleja relación entre política y economía, una materia donde con frecuencia ha faltado claridad, lo que ha originado confusiones que hemos pagado caras.

Para plantear la cuestión, parece necesario poner un par de ejemplos tomados de otras áreas del quehacer humano. Así, la física nos dice cómo podemos fabricar una bomba atómica, pero no nos entrega ninguna pista acerca de si corresponde arrojarla sobre Hiroshima. ¿Qué significa esto? Que la física no constituye la forma decisiva de racionalidad, es decir, no es capaz de aportar un criterio final de decisión.

Otro tanto sucede con la medicina. Aunque muchos lo hayan olvidado, la determinación de implantar una cuarentena no es una decisión médica. Tampoco la de permitir pasear perros y no niños durante ella. Nuevamente tenemos el caso de que esta racionalidad no tiene un carácter último.

La medicina solo nos dice que si elegimos A (una cuarentena) sucederá B (disminuirán los contagios), pero no nos resuelve el problema de qué hacemos con los comercios que van a quebrar o cómo integrar este problema en la cuestión más amplia del bienestar de la población.

La pretensión de darle a los técnicos la última palabra en las decisiones que afectan la buena vida en sociedad es lo que llamamos “tecnocracia”.

¿Qué ocurre con la economía? Aunque por varias décadas se buscó explicar toda la realidad a través de la racionalidad económica, esa disciplina no entrega criterios últimos para la vida en sociedad.

El problema es que algunos han derivado de allí que es posible llevar a cabo una política con prescindencia de lo que indican la medicina o la economía. Esto significa incurrir en el error opuesto a la tecnocracia y que es todavía más peligroso que ella.

¿Se acuerdan cuando, en medio de la pandemia, Nicolás Maduro anunciaba que el Carvativir eran unas “gotitas milagrosas” que permitirían neutralizar los síntomas del covid? Eso es hacer política sin tomarse en serio a la medicina.

Una actitud semejante puede observarse en los famosos consejos de Juan Domingo Perón al Presidente Ibáñez, en 1952, donde lo insta a tomar toda suerte de medidas demagógicas. “Tratarán de asustarlo con el fantasma de la economía”, dice, pero eso es “mentira”.

La tecnocracia pretende ser amoral. Por su parte, la prescindencia de los datos técnicos, en este caso de la medicina o la economía, es una actitud profundamente inmoral.

Adam Smith era muy consciente de este tipo de problemas. En La riqueza de las naciones, una obra que lamentablemente pocos economistas se toman el trabajo de leer, da numerosos argumentos para rechazar las restricciones a la importación de bienes extranjeros, lo que después los economistas de la Cepal llamarían “sustitución de importaciones”. Sin embargo, en un momento se pregunta si es legítimo en algún caso excepcional reservar solo a los ciudadanos de un país el ejercicio de determinada actividad. Para sorpresa nuestra, su respuesta es positiva y la razón que da es eminentemente política.

El caso que señala es el de la navegación. Inglaterra, que es una isla y además está constantemente amenazada por guerras, no se puede dar el lujo de ser vulnerable en el transporte marítimo. Aunque desde el punto de vista económico lo deseable sería dejar ese mercado tan libre de trabas como los demás, debe quedar en manos de nacionales.

Este ejemplo nos muestra su sentido práctico y cómo él, probablemente el economista más importante de la historia, es consciente de la primacía de la política. Esto deberían tenerlo presente los que dicen seguir sus ideas.

Ahora bien, la solución de Smith no está exenta de peligros, porque resulta muy fácil abusar y decretar que los autos o los zapatos son bienes tan imprescindibles que debe prohibirse su importación. Esto sería un desatino. La política tiene prioridad, pero, como ya dije, no puede descuidar la salud económica sin destruirse ella misma.

Fenómenos como la inflación no son solo males económicos, sino también políticos: perjudica en especial a los más pobres y hace perder la confianza en la moneda, que es un medio de comunicación entre los ciudadanos, una forma de lenguaje. La inflación destruye la confianza cívica, que es un elemento básico de una buena política. Ella no puede construirse sobre una economía tramposa.

Otro tanto cabe decir de la deuda pública desmesurada, que es una grave falta de solidaridad con las futuras generaciones, constituye una injusticia política.

El ministro Marcel tiene razón. Precisamente porque la política es más importante, ella debe cuidar con esmero a la economía y no dejar que, porque algunos tienen bonitas intenciones, se sientan autorizados a deteriorarla impunemente en el debate partidista. La cabeza es la parte principal de nuestro cuerpo, pero eso no nos autoriza a amputarnos los pies.