Uno de los mejores libros acerca de la Segunda Guerra Mundial es la autobiografía de Guy Sajer, “El soldado olvidado”. Sajer, un alsaciano de madre alemana y padre francés, es enrolado por el ejército alemán a los 17 años y enviado al frente oriental. El libro se inicia con su relato del viaje por la estepa rusa a Stalingrado en un tren de abastecimiento. Él iba a la intemperie, a muchos grados bajo cero, custodiando unas piezas de artillería. La descripción del frío, la soledad y la desolación es desgarradora. Un niño enfrentado a una experiencia adulta. Sajer pelea por toda Europa. Termina capturado por los ingleses, quienes lo entregan a los franceses que lo enrolan en su ejército. Esta es la historia de tantos jóvenes que son obligados a servir en el Ejército y que sus vidas no les pertenecen, sino que son peones en el gran ajedrez de la política.

El domingo pasado me acordé de ese libro cuando, en este diario, leí la carta de María Olguín, una abnegada madre chilena que sola crio a dos hijos. En ella relata la historia de uno de ellos, Carlos Robledo, de 17 años, que ella autoriza para que haga el servicio militar, sirva a su patria y aprenda un oficio. Ella confía en que el Estado lo va a proteger y educar. Ese niño es apenas entrenado en el uso de armas. Antes le enseñan a marchar y obedecer. En octubre de 2019 es enviado, junto con una patrulla, a contener el saqueo del mall de La Serena. Octubristas consternados con el cambio climático, indignados con el patriarcado abusador y ofendidos por la desigualdad, robaban electrodomésticos y destruían todo a su paso. El soldado portaba un fusil con balas de fogueo y de guerra. El capitán a cargo de su patrulla le ordena disparar fogueos y todos percutan lo que presumen son fogueos. El resultado es un muerto y dos heridos. Dos años después los jueces, sin periciar el arma y mediante presunciones derivadas de videos y análisis acústicos, le atribuyen a Robledo el disparo de una bala. Sostienen los jueces que la protesta era pacífica (como si una protesta no autorizada que saquea, interrumpe el tráfico y destruye propiedad pública lo fuera) y que Robledo no cooperó con la investigación, a pesar de que dijo todo lo que sabía. Y lo condenan a 10 años de cárcel. Esa madre no cuenta que su otro hijo murió también trágicamente. Mientras tanto, los instigadores de esa revuelta habitan los salones de La Moneda y los pasillos del Congreso y se llenan la boca con la empatía, la justicia social y los derechos humanos. Pero ninguno de ellos y ninguna feminista han visitado a esa madre para consolarla.

Pero Robledo no está solo. Ahí están el capitán Maturana, condenado a 12 años por supuestamente haber impactado con una bomba lacrimógena a Fabiola Campillai, quien “transitaba pacíficamente” por una protesta violenta; Claudio Crespo, enfrentando un juicio donde la Fiscalía pide 12 años de cárcel (paradojalmente pide 4 años para el comunista Luis Castillo, indultado por Boric y sorprendido secuestrando a un inocente) por haber disparado una escopeta antidisturbios, lesionando accidentalmente a don Claudio Gatica, quien también “asistía pacíficamente” a una protesta que destruía Santiago. Los casos de uniformados perseguidos por contener la violencia octubrista tienen en común la soledad en que quedan frente al Estado; la indiferencia de la política y la falta de solidaridad de quienes pedían que salieran a la calle a mantener el orden. Esos uniformados no eran violadores de DD.HH., no salieron por propia voluntad y muchos estaban precariamente entrenados. El relato de la izquierda es que no cumplieron con manuales que ni conocían, que enfrentaron protestas pacíficas, que los accidentes no existen y que dispararon contra inocentes que casualmente asistían a los saqueos. A estos uniformados los condenan por un guion macabro donde, cual teleserie de mala muerte, cambian el elenco y el decorado, pero la trama es la misma y el desenlace conocido.

Si la política quiere que los militares salgan a la calle a resolver los problemas de violencia que ella creó, tiene que partir por revisar las decenas de casos de uniformados injustamente perseguidos por un Estado que debió protegerlos y han sido condenados por una justicia que se ensaña con ellos. Así, alguno de ellos podrá mirar a los ojos a María y pedirle perdón por haberles fallado a ella y a su hijo.