El celular de Luis Hermosilla ha hecho patente que se trafican influencias en la designación de jueces. Varios episodios lo habían dejado ya de manifiesto; pero la burbuja vuelve a subir y muchas voces llaman a modificar los mecanismos de designación. La oportunidad conlleva riesgos de un mal diagnóstico y de remedios que pueden ser peores que la enfermedad.

La Corte Suprema recogió el guante, reconoció espacios de opacidad, se comprometió a perfeccionar sus procedimientos y recordó estar abierta a cambios en el sistema de nombramientos. Al poner el foco sobre sí, le llovieron piedras y palos. El diputado que preside la comisión investigadora del caso audios, con el tono enfático que ya caracteriza a sus colegas, anunció que presentaría un proyecto de ley para penalizar el lobby de los abogados en el Poder Judicial. Remató diciendo que es en el lobby en el Poder Judicial donde se debía poner el foco.

Las designaciones judiciales no debieran decidirse por murmullos en los oscuros pasillos del poder. Pero no es en el lobby en el Poder Judicial, como afirmó el diputado, donde hay que poner el foco. No conozco hecho o indicio de lobby en que un no judicial haya dirigido sus influencias a los ministros de una corte para incidir en una terna o en una quina. No es en esos pasillos donde se verifica el lobby. Ello no quiere decir que esos procedimientos iniciales que se verifican en las cortes no deben ser perfeccionados; que no se deba aumentar su transparencia, publicidad y debida fundamentación o que no se deba reducir el número de los que resuelven, facilitando una mejor deliberación y análisis. Todo ello debe corregirse, pero nada de eso indica que deba sacarse la propuesta de nombramientos fuera del Poder Judicial. Debemos evitar caer de la olla con agua caliente que implica el exceso de jerarquía judicial al sartén hirviendo de los nombramientos políticos, como muchos proponen ahora.

El lobby que hay que erradicar en los nombramientos de jueces no se verifica en los tribunales, sino en los salones del poder político. El mismo ministro de la Suprema que reconoció haber contactado a Hermosilla declaró que lo había hecho una vez que estaba propuesto en la quina; es decir, pidió ayuda, lobby, cuando su designación dependía de la negociación entre el Presidente y el Senado. Antes, una candidata a la Suprema le encomendó a un lobista profesional hacer esa tarea por ella entre los senadores. Un exministro de la Suprema declaró que no se podía llegar al cargo sin hacerlo.

Más que calificar moralmente estas peticiones de ayuda de los candidatos, debemos entender que los senadores las han hecho prácticamente indispensables. En muchas oportunidades ellos han expresado públicamente su malestar porque el Ejecutivo proponía un nombre antes de que estuviera “conversado; es decir “negociado” con antelación al rito vacío de la audiencia pública. ¿Y cómo se enteran los senadores de los méritos de los candidatos en competencia para conversar y consensuar un nombre? Solo pueden hacerlo a través del lobby de abogados y operadores de confianza. Entonces, son los senadores quienes han entronizado el lobby como un paso necesario de la llegada a la Suprema.

Mantengamos, con correcciones, al interior del Poder Judicial la propuesta de nombres para jueces. Saquemos al Senado del proceso. Su participación fue fruto de una reforma de mediados de los 90, que se justificó por una vez y se quedó para siempre. ¿Debe haber alguna participación política en el nombramiento de los jueces? No veo razón para ello en los primeros grados del escalafón. Los ministros de corte, en cambio, ejercen mayor discreción e interpretan con frecuencia el texto constitucional. Resulta natural que una autoridad con títulos democráticos elija, entre los propuestos, a aquel cuya trayectoria le dé mayores garantías de coincidir con valores dominantes.

¿Y cómo hacer para que la designación final, si es política, no recaiga en operadores y no dependa del lobby? Reducir la elección política a una lista acotada, ya seleccionada por el propio Poder Judicial, aminora el riesgo. Sacarla del Senado es una necesidad imperiosa. ¿Hacerla recaer solo en el jefe de Estado, como fue en la tradición chilena? Puede haber fórmulas alternativas, puede hacerlo oyendo previamente a un conjunto de autoridades.

Se puede y se debe corregir el modo de designación de los jueces para superar las oscuridades que el celular incautado ha dejado nuevamente de manifiesto. El riesgo es equivocar el foco, hacer cambios indebidos en el Poder Judicial y no centrarlos en el poder político.