La petición del alcalde Vodanovic, destacada figura del Frente Amplio, de sumar a militares en el combate al delito en Maipú, amenaza con empantanarnos en un debate ideológico y poco prioritario, que nos distrae de otras medidas de mayor eficacia.
El llamado del edil es uno desesperado ante un drama que angustia, cuando no mata a sus vecinos. No debiera descartársele simplemente como una estrategia de campaña y ojalá tampoco sirva únicamente para debatir políticamente acerca de las volteretas de la izquierda. Nada de eso ayudará a solucionar el acuciante problema que vivimos. Que sea un grito desesperado no quiere decir, sin embargo, que apunte en la dirección correcta.
Las viejas estrategias se han mostrado insuficientes para combatir las nuevas y más violentas modalidades del crimen organizado. No podemos demorarnos en renovarlas, pero tampoco dejar de acertar. Ya conocemos el despeñadero y, por la experiencia de otros, sabemos que puede ser peor; solo desconocemos los límites del horror que puede haber por delante.
¿Puede ayudar la presencia militar a combatir el delito? La palabra delito engloba un conjunto de fenómenos muy diversos: ciertas formas de colusión, robos por sorpresa, femicidios, tráfico de drogas, incendios y un largo etcétera. La presencia militar me parece pertinente solo ante tres situaciones: La primera es cuando la audacia y el poder de fuego de los delincuentes no logra ser repelida por las policías y sus armas. Un ejemplo es lo que ocurre en la macrozona sur. Allí, en esos campos deshabitados y en esas carreteras, la presencia militar ha ayudado mucho a intimidar el poder de fuego con más poder de fuego. Sin embargo, en poblaciones urbanas, donde también los delincuentes emplean y se enfrentan con armas largas, la reacción militar solo puede terminar en más inocentes muertos. Al interior de esas poblaciones y campamentos, el personal militar, a lo más, podría apoyar, en funciones marginales, grandes operativos de allanamiento.
Las fuerzas armadas también pueden ser eficientes en el resguardo de la infraestructura crítica. Allí actúan por presencia y el uso de sus armas letales y de sus estrategias de combate resultan adecuadas y proporcionadas ante ataques terroristas.
El tercero son los casos en que los militares actúan por presencia, acompañando la labor policial, que es la que se activa e interviene. Entiendo es lo que ocurre en el resguardo de fronteras.
Me cuesta pensar en otros escenarios frente a los cuales personal entrenado para matar en combate pueda enfrentar eficazmente el delito que asola a Chile.
El segundo inconveniente del debate que han instalado los alcaldes es que nos distrae de avanzar en las estrategias que pueden dar más resultados. Menciono solo tres que me parecen prioritarias:
La primera dice relación con nuestras aduanas y puertos. Es el lucro lo que motiva y activa el crimen organizado que asola poblaciones y tomas. Hay varios negocios lucrativos para las bandas criminales, pero el principal, donde más se mueve dinero, sigue siendo la droga. El mercado consumidor chileno no es muy grande, aunque ha aumentado. Seguimos siendo un país de tránsito. La droga entra fundamentalmente por pasos no habilitados por el norte y sale por nuestros puertos. En estos debe haber no solo trucos para evadir el control, sino también corrupción para evitarlo. Poner el foco en eso resulta imperioso. ¿Estaremos haciendo lo suficiente? ¿Está activa en ello la Unidad de Análisis Financiero?
La segunda cuestión de la que no debiéramos distraernos son las cárceles. En ellas se encuentra hoy la sala de máquinas y la casa matriz de buena parte del crimen organizado. ¿Hemos tomado todas las medidas necesarias en materia de segregación, de limitación y razonable intercepción de las comunicaciones para cortar las correas transmisoras entre ese motor y sus soldados que se mueven en poblaciones?
La tercera, ciertamente hay muchas otras, es la cuestión de la inteligencia. No se trata solo de instalar por ley un sistema nacional coordinado. Lo que más urge es implementar la capacidad de infiltrar las bandas criminales. La actual ley de drogas permite varias herramientas. Unas son muy riesgosas y habrá que emplearlas ocasionalmente; pero otras lo son menos y parecen no estarse empleando.
Clamar por presencia militar en las calles puede ser llamativo. Además, enciende el debate político y acorrala a la izquierda, enfrentándola a su pasado. Pero eso no quiere decir que sea prioridad para un problema que amenaza con arruinarnos la vida y la convivencia.