Con un sobrio y sustancioso discurso, el presidente de la Suprema ha cumplido con el rito y el deber republicano de inaugurar el año judicial. Ha marcado la conmemoración de los 200 años de la Corte Suprema, establecida constitucionalmente cuando aún era pretencioso llamarnos Estado.

Ha habido otros discursos que han dejado una estela de ignominia. En 1975, en medio de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, el entonces presidente del órgano creado en 1824 para “proteger, hacer cumplir y reclamar a los otros poderes las garantías individuales”, manifestó que los recursos de amparo les abrumaban y distraían de sus verdaderas tareas; prejuzgó que los desaparecidos eran, en su mayoría, personas que vivían en la clandestinidad y negó la tortura, sosteniendo que la denunciaba “una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria”. Otros discursos han sido desafortunados, como cuando, hacia fines de los 90, un presidente de notable carrera, culpó a la prensa de la mala imagen judicial, lo que, como era previsible, terminó por empeorarla.

Los ejemplos de discursos desafortunados —ciertamente hay algunos luminosos y muchos anodinos— parecen originarse en la falta de comprensión de la función judicial o en la ausencia de sintonía con lo que espera la opinión pública.

No es fácil para los jueces acertar con las expectativas ciudadanas. Las exigencias que, a su conducta, imponen la independencia, la imparcialidad y la apoliticidad les aísla del mundanal ruido. Tampoco el desafío de sintonizar con la opinión pública les permite ser condescendientes con las cambiantes pasiones colectivas. Lo suyo no es complacer, sino defender el derecho y los derechos, aún contra el querer de las mayorías. Por último, está la complejidad de acertar con lo que es el prestigio. ¿Qué espera la ciudadanía de sus jueces? ¿Cómo se gana su confianza?

El Poder Judicial necesita imperiosamente del prestigio. No cuenta ni con la bolsa de la hacienda pública, ni con la espada del Ejecutivo. Su independencia, que se le provean recursos suficientes y hasta la medida de su imperio, penden del prestigio del que goce.

El débil prestigio (¿debiera decir confianza pública?) es un talón de Aquiles del Poder Judicial chileno. Acrecentarlo, su desafío. Estudios confiables sitúan al chileno entre los tres poderes más probos e independientes del continente. Sin embargo, las mediciones de confianza pública le ubican en los últimos lugares; incluso por debajo de la que gozan sistemas corruptos y dóciles al poder político.

En los últimos años, algunos jueces han emprendido el camino de adoptar decisiones propias de la política pública, enredando al judicial en el pantano de la crítica política. El lío generado a partir de su intervención en el precio que deben cobrar las isapres ejemplifica lo inadecuada que resulta la judicatura para adoptar, aunque sea con carácter general, decisiones que solo deben tomar, con mirada global, los representantes populares.

¿Y cómo acrecentar el prestigio judicial entonces? El dilema es tan difícil como imperioso. Algunos dirán que aplicando mano dura a la delincuencia. Ciertamente hay decisiones que pueden motejarse de puerta giratoria, pero son las menos. Causan ruido cuando son dictadas y pasan desapercibidas las que habitualmente las corrigen. No me parece que la complacencia con esa demanda conduzca al prestigio.

Algunos dicen que los jueces solo deben hablar por sus sentencias. Ello vale cuando se trata de fundar una decisión, pero el silencio solo resta cuando el desafío consiste en explicar el quehacer judicial, sus parámetros legales y lo que cabe y no cabe esperar de sus actos. Las vocerías reactivas serán generalmente contraproducentes; pero no la pedagogía cívica sobre su función en democracia.

La igualdad y la seguridad son valores que prometen las democracias y caracterizan a un estado de derecho. No pueden florecer si casos análogos reciben soluciones dispares. Pero hay jueces que, enarbolando la bandera de su propia independencia personal, suelen valorar poco los precedentes que tan acertadamente destacó en su discurso de ayer el presidente Blanco.

Respetar más los precedentes, hacer pedagogía cívica; rehuir las tentaciones de lo popular y de la sustitución de la política, y acrecentar los esfuerzos que ya hace el Poder Judicial por modernizarse y hacerse más accesible, pueden ser algunas claves para acrecentar su prestigio. Lograrlo no es solo desafío de los jueces, sino de toda una sociedad que anhela un mejor estado de derecho.