En la misma medida en que la actividad política, el Congreso y los partidos perciben un creciente repudio ciudadano, sus actores reaccionan progresivamente más irritados y pendencieros. En medio de sus trifulcas, se escuchan cada vez más descalificaciones y menos argumentos. Así, se estrecha el espacio para discernir, con la ponderación que exige la atención de los asuntos públicos.

La gente entiende que el estilo posterga, cuando no hace imposible, que se aprueben las políticas públicas y las reformas que el país necesita. Los intentos de pintar detalles con brocha gorda aumentan el malestar y terminan por hundir a todos los tripulantes del barco. La semana ha mostrado que aún podíamos caer más profundo en este círculo vicioso. El caso paradigmático, el de las pensiones de gracia. El Gobierno impulsó y el Congreso aprobó, en la Ley de Presupuestos de 2022, dos glosas que permitían entregar pensiones para mitigar los efectos de la violencia que se desató en octubre de 2019. La primera autorizó al Ejecutivo a gastar una cierta suma para otorgar pensiones de gracia “a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”. Brocha gruesa para un problema que exigía de un pincel. ¿Qué debía entenderse por “afectado”? ¿Qué por contexto? No se trataba de escribir un tratado, pero si lo que se quería era mitigar daños ciertos provocados por la violencia de esos días, pudo haberse dicho así. Disponer respecto de “afectados en un contexto” era entregar al Ejecutivo plena discrecionalidad. Si esa era la intención, ¿a qué vienen ahora las vestiduras rasgadas por los errores propios?

La segunda glosa permitía beneficiar “a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”.

El Instituto acreditó como víctimas a personas que tenían un prontuario penal. La oposición critica no solo la decisión, sino también al Instituto, acusándolo, en palabras del diputado Jouannet, de ser “un coto de caza de la extrema izquierda”, como si no fuera el propio Congreso el que hubiera aprobado la autonomía y composición de su consejo directivo, ni estuviera ahora en condiciones de reformarlo. Pero la práctica en boga en la Cámara consiste en denostar, más que en corregir; en atacar, más que en reformar; en destruir, más que en construir. ¿Debió el Instituto abstenerse de acreditar como víctimas a personas con prontuario? Ni el Congreso ni el Presidente se lo pidieron al aprobar la glosa. No escuché ninguna voz pidiendo que se examinaran también los antecedentes penales.

¿Fue injusto o imprudente el Instituto o el Presidente al otorgar esas pensiones a personas con antecedentes penales? ¿Y, por qué, si se estima justo que quienes, por ejemplo, perdieron un ojo como efecto de disparo de balines o lacrimógenas reciban una pensión, se va a excluir a una persona de igual condición, por el hecho de haber cometido antes un delito? Se les calificaba de víctimas, no de héroes. ¿Solo pueden ser víctimas las personas intachables?

Pero el Gobierno, a quien no se le ocurrió revisar prontuarios o, si lo hizo, no les dio importancia, trata de escapar ahora de la jauría anunciando que dejará sin efecto esas pensiones. Por cierto, esas víctimas reclamarán el acto revocatorio, en mi parecer injusto, y, si no me equivoco, ganarán los juicios. Si la cuestión de entregar pensiones a víctimas con antecedentes penales no lo previó nadie y resulta, al menos, discutible, ¿a qué vienen las diatribas de los justos contra los pecadores?

En la cuestión de Peso Pluma también se alardean errores. ¡Que no se puede discriminar a un cantante! ¡Que no cabe censurarlo! Como si elegir fuera lo mismo que discriminar y excluir que censurar. Ahora salen con que no se puede poner término a su contrato. Por cierto que se puede, la pregunta es a qué costo y quién lo pagaría. Yo espero que se le ponga término y que el dinero salga de los bolsillos personales de quienes tuvieron la imprudencia de invitarlo.

La política no ha sido ni será nunca igual al ágora griega, ni a un claustro de expertos, pero los problemas públicos tienen una complejidad que no se abarca a gritos destemplados. Estos han terminado por agotar a la audiencia y por hacer cada vez más ineficiente la política. Persistir en ese estilo no puede sino continuar produciendo el mismo efecto.