Una de las expresiones que más escuché repetir entre los promotores de la acusación constitucional entablada en contra del ministro Montes fue que, ante la gravedad de los ilícitos del caso fundaciones, era indispensable dar una señal clara y tratar de vencer la resistencia del Presidente Boric de remover a su ministro de Vivienda, haciendo efectiva su responsabilidad política, especie de responsabilidad que, por cierto, no incumbe exigir a los parlamentarios.

La misma derecha, que tanto (y con razón) se escandalizó con la consigna del parlamentarismo de facto, intenta practicarlo ahora, con una quinta acusación constitucional carente de fundamento. Subvertir el régimen presidencial, y, con ello, el orden institucional de la República, parece ser un costo que muchos están dispuestos a pagar con tal de dar las señales que juzgan correctas o convenientes a su sector. Las señales son símbolos o signos que existen o se usan para representar una cosa distinta, como el humo es signo del fuego y las palabras símbolos de una idea o imagen. En este caso, los acusadores pedían la señal para denotar la gravedad de lo ocurrido.

Entre más ineficiente se hace la política, más busca expresarse a través de señales que, revestidas del alarde propio de lo vistoso y de lo desafiante, se dan maña para tratar de ocultar la ausencia del trabajo bien hecho. Frente a un fraude, como el ocurrido en el Ministerio de la Vivienda, el Poder lLegislativo debiera preguntarse qué falló y corregirlo, por ejemplo, si la Ley Orgánica de ese ministerio asegura los adecuados controles; cómo habría que corregir la Ley de Presupuesto para evitar traspasos tan discrecionales; cómo se debieran perfeccionar los instrumentos de la Contraloría para una detección más temprana de fraudes; en que habría fallado la Ley de Bases Generales de la Administración Pública. Por desgracia, en vez de detectar esas falencias legales y hacer la tediosa y poco glamorosa tarea de corregir esos cuerpos legales, el Congreso instala comisiones investigadoras que típicamente buscan establecer responsabilidades personales en vez de vacíos legislativos, tarea, la primera, que tampoco compete hacer a los parlamentarios, o trata de entablar acusaciones que no logran demostrar culpas.

No hay modo que el Congreso recupere prestigio mientras insista en dar señales en vez de hacer las tareas. Entre menos prestigio, más manotazos de ahogado, más intentos vanos de recuperar el capital perdido, jugando lo poco que queda a un solo número de la ruleta que está destinado a no salir nunca.

Las acusaciones constitucionales no son el único ámbito en que la política busca reaccionar con señales por estos días. Entre muchos otros, en el delicado tema de la seguridad nacional algunos piden hacer uso del 2% constitucional. No se precisa para invertirlo en qué. No importa, se trata de dar una señal. Peor aún: Varios comentaristas políticos, que suelen ser críticos de los manotazos en la política, han caído en igual desesperación al apoyar la propuesta de algunos parlamentarios de citar al Consejo de Seguridad Nacional. ¿Para qué? Para dar una señal dicen. ¿Qué señal? ¿A quién? Y después de la señal, cuando la delincuencia no ceda, ¿qué explicación le darán la ciudadanía? Más que señales, estas serían cachetadas de payaso; un espectáculo triste frente al problema más acuciante que padecen los chilenos. El circo solo no alcanza.

Mientras la política siga dedicada a dar señales en vez de hacer política, los gobiernos que se sucedan, ya dará lo mismo su color político, solo estarán destinados a administrar la seguidilla de crisis que inevitablemente dejan los vacíos de poder.