No es extraño que la izquierda joven haya vivido convencida de que nuestros males radicaban en la Constitución y que comenzarían a disiparse escribiendo otra en una hoja en blanco. No es raro, pues se trata de una generación que glorificó la palabra; que creyó que para la gestión bastaba el discurso y que confundió el arte de la política con la postura moral.

Lo que resulta extraño es que la derecha, tradicionalmente pragmática y conservadora, que ha descreído de los discursos mesiánicos, se haya infectado del mismo mal en cuanto tuvo en sus manos el lápiz constitucional.

Al recibir el texto de los expertos, que ya venía florido y abundante, la derecha no empleó la goma del escepticismo para limar sus excesos, como habría sido acorde a su tradición. No se preguntó por los 5 o 10 problemas que aquejaban a nuestra institucionalidad y corregirlos, como recomendaba el pragmatismo. En cambio, libre de la historia, se largó a escribir la Constitución de sus sueños. Como no podía ser de otro modo, la tinta fue partisana y el texto resultó obeso. De aprobarse, sería la sexta más extensa del mundo.

La obesidad constitucional no es un problema estético. El mal conlleva incerteza jurídica, rigideces y trabas para el adecuado funcionamiento institucional.

El tratamiento de la seguridad pública permite ilustrarlo. No obstante ser el primer deber del Estado y la más acuciante demanda ciudadana, las constituciones de las democracias estables, sabiamente, no la tratan, dejándola entregada a unas pocas leyes, a varios reglamentos y, sobre todo, a gestión diaria, eficaz y responsable.

En cambio, la propuesta constitucional de la derecha sobreabunda en enunciados sobre la seguridad. Ello no la favorecerá y es muy probable la entrabe. La principal de esas normas es la que garantiza a todas las personas el derecho a vivir en un entorno seguro. Tan solo la Constitución de Egipto asegura otro tanto. El derecho queda amparado con acción de protección. Por ende, las personas que estimen que el vital y generoso derecho que se les ha prometido les ha sido privado, o siquiera perturbado o amenazado, podrán acudir a un juez y les bastará convencerlo de que la perturbación o amenaza se ha debido a un acto arbitrario, para que ese juez esté llamado a adoptar las medidas para restablecer el derecho asegurado. Como los jueces no suelen ser tímidos a la hora de ejercer las competencias que se les otorgan, es muy probable que una parte relevante de la dotación de Carabineros termine distribuida por distintos jueces a lo largo del país, al compás de los requerimientos que les convenzan. Esa sería una distribución más irracional que la peor que pueda hacer una autoridad centralizada. Sobreescritura constitucional.

Segundo ejemplo: El proyecto obliga a crear una policía de fronteras. Esa idea novedosa no merece ser descartada de plano. Pero, de allí a hacerla obligatoria y en modo “marmicoc”, hay distancia. Igual deberá crearse, aunque, luego de estudiarla, se concluya que esa nueva fuerza, distinta a Carabineros y al Ejército, tiene riesgos de corrupción e ineficacia y que nuestras fronteras serán aún más porosas al ingreso de drogas y de inmigrantes ilegales. Sobreescritura.

El texto vigente exige que los delitos se encuentren expresamente descritos en la ley. Luego de alguna litigación e incerteza, el significado de aquello terminó por asentarse, permitiendo que la descripción legal pudiera ser complementada por reglamentos. Así ocurre, entre otras, en la Ley de Drogas y en algunos ilícitos económicos. El proyecto decidió agregar al verbo expresamente la exigencia de que el tipo penal quedara precisamente descrito en la ley. Quienes sean acusados de delitos descritos en la ley y complementados en reglamentos sostendrán su inconstitucionalidad. Se arriesga harto y no se gana nada. Sobreescritura.

Y así, podríamos sumar más ejemplos, porque se rigidiza la función de Gendarmería, haciendo difícil crear un nuevo servicio a cargo de la resocialización de los delincuentes, como han propuesto casi todos los expertos; porque queda escrito en piedra que no podemos debatir legislativamente la idea de otras policías distintas a Carabineros e Investigaciones, como podrían serlo las municipales. Suma y sigue.

Cualquiera sea el resultado del plebiscito, la derecha hará bien en explicarse y explicarnos si sufrió una intoxicación temporal o padece ya incurablemente del mal de la ensoñación constitucional que era propio de las izquierdas latinoamericanas.