Un profesor de la escuela de Gobierno, Sergio Micco, fue amedrentado e increpado a gritos por un grupo de estudiantes de Derecho, quienes pretendieron expulsarlo de la Facultad en la que a duras penas, en medio de pancartas y de interrupciones a viva voz, había acabado de exponer. El pecado de Micco habría consistido en no diagnosticar como una violación sistemática de derechos humanos las mutilaciones ocurridas en octubre del año 2019.

El incidente da cuenta de un síntoma de algo en extremo peligroso para la universidad.

De todas las instituciones de la sociedad moderna, la universidad es la única que hace del diálogo y la reflexión su quehacer más propio. Si alguien se preguntara qué rasgo es el más propio de la institución universitaria, ese que si faltara la haría desaparecer, eso que la identifica y la distingue de los medios, los partidos, las tribus, las parroquias y las barras, sería justamente ese, el intercambio razonado, y no por vehemente menos razonado, de puntos de vista sin excluir ninguno.

Y eso es lo que por momentos se estropeó al maltratar a Sergio Micco.

Los estudiantes tienen todo el derecho, desde luego, de criticar a Sergio Micco, o a otro profesor o a cualquiera que ejerza una función pública, y de considerar que no estuvo a la altura de sus deberes, y no cabe duda de que tienen, además, el derecho indudable de manifestarlo y hacerlo saber públicamente, dando, desde luego, razones y la oportunidad, a quien haya sido objeto de esa crítica, de defenderse y hacer saber por qué ella puede estar equivocada. Lo que, sin embargo, no puede ocurrir es que los estudiantes piensen que tienen el derecho de expulsar a un profesor de la universidad o a hacerlo callar o amedrentarlo mediante gritos y acusaciones a voz en cuello, o siquiera insinuarle que no podrá salir tranquilo a la calle, o etiquetarlo de cómplice de esto o de aquello, o vociferarle en su cara como si fuera un vil que merece la peor de las repulsas, o cancelarlo considerando que debe ser condenado al ostracismo o al silencio.

Y los estudiantes no tienen derecho a hacer eso porque al hacerlo contradicen su propia condición de miembros de la universidad, la que los obliga a hacer uso de la palabra y del diálogo para hacer valer sus puntos de vista, y porque al negarse a oír los argumentos que Sergio Micco quiso inútilmente exponer desmienten su condición de estudiantes de Derecho, la que les impone un deber incluso adicional al de la simple racionalidad, el de aprender, apenas ingresan a la Facultad, que incluso aquellos que ellos pudieran considerar cómplices o culpables de esto o de lo otro, deben ser oídos para atender y sopesar sus puntos de vista y sus argumentos. Pero estos estudiantes que vociferaban y gritaban a Sergio Micco, y lo instaban en coro a hacer abandono de la Facultad, parecían creer (parecían, porque es de esperar que la reflexión posterior les enseñe que estaban en un error) que basta tener una convicción acerca de la justicia desde el propio punto de vista para que entonces cualquier conducta esté justificada; pero ¿qué sería de la sociedad si bastara creer algo con convicción suficiente para que cualquier conducta, incluida la infame de la funa y la condena a coro, esté justificada? ¿Qué sería de la universidad si sus miembros creyeran que basta el fervor moral acerca de esto o de lo otro para que entonces se pudiese reemplazar la racionalidad por la mera emoción, y sustituir esa forma superior de la civilización que es el diálogo por el grito en patota y por la funa? ¿Qué sería del Derecho si los abogados actuaran como estos estudiantes y si en vez de oír antes de condenar, se apresuraran a hacer callar para así condenar sin problemas y sin objeciones?

No cabe duda, lo que ha ocurrido no tiene como víctima a Sergio Micco, puesto que al tratarlo de la forma en que se lo trató a la que en realidad se maltrató es a la universidad y a sus rutinas, que exigen esa forma de sobriedad y de ascetismo que se llama racionalidad.

La intimidación, sea a través de la coacción o la amenaza o la funa, es simplemente inadmisible en la universidad, y tolerarla o intentar comprenderla o aminorarla, o hacer como si no hubiera ocurrido, significa aceptar que la universidad se envilezca, que sus alumnos abdiquen la individualidad para sustituirla por el comportamiento colectivo que permite emboscarse y eludir la responsabilidad y que sus profesores se vean expuestos a decir y enseñar en la sala de clases, so pena de funas y maltratos —¡pero a qué extremo hemos llegado! ¿cómo se puede aceptar esto sin escándalo?—, lo que los estudiantes quieren oír.

Ya es suficientemente grave que muchos estudiantes de liceos y de escuelas hayan abandonado cualquier sentido de autoridad y que en muchas escuelas la función de profesores haya sido reducida a la de un animador de esto o de aquello,a un incitador de conversaciones o a un contenedor de rebeldías; pero que estudiantes universitarios se crean con derecho a funar a un profesor por lo que dice, o a cancelarlo, o a imprecarlo a coro, o a vociferarle en su cara esto o aquello, abandonando así todo lo que hace digna a la universidad y a su propia posición en ella, es simplemente inadmisible.