Si hay algo que debe ser sobrio y aburrido es un proceso constitucional. Se deben respetar las formas y lo ideal es que no haya sorpresas. Nadie quería un texto refundacional y lograr acuerdos más allá de lo que se logró era muy difícil. Bajo esos parámetros, el proceso cumplió con lo que se esperaba de él.

El gobierno no fue capaz de consensuar una declaración conjunta con la oposición para los 50 años del golpe de Estado y alega que la Convención no pudo consensuar una Constitución Política en que las pretensiones de la izquierda radical estaban en un texto rechazado por el 62% de los chilenos.

El texto consagra el Estado social de derechos, que para el Gobierno significa que nadie puede tener mejor educación, previsión y salud que el resto, y para la oposición significa que el Estado debe asegurar mínimos razonables y libertad de elegir. La segunda alternativa prevaleció por la fuerza de los votos.

El aborto por 3 causales no se modifica con el cambio del “que” por el “quien”, por dos razones. Si la justificación para aprobar el aborto es que el feto no es una persona (quien) hasta las 12 semanas, sino que una cosa (que), entonces el aborto se puede legislar; y si la razón es que existe colisión entre dos derechos, el de la madre para que no le impongan exigencias supererogatorias y el del feto en su derecho a nacer, esto no se altera por la norma aprobada.

El texto tiene virtudes, en materias de seguridad personal y democrática, de ordenamiento del sistema político, de participación femenina, de reconocimiento indígena y sobre todo en materia de legitimidad para que nunca más a la Constitución aprobada por la casi unanimidad del Congreso (salvo un voto) y que lleva la firma del Presidente Ricardo Lagos se la denomine la Constitución de los cuatro generales. Se fortalece el derecho de propiedad y se reconoce la independencia del Poder Judicial. Se mantienen normas que obligan a la responsabilidad fiscal, especialmente con la independencia del Banco Central, y se reconoce la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gastos.

El proceso fue democráticamente impecable. Se establecieron 12 bordes que se respetaron, la comisión de expertos aprobó un texto y el Consejo lo revisó, debatió, modificó y aprobó por mayoría conforme era su mandato. Como bien saben todos los cercanos al proceso, la izquierda siempre estuvo con freno de mano entre la conveniencia de negociar una Constitución razonable y la derrota política de que no quedara consagrado su ideario en un texto constitucional. En esa disyuntiva no flexibilizó sus posiciones y hoy se ubica firme por el rechazo.

La izquierda radical quiere que el Estado prevalezca sobre la sociedad civil; que la mayoría electoral prevalezca sobre los derechos personales, y que la igualdad prevalezca sobre la libertad. Bajo esos parámetros, esta Constitución no es de izquierda, sino que es una liberal, y si todavía hay liberales en la izquierda moderada, ellos deben aprobarla.

Ninguna Constitución es un documento perfecto, ni tampoco será la solución a nuestros problemas económicos y sociales. Esta no es la excepción, pero la pregunta es si mejora la situación actual o la empeora, y la respuesta definitivamente es que no empeora en nada la Constitución actual y la mejora en materias significativas. Me temo sin embargo que el voto popular no se rija por las virtudes del texto, sino que por una lógica emocional, en que los chilenos se debatirán entre aprobar por el fastidio con el proceso o rechazar por la rabia con la clase política.

Lo que sí está claro es que el 17 de diciembre no nos jugamos el futuro de Chile como el 4 de septiembre pasado. El 18 de diciembre amaneceremos igual que siempre y tendremos que levantarnos a trabajar, estudiar y respirar, como todos los días. A lo más tendremos una nueva Constitución, que confío será el inicio de la recuperación de nuestro progreso y desarrollo.