En los países sanos, el debate político escurre dentro de los márgenes de su Constitución y no es acerca de ella, al menos no frecuente ni prolongadamente. Nosotros llevamos más de 30 años, no solo discutiendo, sino también dividiéndonos por el tema constitucional. Ya van 4 dedicados a escribir una nueva. Los empresarios afirman que si no lo cerramos seguirá decayendo la inversión; la ciudadanía, por su parte, se manifiesta cansada de un debate interminable, que ya le provoca repudio. Parece llegada la hora de ponerle término.

Quienes sostienen que el anhelado cierre se logrará fácil y sencillamente aprobando el texto propuesto por la Comisión pecan, a mi juicio, de ingenuidad o están haciendo propaganda. Para ponerle término al proceso constituyente, necesitamos una que no provoque problemas institucionales graves y que despierte una razonable aceptación generalizada; o, al menos, no genere rechazo intenso en grupos relevantes.

Ciertamente no es fácil predecir qué le sucederá a Chile si se aprueba este texto. Con todo, y hasta donde llega mi capacidad de prever, el documento propuesto estará lejos de cumplir con estos dos requisitos. En primer lugar, porque el aumento significativo de principios nuevos y abiertos muy probablemente aumentará la incerteza jurídica y la judicialización. Estimo también probable que se debilite el combate a la delincuencia, en cuanto se ha consagrado el derecho a la seguridad, la que se puede reclamar judicialmente. Si los jueces empiezan a distribuir las dotaciones de carabineros, respondiendo a reclamos particulares, podemos estar seguros de que aumentará la delincuencia. Además, no me parece que una policía de fronteras, como la que se propone, ajena a la disciplina y cultura institucional de Carabineros, vaya a mejorar y puede empeorar el control migratorio y el tráfico de estupefacientes. Veo, enseguida, un riesgo severo para el combate a la corrupción, en cuanto a la Contraloría se le sobrepone un segundo organismo, que tendrá la función de “coordinarlo”. Auguro también una decadencia (corporativismo) del Poder Judicial, a partir de las reglas sobre su calificación y nombramientos. Y así hay otros.

Pero, más importante que todo lo anterior, la Comisión se dio tres gustos identitarios: en protección de la vida de quien está por nacer; en salud y en seguridad social, que generan y generarán el activo repudio del centro, la izquierda y el movimiento feminista. Lo del nasciturus mueve placas tectónicas que se habían aquietado con el texto constitucional vigente y el aborto en tres causales. Ahora no está claro cómo, dónde ni cuándo se estabilizará la situación con la nueva regla. En salud y seguridad social, Chile tiene una larga y asentada tradición de provisión mixta y de propiedad plena del trabajador sobre sus cuentas individuales. ¿Qué necesidad había o hay de cambiar las reglas vigentes? Mi impresión es que muchos en este proceso, especialmente en su etapa final, estimaron que, para que el texto se aprobara, debían plagarlo de normas populares. El problema es que los enunciados populares no suelen producir los efectos que la población demanda y a veces son solo populares para un sector. ¿Y el rechazo?, ¿pondrá término a nuestro largo proceso constituyente? No, no en sí mismo, a menos que se dieran cuatro condiciones copulativas: La primera, que los partidos de izquierda hicieran una declaración solemne y creíble de aceptar la legitimidad y respetar cabalmente la Constitución vigente. Segundo, que la misma izquierda y el centro se comprometieran solemnemente a concurrir a aprobar una reforma constitucional que ponga fin a la dispersión de los partidos, prohibiendo los pactos electorales o adoptando la regla del 5%, más la norma de que el parlamentario que renuncia a su partido pierde el escaño. Tercero, compromiso de incorporar las 12 bases al texto vigente. La última es subir, luego, el quorum de reforma a 3/5 para darle credibilidad a la estabilidad de la Constitución vigente.

Seguir en el debate constitucional es una irresponsabilidad. Es urgente volver a la política de los acuerdos, que hizo posible el desarrollo de Chile entre 1990 y 2010. Cerrar el proceso constituyente es un requisito necesario, aunque no suficiente de ese, el gran desafío. Para ello solo quedan dos alternativas: esperar, a mi juicio erradamente, que lo logre el texto que se propone o que lo haga la Constitución vigente, la que solo podría lograrlo con los requisitos ya enunciados.