Una de las cosas más preocupantes que le ocurren a una sociedad, y a una cultura, se produce cuando algunas distinciones obvias que se usan con naturalidad en el ámbito de la comunicación cotidiana, en el tráfico del día a día, ese con el que la gente se entiende sin problema alguno, comienzan a ser abandonadas. Y como las palabras tienen por objeto hacer distinciones en la realidad (para describir la cual se las usa), el resultado de ese abandono es que se comienza a mirar la realidad y a verla de manera basta, tosca, sin distinciones, en forma estrecha, carente de matices.

Así el deterioro de las palabras conduce irremediablemente a estropear la comprensión de la realidad.

Y a veces a cosas peores.

Es lo que está ocurriendo (según se ha podido observar en el debate sobre la ley de usurpaciones) con la palabra violencia y sus derivados como violento o violenta. En ese debate se observa un fenómeno alarmante que, bien mirado, causa daño: considerar violento a todo acto que se sienta o sea injusto.

Es obvio que un puñetazo es un acto violento, y para qué decir un balazo o un empujón fuerte, y es igualmente obvio que un escupitajo no lo es, tampoco un insulto o una injuria o una mueca o una expresión desdorosa. Un robo empuñando un revólver es violento, apropiarse furtivamente de una cosa dejada con descuido por el dueño no lo es. Una manifestación política con gritos y pancartas y rayados no es violenta; en cambio una marcha con bombas incendiarias, palos y pedradas sí lo es.

La mayor parte —el puñetazo, el balazo o el empujón, el escupitajo, el insulto o la injuria, los rayados con insultos— son actos o conductas incorrectas o injustas o al menos inciviles. De eso no hay duda. Pero nadie en sus esfuerzos de comunicación cotidiana diría que en todos ellos se ejerce violencia. Ningún padre (salvo que sea estúpido) para enseñar a su hijo que no diga insultos o no hurte el lápiz de su compañero de colegio, le diría que no debe ser violento.

¿Por qué entonces esta renuencia del Congreso —y la discusión encendida y por momentos obviamente irracional— a la hora de distinguir entre usurpaciones violentas y no violentas?

Alguna vez fue común hablar de violencia estructural (un derivado, es probable, del pecado social o estructural de que se habló en Medellín por parte de la Conferencia Episcopal), más tarde se ha hecho común en alguna literatura sociológica hablar de violencia simbólica (es el caso de los trabajos de Pierre Bourdieu que llama así a formas subterráneas de ejercicio del poder). Se alude con ello a precisas cuestiones teológicas o sociológicas que están lejos de la simpleza. El problema es que cuando esas distinciones se llevan al debate político o se las emplea con laxitud o se las desquicia por quien las aprendió de oídas, y se las enseña a los más jóvenes sin reflexión y sin pasar por el tamiz de la crítica, todo lo que resulta injusto o causa daño a alguien acaba siendo un acto de violencia. Y entonces la víctima de la injusticia pasa a ser una víctima de una agresión violenta. Y así las cosas ¿cómo no admitir que ella se defienda legítimamente empleando a su vez la violencia?

Eso fue exactamente lo que, en alguna medida, ocurrió en octubre del 19, del que muy pronto se cumplirán cuatro años. Y de manera sorprendente es lo que la derecha, o algunos de sus integrantes, ofuscados por lo que estiman injusto, están ahora sosteniendo: que toda usurpación, incluso furtiva y de brazos caídos, es violenta.

Para comprender lo absurdo y peligroso de ese maltrato de los conceptos (que puede ser resultado de la ofuscación, pero tampoco hay que descartar la tontería como causa) es útil retroceder cuatro años.

Si se reprochaba su violencia a quienes entonces con ira y entusiasmo apedreaban o incendiaban, estos respondían diciendo que su conducta era una respuesta a otra forma de violencia soterrada e invisible. Al conceptualizar la situación que sentían injusta como un acto de violencia no solo estaban estirando el sentido de este último concepto, sino que estaban describiendo el acto de incendiar, apedrear o saquear como un acto de defensa legítima, y así quien incendiaba iglesias, apedreaba policías, y saqueaba comercios, aparecía como una víctima que simplemente se defendía como se defiende la víctima que es agredida a puñetazos.

Se comprende entonces cuánto daño puede causar el mal uso de las palabras, su uso metafórico o extendido o analógico, cuánto perjuicio se produce cuando se emplea la palabra violencia o sus derivados para describir en la esfera de la política a las situaciones injustas, porque entonces la consecuencia más obvia es que la respuesta violenta frente a la injusticia pasa a estar legitimada, pasa a ser perfectamente correcta e incluso el Estado aparece como un gigantesco agresor.

Y cuando esa forma de describir la realidad se expande y se extiende, y se repite aquí y allá, basta un paso más para que la vida social sea descrita como una riña masiva o un pugilato soterrado, o lo que es peor como una guerra contenida y disfrazada, donde incluso se llegará a creer que el místico que se niega a matar una mosca o siquiera a espantarla, está en realidad fingiendo.