El actual proceso constitucional cuenta con dos cuerpos deliberativos, el Consejo electo y la Comisión Experta. Y en la fase que viene, esta última revisará el trabajo de la primera, ¿en qué consistirá su tarea?

La verdad es que no es muy fácil entenderla.

Si nos atenemos al título con el que se ha investido a sus integrantes —expertos—, debiera arribarse a la conclusión de que su papel es estrictamente técnico; pero ¿qué quiere decir que sea técnico? En su sentido más obvio (y si olvidamos por un momento otros análisis que nos llevarían muy lejos y según los cuales lo técnico es una forma de captar lo que existe), la técnica es un saber meramente instrumental, es decir, un saber que atinge a los medios, pero no a los fines; no a lo que debemos perseguir, sino a las diversas formas de alcanzarlo. El técnico sabe cómo lograr esto o aquello; pero no sabe si es esto o aquello lo que debe perseguirse.

Si esa definición es correcta —y lo es—, el problema de los expertos se complica, porque lo que parece ser un problema en el debate constitucional no tiene que ver con los medios, es decir, con la forma de alcanzar este o aquel fin, sino que se relaciona con estos últimos, o sea, con los propósitos que las normas deben realizar. Las divergencias en el actual debate constitucional no derivan de la ignorancia acerca de cómo lograr esto o aquello, sino a la falta de acuerdo de lo que debe ser perseguido.

Un par de ejemplos permite asomarse a ese problema.

Veamos el tema del aborto, que ha rondado en los días previos. El problema en este caso no es una discrepancia acerca de cómo proteger o desproteger al embrión. No es un asunto de medios. El problema es que hay algunos que piensan que, en un cierto plazo, la existencia del embrión debe estar entregada a la voluntad de la madre y otros que sostienen que debe ser independiente de esa voluntad. Y es obvio que esa discrepancia no puede ser zanjada por conocimiento técnico alguno, puesto que es una discrepancia de índole moral, entregada al discernimiento de los ciudadanos. Tomemos un ejemplo. La presidenta Verónica Undurraga: ¿En qué sentido su saber experto le permitiría dirimir la cuestión moral de la humanidad o no del nasciturus?

Otro ejemplo es el de la provisión de ciertos bienes. Hay quienes piensan que la única forma de asegurar que ciertos bienes básicos estén a disposición de todos, bajo condiciones de igualdad, es que los provea el Estado. Y hay otros que creen que debe asegurarse el acceso básico a ciertos bienes, pero, al mismo tiempo, permitir que se elija al proveedor público o privado y que en ello influya la renta. Salta a la vista de nuevo que no se trata en este caso de una discrepancia técnica, algo que un experto o experta pudiera dirimir o resolver. Se trata, en realidad, de una discrepancia de índole política y relativa a si debe haber igualdad en el acceso a ciertos bienes, como la educación, por ejemplo, o si debe permitirse que haya entre las personas diferencias al compás de la renta. Tomemos otro ejemplo, esta vez de alguien que si no es experto es experimentado (que no es lo mismo), Hernán Larraín: ¿En qué sentido el exministro y militante de la UDI tiene ventajas o saber técnico que le permitieran dirimir ese problema? Él tiene posición frente a ese problema, pero no un saber que le permita resolverlo.

Por supuesto, no hay nada de desdoroso en esa incapacidad de la técnica o del saber que es producto de la experiencia, en esa impotencia para señalar qué fines últimos debiéramos perseguir o qué bienes finales proteger.

Pero lo que todo lo anterior pone de manifiesto es que se están cifrando demasiadas esperanzas en un saber que no existe (porque, como ya vimos, el saber acerca de los fines no es un asunto de técnica) o se está llamando saber técnico a lo que no es más que una política más reflexiva, menos dependiente del electorado.

No cabe duda.

Lo mejor y más honrado y conceptualmente más riguroso, es aceptar que la función de la llamada Comisión Experta no es una tarea técnica o algo propio de expertos (puesto que, como ya vimos, los problemas a resolver no son de medios sino de fines), sino que se trata de una cuestión política. Y que entonces en la fase que viene no es verdad (o es fruto de la ignorancia que en estos temas abunda) que hay un diálogo entre políticos y expertos, porque lo que va a ocurrir es que habrá un diálogo entre quienes desempeñan el papel de políticos designados por los partidos (los llamados expertos) y políticos elegidos directamente por la ciudadanía (los consejeros).

O sea, habrá un diálogo encubierto entre los partidos (cuya voz llevarán los llamados expertos) y la ciudadanía (que eligió directamente a los consejeros y consejeras para este fin).

No hay nada de malo en todo eso, salvo la impostura o la tontería de llamar expertos a quienes están llamados a negociar como políticos.