Nuestro panorama económico se ha deteriorado. Ha sido un retroceso lento y gradual. Pero este año es simbólico: según Cepal, los únicos países latinoamericanos que no crecerán el 2023 son Haití, Argentina y Chile. Si entre 1985 y 2013 crecíamos a un promedio del 6%, en los últimos diez años hemos rasguñado un 1%. El año 2013, según la encuesta CEP, un 47% de los chilenos creía que Chile estaba progresando. En la última encuesta solo un 14% cree que progresamos y para un 86% el país está estancado o en decadencia. El viejo jaguar latinoamericano gruñe y ronronea en una jaula cuyas rejas conocemos.

También seguimos cayendo en el ranking de libertad económica. Hace diez años estábamos entre los top ten del mundo. Fuimos el número 9 el 2011, 7 el 2012 y 8 el 2013. Aunque todavía lideramos Sudamérica —Costa Rica ya nos pasó—, en el último informe bajamos al lugar 30, con Perú y Uruguay pisándonos los talones. La productividad hace ya tiempo es un conocido problema. Y la “permisología” ya es parte de nuestro vocabulario cotidiano (fíjese en un detalle: en Chile no hablamos de “tramitología” como el “arte o ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar los trámites”, sino de “permisología”, poniendo el foco en un permiso que se pide, no en un trámite que se gestiona).

El mercado laboral sigue rezagado. No despega. El desempleo se encuentra en 8,8% y para recuperar las tasas prepandemia se necesitaría contratar a unas 500.000 personas. Con la inversión floja, las perspectivas para aumentar el empleo son todavía bajas. Los sueldos tampoco repuntan. Y los más afectados, vaya novedad, son los más pobres.

Chile tiene las mayores reservas de litio. Era la panacea, ese mágico remedio que todo lo curaría. El año pasado SQM y Albemarle aportaron más de 5 mil millones de dólares al Estado. Fue el doble que Codelco. Pero el sueño del litio fue asfixiado por un anuncio presidencial: el Estado controlaría el 51%. Mientras seguimos hablando de esa estrategia, se descubren nuevos yacimientos y las empresas que saben del tema invierten fuera de Chile. Y como si Codelco no tuviera suficientes problemas con el cobre —este primer semestre aportó menos que el BancoEstado y Enap a las arcas fiscales—, se especula sobre su rol para sacar adelante el nuevo sueldo de Chile. Cuesta entender esta realidad.

Pero este estancamiento y decadencia tiene causas políticas. En el siglo XVIII y XIX se hablaba de economía política como una sola gran disciplina. La economía, bien lo sabemos, camina de la mano de la política. Y la política también se mueve al ritmo de la economía. Sin buena política, no hay economía sana. Por eso la economía necesita de buenas políticas. Es un equilibrio frágil que ahora está sometido a la balanza constitucional.

La nueva Constitución debiera incluir reformas al sistema político para mejorar la gobernabilidad. Nuestra sala de máquinas necesita mucho más que un cambio de aceite para recuperar el ritmo de la economía política. Ya llevamos diez años de deterioro y cuatro años empantanados en la discusión constitucional. Es fundamental sacar adelante una buena Constitución para ponernos a trabajar en los problemas reales. La economía y la política no pueden esperar.

La declaración del Senado para los 50 años fue una señal esperanzadora, un ejemplo de lo que es la buena política en una democracia representativa. Sin aspavientos, la Cámara Alta, que algunos pretendían eliminar, estuvo a la altura. En los momentos difíciles, todavía hay espacio para acuerdos.

Quizá Chile ya no volverá a ser el jaguar que rugía y lideraba Latinoamérica. Pero podemos retomar ese camino que fue tan vilipendiado por la nueva élite gobernante. La nueva Constitución es la oportunidad para romper esas rejas, retomar los acuerdos y salir del marasmo que nos aqueja.