Hoy se cumplen 265 días desde que el Gobierno envió su reforma previsional al Congreso. Casi 10 meses después y luego de renovar 8 veces la urgencia del proyecto, no muestra avances en su tramitación. Ello deja una vez más de manifiesto lo complejo que es avanzar en reformas de esta naturaleza. Bien lo saben los expresidentes Bachelet y Piñera.

Hay una historia que se repite, como en aquella película —“El Día de la Marmota”— en que el protagonista despierta cada mañana para revivir siempre el mismo día. Tanto en los dos casos anteriores como ahora la reforma se entrampa no en torno a la necesidad de aumento de la tasa de cotización, en lo que hay consenso, sino en cuál es el destino de esos nuevos recursos y quienes los gestionan y administran.

La discusión se centra en cuánto del alza de la cotización obligatoria debiera financiar las pensiones del propio trabajador y cuánto las pensiones de otros; cuánto debería ir a las cuentas de ahorro personal para la vejez y cuánto a ser repartido entre otros trabajadores, mediante el llamado “fondo de ahorro colectivo”. En un inicio, este Gobierno apuntaba a un 6-0, nada del aumento destinaba a las cuentas de ahorro individuales. Ahora plantea un 4-2. Algunos ya plantean que se puede incluso llegar a un acuerdo de 3-3. Recordemos que la propuesta de la expresidenta Bachelet también hablaba de un aumento de 5 puntos de la cotización, donde 2 puntos se destinaban a un fondo de redistribución y 3 a las cuentas de ahorro personales. Pero aquello tampoco prosperó.

En las distintas reformas propuestas en el pasado, solo se logró consenso y cambios al componente solidario de nuestro sistema de pensiones y ellos han tenido un impacto enorme que razonablemente debería incluirse en la discusión actual. La realidad de las pensiones es sustantivamente distinta a la de 2017. En efecto, el año 2017 aumentaron los beneficios previsionales en un 10%para quienes contaban con menores ahorros para su jubilación. A fines del 2019, crecieron en un 50% adicional. Finalmente, el año 2022 se implementó la Pensión Garantizada Universal PGU, lo que implicó un aumento adicional a quienes tenían bajos niveles de ahorro previsional. Ello se tradujo finalmente en que el piso mínimo de pensión, en términos nominales se duplicó entre los años 2017 y 2023, pasando desde casi $103.000 mensuales a $206.000, lo que en términos reales implicó un incremento del 66%. Adicionalmente, se extendió el apoyo estatal a un número mayor de personas, aumentando desde el 60% de la población de menores recursos al 90%. En estos años, el total de personas que reciben apoyo estatal aumentó en un 27%.

En consecuencia, el mayor monto de la pensión pagada por el Estado, sumado al aumento de las personas elegibles para recibirlo, de acuerdo a estimaciones para 2023, implica un gasto en torno a 2,3% del PIB, casi 2 veces del gasto total del componente solidario de nuestro sistema de pensiones al año 2020.

Estos cambios representan un fortalecimiento y expansión importante del componente solidario en nuestro sistema de pensiones. Ello necesariamente debe tomarse en consideración al momento de proponer cambios a las cotizaciones de los trabajadores.

Como es manifiesto que no existe acuerdo respecto del destino del aumento de la cotización, resulta evidente la conveniencia de dar pasos en otra dirección. Por un lado, está el desafío político/técnico de sincerar la tasa de reemplazo que se busca alcanzar con apoyo estatal para los sectores de menores ingresos. De lo contrario, desde la política siempre se podrá reclamar que las pensiones son insuficientes, soslayando que el problema se origina y es un reflejo de la falta de ingresos durante la vida laboral.

Por otro lado, es necesario dejar de empujar reformas maximalistas y refundacionales respecto del componente financiado con el aporte de los trabajadores y profundizar y ampliar las instituciones responsables de la administración y gestión de los fondos, a partir de lo ya construido, pero como base que todo aumento de la cotización vaya a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores.

Me parece que es lo técnicamente más adecuado y además refleja lo que siente la ciudadanía. Cuando lo técnico y lo popular se alinean en un mismo sentido en un tema tan sensible como las pensiones, sería inentendible que la política insista en discutir propuestas en la dirección contraria y que ya fracasaron ayer, anteayer y…