Al cumplirse en septiembre el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado, ya se evocan distintos acontecimientos asociados, según sea el significado que tiene para distintos sectores. Para unos, el hecho representa la ruptura de nuestra democracia y dolor indeleble por crímenes horrorosos y condenables ocurridos con posterioridad. Otros rememoran sucesos de los años previos y, en este sentido, el Presidente Boric señaló que “desde la izquierda” habría que analizarlos “con mayor detalle y no de una perspectiva mítica” (la inmolación del Presidente Allende).

Pongo un punto. Con antelación al Golpe hubo situaciones de hecho, conocidas, con las cuales se transgredió la Constitución y las leyes. Pero una de mayor impacto fue la posición que adoptó el entonces Partido Socialista (PS) y que profundizó en los años de gobierno.

Tras la tercera derrota presidencial de Allende, en 1964, el PS estimó insuficiente la vía electoral para llegar a gobernar y se alineó con “una concepción marxista leninista consecuente” en el Congreso de Linares de 1965, dejando abierta la senda para adoptar una estrategia insurreccional, como se hizo patente dos años después, en el Congreso de Chillán, declarando que “la violencia revolucionaria es inevitable y legítima… la única vía que conduce al poder político y económico”. En esta situación se sumó a la UP, en 1969, considerando que ese proceso democrático representaba un paso complementario al fin señalado. Y, a poco andar, en el Congreso de La Serena de 1971, su comité central de 47 miembros fue dominado por quienes adherían a los postulados del “Che” Guevara, autor de la tesis de la lucha armada como único camino, y se eligió a Carlos Altamirano como secretario general. A esas alturas, el PS coincidía con la posición del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuyo origen fue guevarista (1965), todo a vista y paciencia del Presidente.

Ya en febrero de 1972 se encendieron las alarmas, cuando la Comisión Política del PS declaró la necesidad de destruir el “Estado burgués” porque hacía imposible la construcción del socialismo. Los trabajadores debían ejercer la dominación política, conquistar todo el poder e instaurar la dictadura del proletariado. Reconocían que “ese acierto histórico leninista” no estaba en el programa de gobierno, pero tenía sentido plantearlo porque a esas alturas “se hacían migajas las ilusiones evolucionistas de los reformistas” (PC y otros grupos). Asumió el convencimiento de que no había “posibilidad de transformación total del sistema actual sin quiebre, sin salto cualitativo, sin destrucción de la actual constitucionalidad, en última instancia será el enfrentamiento violento el que decidirá quién es el vencedor”. Así se fijó un cometido.

Existen los documentos, son citados y el proceso en general está analizado en varios libros. Esto fue lo que dividió a la UP y hasta el final el PS se opuso a las fórmulas que el Presidente procuraba implementar para estabilizar la situación caótica del país. No sabemos qué habría pasado si el plebiscito de última hora, que Allende propondría al país, hubiese sido votado por la ciudadanía. Pero en 1973 todo dice que nuestra democracia estaba en la cornisa.