La educación superior (ES) vuelve a estar en el debate constitucional luego de que la Comisión Experta alcanzara un acuerdo de mínimos comunes. En efecto, solo es mencionada una vez, garantizándose que el Estado respetará la autonomía de las instituciones que la imparten.

No muy distinto es lo que declaran las Constituciones a nivel mundial. Únicamente un reducido número de ellas nombra a la ES o a las universidades. Y, en tal caso, solo en relación con alguna de estas tres materias: el derecho de acceso a la ES, la autonomía de las instituciones universitarias y la libertad de enseñanza, investigación y estudio.

A su turno, en Chile, la ley 21.091 sobre educación superior de 2018 contiene de una manera bastante consensuada los principios jurídicos fundamentales, y las principales coordenadas orgánicas, del sistema e instituciones de ES.

En efecto, ella se inspira en los principios de autonomía, calidad, cooperación, diversidad de proyectos educativos institucionales, inclusión, libertad académica, participación, pertinencia, respeto y promoción de los derechos humanos, transparencia, trayectorias formativas y articulación, acceso al conocimiento y compromiso cívico. En este caso, lo que abunda no daña.

En el plano orgánico, la ley agrega de manera expresa que nuestro sistema es de provisión mixta, componiéndose por dos subsistemas (el universitario y el técnico profesional) y tipos instituciones (estatal y no estatal). En lo demás, crea un régimen de trato equitativo para las instituciones, impulsa un Estado regulador y evaluativo, y mantiene un esquema de costos compartidos, con recursos públicos y privados.

¿Por qué revive entonces el debate sobre el estatuto constitucional de nuestra ES? Básicamente, porque desde distintos lados se desearía ir más allá de un acuerdo de mínimos comunes y, de paso, abrir la puerta a una posterior modificación de la ley de 2018. Por ejemplo, hay quienes buscan distinguir categorías de instituciones y establecer protecciones para unas u otras, creando para ellas tratos preferentes por parte del Estado. Por otro lado, hay quienes preferirían un sistema con mínimas regulaciones públicas, donde mande la competencia por resultados, ya sea en la generación de ingresos, la empleabilidad de los titulados o el prestigio derivado del capital reputacional.

Chile conoció ambos extremos; tanto una fuerte burocratización e intervención política de las universidades post 1973, así como también una falta de políticas y reglas para garantizar calidad y equidad, durante los años 1980. Luego, a partir de 1990, se fue desarrollando gradualmente una coordinación del sistema que combina: (i) la presencia de un Estado regulador y evaluativo, (ii) con instituciones autónomas y diversas entre sí, las que (iii) compiten por generar valor público para la sociedad en su conjunto.

Este esquema generó un fuerte dinamismo en la ES chilena y quedó consagrado en la ley de 2018. Llevó al sistema a proporcionar acceso universal a un amplio espectro de formaciones académicas, profesionales y técnicas; a poseer una comunidad científica altamente productiva y con un buen nivel de impacto, y a ocupar un lugar destacado en la sociedad y en la percepción de la opinión pública encuestada.

Pues bien, alcanzado este punto, ¿por qué en vez de disputar por la hegemonía de uno u otro grupo de instituciones, el conjunto de ellas no aborda los problemas de fondo que tenemos frente a nosotros, los cuales son numerosos, intrincados y algunos amenazantes?

Efectivamente, el sistema nacional de ES está perdiendo dinamismo. De un lado, se halla constreñido por una disminución de recursos; del otro, por el incremento de costos de las funciones académicas que impone el régimen de acreditación. En breve, las instituciones deben mejorar continuamente su calidad al mismo tiempo que su financiamiento deja de crecer y se vuelve inestable.

Por su lado, el Gobierno parece ajeno a las preocupaciones del sector y carece de políticas incidentes. No hay una visión de mediano plazo, no existe una estrategia de fomento, no se aborda ninguna de las cuestiones pendientes: reforma del sistema de créditos estudiantiles, aranceles mal definidos, ampliación de los proyectos Fondecyt, fortalecimiento de la educación técnico-profesional, transparencia en la asignación de recursos, etc.

Más preocupante aún es la generalizada falta de interés por los asuntos que hoy agitan a las instituciones de ES, los gobiernos y a la sociedad civil de los países desarrollados, pero que en Chile brillan por su ausencia. Mencionaré tres.

Primero, el rediseño de la formación de primer grado (pregrado) a la luz de los cambios en las disciplinas de conocimiento, la rápida expansión de la información disponible, la digitalización de la enseñanza y el aprendizaje, y las nuevas habilidades demandadas por el mundo del trabajo, la ciudadanía y la convivencia. Sin duda, hay una alta probabilidad de que este nivel formativo experimente innovaciones disruptivas durante las próximas décadas.

Segundo, la transformación de las universidades —antiguas instituciones con una cultura colegial— en organizaciones burocrático-competitivas preocupadas por desarrollar con eficiencia y efectividad su triple misión formativa, de investigación e involucramiento con el medio. La pregunta aquí es cuánta racionalización formal admiten las universidades antes de destruir sus propias bases y perder el alma, como suele decirse.

Tercero, la gobernanza de los sistemas nacionales de ES que, como subraya un reciente informe de la OCDE, se ha vuelto extraordinariamente compleja. Ha debido hacerse cargo de un número creciente de instituciones no estatales, de la universalización del acceso y la heterogeneidad de las y los estudiantes, y de un rápido aumento de regulaciones públicas y rendiciones de cuenta. La gobernanza ha dejado así de ser una prerrogativa exclusiva del Estado y actualmente se despliega en varias direcciones y niveles, incorporando a diversos actores y partes interesadas. Este reto se encuentra aún sin respuesta en Chile.