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RenovarColumnistas
Sábado 27 de mayo de 2023
La hora de la derecha
"La derecha puede asegurarle a Chile un mejor Estado si mejora el texto de los expertos. También puede dejarse llevar por su ideología y devolvernos a una Constitución feble e inestable, como fue la del 80".
Se debate intensamente en qué forma la Constitución debe consagrar el derecho de los padres a educar a sus hijos.
Mientras, la educación pública se cae a pedazos, sin que el Estado de Chile haga mayor cosa por sostenerla. Se controvierte con fervor acerca de si y cómo la Carta Fundamental debe consagrar la libertad de los afiliados al sistema de salud de elegir entre aseguradores públicos o privados. Mientras, las aseguradoras privadas arriesgan quebrar por culpa de 10 años de inacción legislativa para volver a regular el precio de esos seguros después de un fallo del TC y ahora por la decisión de la Corte Suprema de entrarle al problema con sentencias de carácter general, para cuya dictación no es competente, cuyos procesos no le permiten hacer eso bien y vulnerando ostensiblemente reglas de debido proceso. El debate constitucional se centra también en el administrador de fondos de pensiones, mientras el sistema político lleva 20 años mostrándose incapaz de concordar reformas de pensiones, que resultan urgentes.
Los problemas constitucionales de Chile no son de declaraciones identitarias y ni siquiera tanto de derechos. El problema constitucional de Chile es que las reglas hacen aún más difícil (que lo que ya hace el ambiente político) que el Estado aborde y solucione los problemas que aquejan a la gente. El problema constitucional de Chile es la mala manera en que organiza el poder político.
La derecha tendrá ahora el control absoluto del proceso constituyente. Tendrá el derecho legítimo (conforme a las reglas) de restablecer vaguedades jurídicamente inútiles que le son muy queridas, como la subsidiariedad, el derecho preferente de los padres a educar a los hijos o reservar un capítulo propio para las Fuerzas Armadas y de Orden; podrá también consagrar la existencia de aseguradores privados de salud, cuando ningún programa político relevante amenaza aquello, o la existencia de seguros privados previsionales, que tampoco están en cuestión.
Si lo hace, la derecha no podrá, sin embargo, explicar nunca por qué esos principios y reglas se necesitan en una Constitución y cómo es que no son otra cosa que su propio programa político elevado a rango constitucional, normas que no tienen otra función que la de evitar que sus adversarios deshagan su obra cuando lleguen al poder.
Si la derecha en el Consejo decide darse el gusto de entronizar su programa político, no lo hará más duradero. Volveremos a debatir acerca de la Constitución y no dentro de la Constitución, como nos hemos pasado haciendo desde 1980 a la fecha, generando enemistad cívica e incerteza entre los inversionistas. Mantenerlo no es patriótico.
Los consejeros constitucionales recibirán de los expertos un texto con poca carga ideológica. Así lo quiso la imposibilidad de cada una de las tendencias de aprobar sus propias preferencias programáticas. El texto —virtuoso en su neutralidad— llevará la firma de todas las fuerzas políticas y, por lo mismo, todas ellas quedarán obligadas a respetarlo, a condición de que no se le incorporen, de ahora en más, cambios propios de un programa político. Ese es el riesgo que corre la derecha. Autocontenerse no resultará fácil.
¿Queda tarea para el Consejo Constitucional? Sí, y muy relevante. Algunos de los males institucionales de Chile se abordan bien en el texto de los expertos; otros no, como la ausencia de bases del sistema electoral. Para poner coto a la dispersión de partidos, el texto se queda corto y adopta remedios que frustrarán a no pocos electores. Se proponen nuevos mecanismos virtuosos; otros son harto discutibles o aparecen como riesgosos de crear nuevos problemas y trabas en el funcionamiento del sistema político chileno. Normas que, al menos a primera vista, amenazan la iniciativa exclusiva del Presidente; debilitan la democracia representativa; arriesgan el control del gasto fiscal; empeoran gravemente la calidad del sistema judicial con un mal sistema de nombramiento y calificación de los jueces y otras análogas.
La propuesta de los expertos en estos y otros temas merece una segunda mirada pausada, analizando en detalle y buscando con creatividad y sentido práctico aquello que permitirá que el Estado de Chile funcione mejor y detectando los problemas que acarrearán las nuevas reglas que se están proponiendo. Si la derecha se dedica a estas correcciones y refrena sus ganas de entronizar su programa, habrá hecho una enorme contribución.
Mientras, la educación pública se cae a pedazos, sin que el Estado de Chile haga mayor cosa por sostenerla. Se controvierte con fervor acerca de si y cómo la Carta Fundamental debe consagrar la libertad de los afiliados al sistema de salud de elegir entre aseguradores públicos o privados. Mientras, las aseguradoras privadas arriesgan quebrar por culpa de 10 años de inacción legislativa para volver a regular el precio de esos seguros después de un fallo del TC y ahora por la decisión de la Corte Suprema de entrarle al problema con sentencias de carácter general, para cuya dictación no es competente, cuyos procesos no le permiten hacer eso bien y vulnerando ostensiblemente reglas de debido proceso. El debate constitucional se centra también en el administrador de fondos de pensiones, mientras el sistema político lleva 20 años mostrándose incapaz de concordar reformas de pensiones, que resultan urgentes.
Los problemas constitucionales de Chile no son de declaraciones identitarias y ni siquiera tanto de derechos. El problema constitucional de Chile es que las reglas hacen aún más difícil (que lo que ya hace el ambiente político) que el Estado aborde y solucione los problemas que aquejan a la gente. El problema constitucional de Chile es la mala manera en que organiza el poder político.
La derecha tendrá ahora el control absoluto del proceso constituyente. Tendrá el derecho legítimo (conforme a las reglas) de restablecer vaguedades jurídicamente inútiles que le son muy queridas, como la subsidiariedad, el derecho preferente de los padres a educar a los hijos o reservar un capítulo propio para las Fuerzas Armadas y de Orden; podrá también consagrar la existencia de aseguradores privados de salud, cuando ningún programa político relevante amenaza aquello, o la existencia de seguros privados previsionales, que tampoco están en cuestión.
Si lo hace, la derecha no podrá, sin embargo, explicar nunca por qué esos principios y reglas se necesitan en una Constitución y cómo es que no son otra cosa que su propio programa político elevado a rango constitucional, normas que no tienen otra función que la de evitar que sus adversarios deshagan su obra cuando lleguen al poder.
Si la derecha en el Consejo decide darse el gusto de entronizar su programa político, no lo hará más duradero. Volveremos a debatir acerca de la Constitución y no dentro de la Constitución, como nos hemos pasado haciendo desde 1980 a la fecha, generando enemistad cívica e incerteza entre los inversionistas. Mantenerlo no es patriótico.
Los consejeros constitucionales recibirán de los expertos un texto con poca carga ideológica. Así lo quiso la imposibilidad de cada una de las tendencias de aprobar sus propias preferencias programáticas. El texto —virtuoso en su neutralidad— llevará la firma de todas las fuerzas políticas y, por lo mismo, todas ellas quedarán obligadas a respetarlo, a condición de que no se le incorporen, de ahora en más, cambios propios de un programa político. Ese es el riesgo que corre la derecha. Autocontenerse no resultará fácil.
¿Queda tarea para el Consejo Constitucional? Sí, y muy relevante. Algunos de los males institucionales de Chile se abordan bien en el texto de los expertos; otros no, como la ausencia de bases del sistema electoral. Para poner coto a la dispersión de partidos, el texto se queda corto y adopta remedios que frustrarán a no pocos electores. Se proponen nuevos mecanismos virtuosos; otros son harto discutibles o aparecen como riesgosos de crear nuevos problemas y trabas en el funcionamiento del sistema político chileno. Normas que, al menos a primera vista, amenazan la iniciativa exclusiva del Presidente; debilitan la democracia representativa; arriesgan el control del gasto fiscal; empeoran gravemente la calidad del sistema judicial con un mal sistema de nombramiento y calificación de los jueces y otras análogas.
La propuesta de los expertos en estos y otros temas merece una segunda mirada pausada, analizando en detalle y buscando con creatividad y sentido práctico aquello que permitirá que el Estado de Chile funcione mejor y detectando los problemas que acarrearán las nuevas reglas que se están proponiendo. Si la derecha se dedica a estas correcciones y refrena sus ganas de entronizar su programa, habrá hecho una enorme contribución.
