Después de algunas semanas de arduas negociaciones, la Comisión Experta —encargada de redactar un anteproyecto de Constitución— alcanzó un acuerdo amplio en torno a los principales nudos pendientes. Así las cosas, todo indica que los consejeros electos que asumirán en junio recibirán un texto consensuado por todo el arco político, desde el Partido Republicano al Comunista. El hecho es digno de ser destacado: este bien podría ser la primera señal del camino que nos permita cerrar el ciclo constitucional.

Es imposible negar, en todo caso, que el diálogo adquirió un ritmo distinto a partir de los resultados del 7 de mayo, que pusieron mucha presión al trabajo de los expertos, y sobre todo a los oficialistas. En ausencia de consensos, la derecha habría tenido la cancha mucho más abierta para imponer unilateralmente sus puntos de vista en el Consejo. Debe decirse que, en este punto, los expertos leyeron correctamente el cuadro político, y sacaron las conclusiones del caso: más vale pájaro en mano que cien volando. Todo esto no viene sino a corroborar que el diseño de un proceso mixto, que combina diversas etapas, mecanismos y fuentes, era la salida más razonable a nuestro embrollo constitucional. Cabe recordar que, hasta hace pocos meses, la izquierda miraba con recelo tanto los bordes como los expertos (inaceptables imposiciones oligárquicas a la soberanía popular). Sin embargo, en un escenario volátil la construcción de legitimidad en el mediano y largo plazo no pasa por ganar una o dos elecciones puntuales, sino que en la mixtura sana de instancias que se contrapesen entre sí.

Esto se confirma si atendemos un momento al futuro próximo. Es cierto que las derechas cuentan con la mayoría del Consejo, pero al haber un texto consensuado resulta impensable que alguien aspire a partir de cero. Evidentemente, una decisión así pagaría un costo elevado de cara a la opinión pública: ¿por qué desechar de plano el trabajo realizado por expertos representantes de todos los sectores? Este fue el defecto de la fallida Convención: fue tanta la insistencia en la implausible “hoja en blanco”, que se buscó construir todo de nuevo. Esa tentación se vuelve improbable hoy, y es de justicia conceder al mérito que hay quienes dibujaron el proceso.

Ahora bien, nada de lo señalado implica que al Consejo le asista la obligación de aceptar tal cual la propuesta. Eso no sería razonable, porque equivaldría a afirmar que la opinión de los electores es irrelevante. Es obvio que habrá cambios, que se abrirán nuevas discusiones y seguramente se zanjarán algunas cuestiones que los expertos dejen abiertas. Sin embargo, esas enmiendas tendrán lugar a partir de un borrador que tiene su peso y su pertinencia. De hecho, el gran desafío de las derechas —y, en particular, del Partido Republicano— será elegir qué batallas dar, qué teclas tocar y con cuánta intensidad. La colectividad liderada por José Antonio Kast deberá mostrar mucho tacto para dosificar estas dimensiones, y en esa capacidad se juega buena parte de su futuro político. De no mostrar capacidad de conducción, su credibilidad se verá severamente dañada. Si aprieta mucho o si quiere ir demasiado lejos, corre el riesgo de que la propuesta sea rechazada, y será vista como responsable del fracaso.

Para decirlo en otros términos, es posible que estemos en el inicio de un círculo virtuoso, y que los incentivos cruzados empiecen a alinearse en la dirección correcta. De hecho, a la izquierda tampoco le conviene un nuevo fracaso, y pagaría costos altos si decide desembarcarse del proceso sin motivos fundados. Si se quiere, este es el mérito central de la Comisión Experta: haber comprometido moral y políticamente a quienes son minoría en el órgano electoral (y habría ocurrido lo mismo con un resultado electoral inverso).

Con todo, una interrogante fundamental recae sobre el Presidente Gabriel Boric. En efecto, la gran pregunta es si estará dispuesto a poner sobre la mesa su capital político para el éxito del proceso. Sería, de algún modo, el gesto decisivo de su evolución, desde el antagonismo radical durante su vida parlamentaria hacia la articulación con la derecha republicana. En rigor, Gabriel Boric no tiene menos responsabilidad que José Antonio Kast, en la medida que su administración quedará definitivamente marcada por el plebiscito de diciembre. Además, para el Presidente no tiene mayor sentido arriesgar una tercera derrota electoral al hilo, y quedar abajo del tren constituyente que su generación lleva años impulsando.

La alternativa de la colaboración tiene otra ventaja significativa: pacificar cuanto antes el tema constitucional le permitiría a la clase política dedicar sus energías a las urgencias ciudadanas y al malestar social (que sigue allí, esperando). En una escena tan frágil y cambiante como la nuestra, lo más aconsejable es desactivar cuanto antes una cuestión explosiva que amenaza la estabilidad de todo el sistema. Solo queda ver si los principales responsables —Gabriel Boric y José Antonio Kast— estarán a la altura del desafío.