El pasado domingo, más del 56% votó por la derecha. En Estados Unidos eso se llamaría “landslide”, una avalancha: sepulta a su víctima —en este caso a la coalición gobernante—, dejándola en riesgo vital.

La estrategia que le va quedando al Gobierno, de antigua data, es dividir para gobernar.

El oficialismo ya está en eso. Ha enviado mensajes a la centroderecha —Chile Vamos—, para que se distancie de la derecha a secas —los republicanos—. La invita a llegar a acuerdos para aprobar las reformas del Gobierno. Se habla de la tributaria, la previsional y la Estrategia Nacional del Litio; no cuenta el royalty minero porque ya está en recta final.

Sin embargo, lo que el Gobierno parece entender por acuerdos —y esto ya ha ocurrido— es proponer algún “intermedio”, pero sin modificar sustantivamente sus diseños originales, ni ceder en los parámetros más preponderantes.

¿Le conviene a la centroderecha negociar tal intermedio? Le convendría, si la socorrida táctica de acercarse a las ideas del contrario para capturar más votos, inspirada en el “teorema del votante mediano”, fuera aún válida.

Pero el caso es que ya no lo es. La intentó Lavín, declarándose “Bacheletista Aliancista”, y fracasó. La reintentó Sichel en las presidenciales y llegó cuarto. Boric, en cambio, resultó electo sin recurrir a intermedios: no hizo atisbo alguno de concesiones a la tienda contraria.

Hoy se juega otro partido: la competencia, sin ambages, entre el ethos conservador y el de izquierda. El primero halla sus raíces en la protección del orden social del caos, agregando un énfasis en las libertades individuales, mientras no se toquen valores tradicionales. El segundo se enfoca en transformaciones radicales y confía en la razón, más que en la tradición, para el rediseño social.

Ambos tocan emociones profundas. El conservador, el temor al descalabro; el de izquierda, el ánimo transformador.

Los humanos portamos ambas emociones, pero se nos revelan, ya una, ya otra, dependiendo del contexto; nos mueve la emoción del momento (Kay y Eibach, 2012).

En períodos de relativa calma, ignoramos el temor al caos del que alerta el conservador y nos inclinamos por iniciativas transformadoras —siempre hay mucho que mejorar—, haciéndonos algo izquierdistas.

En períodos de incertidumbre, sin embargo, nos sale el conservador, porque advertimos al mundo como peligroso. El resultado del domingo pasado se explica por el éxito del Partido Republicano que, apegándose al ethos conservador —mientras la centroderecha jugaba por enésima vez al votante mediano—, supo leer el temor que experimentaban millones: la amenaza del descalabro y la descomposición social.

¿Cómo debería responder la centroderecha, entonces, ahora invitada por el Gobierno a lograr acuerdos? Difícil decisión. Si se niega, atrincherándose en el ethos conservador anidado en el Partido Republicano, le va a ir mal, porque los electores preferirán la versión original a copias improvisadas. Si negocia, apegada a la doctrina del votante mediano y buscando un intermedio, le va a ir aún peor, no solo a ella, sino también al país.

Le queda una única opción: acometer de modo proactivo los acuerdos, porque son necesarios para Chile, pero proponiendo diseños distintos, en pro de los intereses nacionales, rechazando aquellas formulaciones del Gobierno que persiguen más bien paliar su alicaída popularidad.

Correspondería primero sacar al gasto público al pizarrón. Con US$ 81.000 millones de gasto, equivalentes a todo el PIB de 1991, resulta inaceptable, por ejemplo, justificar mayores tributos con el argumento de que serían necesarios para combatir los acuciantes problemas de orden público: se podría aumentar en 50% el gasto en Carabineros, bajando solo un 1% las demás partidas.

Con todo, la reforma tributaria es necesaria no para financiar el programa de gobierno, que ya tiene certificado de defunción, pero sí para cerrar el déficit fiscal, que promediará en 2013-23 —excluyendo los años de pandemia— 1,8 puntos del PIB. Ya habría, al menos, 0,3 puntos de PIB de mayor recaudación por concepto del royalty. Tocaría aumentar la carga tributaria, entonces, en 1,5 puntos. Pero no más, porque con una recesión en curso y un producto per cápita creciendo apenas un 0,9% anual en la última década, cargas mayores terminarían por ahogar a la economía por completo.

¿Cómo hacerlo? Para minimizar el impacto sobre la inversión, la nueva carga tributaria debe descansar sobre una amplia base, reduciendo la informalidad y abandonando de paso la propaganda de gravar solo al 3% más rico. Asimismo, y si no se quiere que en cada gobierno vuelva a revisarse el royalty minero, debe incluirse la invariabilidad tributaria para las empresas que quedarán afectas a este.

En cuanto a la reforma previsional, es necesario elevar la cotización, pero se requieren cambios sustanciales. Entre otros: eliminar las cuentas nocionales; eliminar el FIP, o al menos limitarlo solo a la administración de cotizaciones destinadas a transferencias intergeneracionales, evitando así que el Estado termine administrando inversiones de magnitudes macroeconómicas; reducir las transferencias intergeneracionales, toda vez que la PGU, como lo ha relevado Salvador Valdés, ya alcanza el promedio OCDE, lo que no se condice con que de los US$ 18.000 millones en cotizaciones adicionales que recibiría el FIP bajo esta administración y la próxima, casi la mitad iría a los actuales pensionados (proyecciones del autor, realizadas para la Asociación de AFP).

Finalmente, en cuanto al Litio, hay que decirlo, no hay una estrategia nacional seria: solo un “Power Point” y un relato de cuatro carillas. ¿Codelco, socio mayoritario de una empresa de litio? Sus pasivos exigibles superan a su patrimonio en 2,84 veces, múltiplo largamente superior a cualquier minera global: en Antofagasta Minerals es 0,57. El único camino viable es la celebración de contratos, bien diseñados, con el sector privado.

Una negociación, como la aquí reseñada, importaría concesiones amargas para la coalición gobernante. Pero el caso es que hubo una avalancha, toca negociar distinto y la política es sin llorar.