Se cumplirán 50 años del golpe de Estado y personeros de gobierno e integrantes de la izquierda extrema se preparan para recordarlo con una serie de actividades, focalizadas en lo ocurrido después del trágico suceso. Concebir así la fecha es un error de interpretación histórica, sea por ignorancia o sea con la intención de obtener dividendos ideológicos y políticos desviando la atención, evitando referirse al período anterior.

La fecha demarca dos procesos que tienen distinta lógica y explicación. Y si de democracia se trata, la pregunta referida al cincuentenario, en estricto rigor, es: ¿Por qué se produjo el golpe de Estado que representa el quiebre del sistema democrático chileno, en 1973?

Quiebre que fue la apoteosis de una crisis de grandes dimensiones que se arrastraba lenta y silenciosamente desde 1950. Sus factores son de orden social, educacional, económico y, por cierto, político —todo está en estudios históricos—, sin que las dirigencias políticas fueran conscientes de la gravedad del proceso en marcha. Hasta llegar a su período más crítico, entre 1970 y 1973, durante el gobierno de la Unidad Popular (UP). Corriendo 1972, su detonante fue una crisis económica de tal envergadura —contracción económica, hiperinflación, escasez de bienes básicos, mercado negro, etc.— que el país se vio prácticamente paralizado debido al entonces llamado “paro de octubre”, protagonizado por gremios empresariales, comerciantes grandes y pequeños, transportistas, trabajadores, profesionales, etc. Ya existía la opositora Confederación Democrática (CODE), integrada por los partidos Nacional, Democracia Cristiana y sectores de origen radical. Ni el gobierno ni la oposición —los civiles— fueron capaces de superar el caos con medidas o fórmulas democráticas. Súmese el ambiente de extrema polarización mundial que reinaba en esos años y ubiquémonos en el contexto latinoamericano, especialmente.

Desde entonces comenzó a pensarse, por ambas partes y por gente corriente, en la participación militar. Fue el momento en que el Presidente Salvador Allende incorporó al gabinete, institucionalmente, a un miembro por cada rama de las FF.AA. y de Orden, que pasaron a cogobernar, rompiendo su prescindencia política. El comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, fue ministro del Interior. Los ánimos se aplacaron y las elecciones parlamentarias de 1973 acapararon la atención de todos, dando como resultado un 56% para la CODE y 43% para la UP.

La rivalidad política acentuó su agresividad, peligrosamente, y en agosto la Cámara de Diputados suscribió un acuerdo con 19 acusaciones contra el gobierno, por disposiciones de hecho, atropellos a la Constitución, señalando la existencia de grupos armados dispuestos a enfrentarse con las FF.AA. Para septiembre, integraban el gabinete los tres comandantes en jefe de la FF.AA. y un general de Carabineros. “La última oportunidad de la democracia”, dijo Allende. ¿Qué se pretendía? Mas los oponentes, partidos y ciudadanía también pedían la misma intervención. El 11 colapsó la democracia fundada en la Constitución de 1925, iniciándose otro proceso bajo lógica militar.