En medio de los tiempos más violentos que ha vivido el país, da alguna esperanza que las noticias vayan girando desde los hechos de delincuencia al cómo le hacemos para abatirla; desde los hechos criminales que nos han estremecido por alevosos, audaces y crueles, a la agenda de seguridad. La mala noticia es que esa agenda no es muy alentadora.

Primero, porque en el debate político de este tema también predominan los argumentos emotivos por sobre los racionales, la descalificación por sobre las razones y la consigna por sobre la reflexión. Ocurrió en la Ley Naín-Retamal y ya ocurre en el debate de las Reglas sobre el Uso de la Fuerza (RUF). Las fuerzas políticas no terminan de entender que si enfrentamos bien este problema y logramos disminuirlo, igual nos acompañará, al menos, por los próximos diez años. En consecuencia, cualquiera que aspire a llegar al Gobierno lo heredará. Por ello, quienes en este tema se concentren en debilitar políticamente al gobierno de turno, acusándolo de incapaz, para luego prometer seguridad en la próxima campaña, comerán pan hoy y pasarán hambre mañana, cuando la guitarra quede en sus manos.

Pero la reyerta política no sería preocupante si se estuvieran discutiendo y aprobando políticas públicas que atacaran la raíz del problema. Aunque ellas contuvieran errores, la carga podría irse arreglando en el camino. El problema mayor es que el debate político se queda en medidas emotivamente intensas, pero marginales en su incidencia en los niveles de violencia que alarman a la población.

Las dos iniciativas legales que ha discutido el Congreso en el último tiempo, la Ley Naín-Retamal y el proyecto sobre RUF, buscan regular el uso de la fuerza (armas) por las policías. La primera tiene en su corazón la legítima defensa privilegiada. Pero ninguno de los episodios últimos en que se ha debatido el buen o mal uso de armas ha sido una cuestión de defensa, sino de capturar a quien huye o de disolver manifestaciones violentas. Por lo que sabemos, tampoco los carabineros asesinados han tenido la menor opción de defenderse. Los delincuentes les han disparado a matar por sorpresa. Se discute entonces sobre problemas de defensa cuando no parece ser ese el caso que enfrentan las policías.

Las RUF tampoco aportarían mayor certeza a las policías de cuándo es legítimo usar sus armas. Primero porque contiene más principios que reglas, y aquellos son plásticos y admiten amplias interpretaciones. Segundo, porque contiene más definiciones, prohibiciones, deberes y limitaciones que reglas de cuándo es legítimo usar la fuerza. La técnica del viejo Código de Justicia Militar de establecer los casos en que el carabinero estará exento de responsabilidad parece la adecuada, si lo que se quiere es que las policías usen sus armas con confianza en los casos en que deben hacerlo, aunque ciertamente sus viejas reglas requerirían ponerse al día.

Pero el problema más importante tampoco radica allí. Es posible que esos proyectos estén en lo cierto y yo equivocado. Lo grave es que el adecuado y confiado uso de armas por parte de Carabineros incidirá muy poco, si algo, en abatir la delincuencia. Más allá de sus aciertos o errores, ni la Ley Naín-Retamal ni las RUF, que tan intensos debates provocan, servirán mucho para el problema que nos aqueja. El problema no es cómo se defienden los carabineros, sino la manera en que son atacados. El objetivo principal, entonces, debe ser desarticular las bandas violentas, hacerles difícil su negocio, impedirles dominar poblaciones, reclutar niños, adquirir fácilmente sus armas.

La intervención de comunas y el Plan Calle Segura, las otras políticas públicas anunciadas por el Gobierno, son difíciles de juzgar, pues no pasan de ser titulares. Los presidentes del Senado y la Cámara anuncian, por su parte, sin la presencia del Gobierno, la acelerada discusión de 31 proyectos de ley. Entre ellos hay algunos que sí tienen, si se hacen bien, capacidad de llegar al fondo del asunto, como son el Ministerio de Seguridad y la Ley de Inteligencia. Sin embargo, mientras un anuncio así no sea coordinado con el Gobierno, que colegisla, y con las bancadas, amenaza ser otro ruido que generará frustración.

Frente a los tiempos más violentos que ha vivido el país; frente al período en que la ciudadanía clama con más miedo, desesperación y urgencia por seguridad, la política, por ahora, debate, con descalificaciones, medidas poco relevantes y probablemente ineficaces.