La Comisión Experta ha cumplido su tarea de limitar el nefasto fraccionamiento del sistema electoral. La regla que establece un 5% de los votos para que un partido pueda acceder al Parlamento es un avance esencial. Pero, por otro lado, deja abierta la puerta a los pactos electorales e introduce un ensayo de participación directa, para la iniciativa y derogación de leyes, que envuelve los riesgos de una democracia plebiscitaria, con ejemplos fatales en la historia de democracias frustradas. Por muchos controles de constitucionalidad que se establezcan, la fuerza de las emociones instantáneas y circunstanciales es un peligro para la democracia. En verdad, esta solo puede ser representativa; el ejemplo suizo no es extrapolable.

En tal sentido, al proyecto subyace una contradicción. Por un lado reconoce, con razón, el lugar central de los partidos en el sistema democrático. Contiene al efecto normas que obligan a su aireamiento y democratización. Pero la iniciativa popular para la aprobación y derogación de leyes, con quorum modestos, pone a los partidos en posición de vulnerabilidad política frente a propuestas populistas: ¿sexto retiro?

La principal definición de la reconstrucción de la democracia alemana, luego de la debacle populista bajo la Constitución de Weimar, fue abrir los partidos a la participación ciudadana. Colocarlos en el corazón del sistema político. Si se asume que son organizaciones libres de la sociedad civil, que contribuyen a la formación de voluntad política, ese debe ser el camino para la participación legítima de los ciudadanos en los asuntos públicos. De lo contrario, la deliberación carece de forma y corre el riesgo de desbordarse, en contradicción con los ideales de una democracia deliberativa .

El axioma del proyecto ha sido mantener el presidencialismo, que parece pertenecer a nuestro ADN. En principio, la propuesta trata de mejorar lo que existe más que renegarlo. Así se explica que en asuntos de iniciativa exclusiva del Presidente, este puede no dar curso a la propuesta plebiscitaria. Pero es ingenuo pensar que un veto a una propuesta populista no debilitaría aún más la Presidencia.

La tarea esencial es someter a la prueba de la razón crítica lo que anda mal. A ello se opone un elemento plebiscitario, que no es consciente ni responsable de los costos sociales de iniciativas desarticuladas. Por el contrario, la misión más urgente es fortalecer los partidos y el Parlamento, para que este sea el único interlocutor legítimo del Gobierno para poder definir mayoritariamente políticas públicas de largo alcance. De paso, para ello es esencial que el Parlamento cuente con una oficina técnica de alto nivel, que debería ser objeto de regulación en etapas posteriores del proceso.

El límite de 5% para obtener representación parlamentaria es una buena idea, probada por la experiencia. Pero hay otras dos materias en que se podría ir más allá. Primero, los pactos electorales permiten que asociaciones oportunistas diluyan la representatividad, porque nadie sabe a quién favorece finalmente su voto; el proyecto nada dice a este respecto, tan esencial para el funcionamiento de la democracia. Fuera de que la renuncia al partido supone la pérdida del escaño, los partidos carecen de instrumentos para incentivar la disciplina de sus propios parlamentarios y con los pactos electorales estos pueden sobrevivir gracias a subsidios cruzados, oscuros para los ciudadanos. La discusión interminable con individuos caprichosos impide la negociación política seria.

Especialmente en un régimen presidencial es urgente que en el Parlamento haya partidos fuertes. De lo contrario, no hay posibilidades serias de negociar coaliciones o, al menos, acuerdos de largo alcance. Los partidos tienen el doble carácter de ser asociaciones de la sociedad civil, de tener la función pública de postular a quienes habrán de legislar y de negociar coaliciones. Especialmente en una democracia presidencialista se requieren partidos fuertes que faciliten la negociación con el Gobierno; salvo que el Presidente disponga de un garrote, como ocurre con el semipresidencialismo francés (en crisis).

El segundo instrumento de fortalecimiento de los partidos ha sido poco explorado, pero hace todo sentido en sistemas de partidos abiertos a la participación ciudadana. Siguiendo la propia experiencia alemana, que ha dado estabilidad por tres cuartos de siglo, en las elecciones se podrían tener dos votos: uno personal, idealmente en distritos uninominales, y otro institucional, por una lista de partido. La proporcionalidad en las cámaras se logra sobre la base de este segundo criterio. Los votos de partido determinan la proporción de parlamentarios elegidos. El elector vota por una persona y por un partido. Si un partido gana muchos distritos unipersonales, tendrá menos escaños de partido. Este sistema favorece partidos fuertes, que puedan negociar programas políticos de largo alcance con el Gobierno. Y favorece la lealtad de los parlamentarios a lo acordado por su partido. Además, el partido puede incluir en su lista personalidades que son malos candidatos, pero que pueden ser excelentes legisladores.

En un régimen presidencial debemos tomar ideas estructurales de regímenes parlamentarios probados por la experiencia de fortalecer el Parlamento y facilitar la negociación entre el Gobierno y el Congreso. La tarea es hacer viable un presidencialismo que favorezca acuerdos en cuestiones estructurales mediante la deliberación pública. El sorpresivo añadido de la iniciativa popular de leyes crea una disonancia adicional en el sistema, porque pone una granada intimidante a la negociación responsable, sobre la base de una deliberación en forma. Agendas importantes no se pueden convenir en una democracia que tenga participación política dividida en el Presidente, en un Parlamento bicameral simétrico y, además, sometida a la presión plebiscitaria.

El efecto es que el Presidente, el gobierno del Estado, sigue aislado. Los tres primeros presidentes de la Concertación gobernaron en un clima político especialmente constructivo. Todos los presidentes posteriores no tuvieron la capacidad de articular políticas mayoritarias y, a poco andar, su evaluación pública devino malísima. La última reforma electoral favoreció irresponsablemente el fraccionamiento y la ingobernabilidad. La tarea es corregir. El umbral del 5% no basta; más aun si tiene la cosa plebiscitaria imprevisible, por mucho que se intente moderarla.

Todas las definiciones estratégicas para el desarrollo del país exigen un sistema político de mejor calidad. Y como en los juegos, el secreto está en las reglas. Estas no aseguran que se juegue bien, pero son condición para que esa maravilla pueda ocurrir.

Enrique Barros