Los indultos perseguirán al Presidente como una negra sombra fantasmal hasta el final de su gobierno. La publicación de las fundadas recomendaciones de Gendarmería de no otorgar seis de ellos ha vuelto a encender esa inconveniente hoguera para el Gobierno y su Presidente, que ahora ha declarado que actuará como un perro de presa en contra de la delincuencia, una frase que ya habría resultado un despropósito en su antecesor, tan aficionado al lenguaje ampuloso.

Los antecedentes que ahora se han conocido muestran un prontuario de cinco delitos previos en el caso de Luis Castillo. En todos, salvo el de Mateluna, Gendarmería consigna un alto nivel de riesgo de reincidencia y falta de conciencia acerca del mal causado y recomienda no beneficiarlos con el indulto.

Por cierto, el Presidente ejerció una prerrogativa que le es exclusiva y la recomendación de Gendarmería no lo obliga. Los problemas para el Gobierno son dos, uno, tal vez el que más incide en el rechazo ciudadano y que ya no tiene solución, es el haber indultado a personas condenadas, en un país cuya principal y más intensa demanda al poder político es la de la seguridad ciudadana. La Moneda y muy particularmente la ministra y el subsecretario del Interior lo han entendido a cabalidad; pero cuando el Presidente declara que actuará como perro de presa, los indultos le hacen perder credibilidad.

El segundo problema, a mi juicio el más grave para la democracia, son las explicaciones y las faltas de explicaciones que el Gobierno ha dado para justificar esta decisión.

Primero fue el mismo Presidente quien afirmó que había procedido a indultarlos porque no eran delincuentes. En el caso de Mateluna expuso tener la “más profunda convicción” de que en su juicio “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”; agregando que le había otorgado el indulto pues le asistía la más plena convicción de su inocencia. De ese modo, cuestionaba el desempeño del Poder Judicial y se erigía en juez superior, corrector de la justicia. El indulto, que puede otorgarse por razones humanitarias, de pacificación y otras, no existe para que el Presidente corrija las sentencias judiciales que estima injustas.

Luego vino la decisión de remover a la ministra de Justicia y al jefe de Gabinete del Presidente. Se explicó que habían incurrido en “desprolijidades”. No recuerdo se haya explicado nunca en qué consistieron esas desprolijidades y menos se ha dado una explicación de por qué ellos y no el Presidente incurrieron en tales desprolijidades. Mal que mal, la prerrogativa y, por tanto, la responsabilidad de indultar recaen en el Presidente.

Los decretos que contienen los indultos son escuetos y poco explicativos. Quien busque en ellos una explicación convincente de por qué se otorgaron no la encontrará. Se consigna la existencia de informes, seleccionándose y exponiéndose muy brevemente antecedentes favorables y omitiendo los restantes. La ley prohíbe indultar en ciertos casos; entre ellos a quienes tengan prontuarios y a los condenados por delitos terroristas, pero permite al Presidente igualmente concederlos, a condición de que su decreto sea fundado. Cabe entender que tal fundamentación tendría que justificar que el indulto se otorga a pesar de una de esas circunstancias, la que tendría que exponerse. Nada de eso ocurrió en el caso de Castillo, a quien se indultó sin siquiera consignar que tenía cinco condenas previas.

Ahora que se publicaron los informes de Gendarmería, el Gobierno ha optado por el silencio. Es un asunto que se encuentra en manos de la justicia, ha explicado, como si el recurso ante el Tribunal Constitucional le impidiera explicar al país las razones por las que se dictaron esos decretos en contra de la recomendación fundada de Gendarmería y de dar a conocer por fin en qué consistieron las desprolijidades en que se incurrió al otorgarlos. Contrasta esta delicada deferencia con las razones presidenciales iniciales que hemos recordado, que le valieron incluso una severa reacción de la Corte Suprema.

El fantasma de los indultos persigue y perseguirá al Gobierno no solo por la intensa demanda de seguridad que existe en la ciudadanía, sino también por la opacidad que los ha rodeado. Más allá de lo que resuelva el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de seis de esos 13 decretos, el Gobierno está sometido a un escrutinio público que exige explicar más y mejor una decisión tan relevante como esa.