El Gobierno ha entregado al Tribunal Constitucional dos escritos que exponen las razones que apoyan sus polémicos indultos de fin del año pasado. En un caso (Jorge Mateluna), se trata de facilitar su reinserción social. Curiosa justificación, porque en Chile hay varios miles de presos, algunos por delitos mucho menos graves, que esperarían recibir un beneficio semejante y que han dado muestras de mejora bastante más claras que las de Mateluna.

En los demás casos, nuestras autoridades invocan la “paz social”. Esta es una causal que en teoría resulta más atendible. Es muy frecuente después de una guerra civil u otro acontecimiento de esa magnitud, que haya dejado una profunda división en el país. Así sucedió en Chile con las leyes de amnistía que se dictaron después de los sucesos de 1891. Los resultados de este perdón a los enemigos fueron muy positivos: en un par de décadas ese conflicto había pasado a los libros de historia. Las elecciones posteriores, las amistades y los matrimonios ya no giraban en torno a la figura de Balmaceda.

¿Sucede algo semejante en el caso de estos recientes indultos? El Gobierno considera que sí, desde el momento en que piensa que, por esa vía, está promoviendo la paz social. ¿Cómo se explica esta convicción de nuestras autoridades? Detrás de esas decisiones presidenciales parece haber una determinada representación del 18 de octubre. Ella impulsa a imaginar que la quema del metro y otros actos similares constituyen una expresión única y exclusiva de un amplio clamor popular, que dividió y divide al país de modo semejante a los bandos que están enfrentados en una guerra civil.

Me temo que la realidad es mucho menos romántica, y que los chilenos, de manera abrumadora, distinguen perfectamente entre el descontento y los delitos. Así las cosas, ¿puede pensar algún lector que gracias a esos indultos el país está más pacificado que antes? Si las cosas son como las ve el Gobierno, ¿por qué entonces indultó solamente a una docena y no a doscientas o trescientas personas, para quitar presión a este conflicto dramático en el que supuestamente estamos metidos si su visión del octubrismo es acertada?

Que hoy tenemos serias divisiones nadie lo niega, basta con atender a lo que sucede al interior de la misma coalición gobernante y de la oposición, pero no parece que las nuestras correspondan al tipo de desavenencias que se arreglan con indultos.

Además de aquellas que ha invocado el Gobierno, en la historia ha existido también otra razón para indultar, que aquí obviamente no se ha invocado porque se trata de gente joven y sana. Me refiero a la misericordia. Pensemos, por ejemplo, en un caso que tuvo lugar durante el periodo de la ex-Concertación, el de Guillermo Ossandón, fundador del Movimiento Lautaro. Él fue condenado a mediados de los noventa a cadena perpetua por diversos crímenes, incluido el de homicidio calificado. Sin embargo, en 2004, el lautarista recuperó la libertad, en virtud de una ley de indulto aprobada por el Congreso. ¿Pretendían entonces nuestros parlamentarios relativizar sus delitos, reinsertarlo en la sociedad o pacificar el país? Nada de eso: simplemente se hicieron cargo de que ese preso tenía un cáncer avanzado.

Ningún crimen, por atroz que sea, puede borrar en nosotros todo rasgo de humanidad, y nuestros legisladores actuaron en consecuencia. Es inhumano dejar que una persona que no está en condiciones de repetir sus delitos muera en la cárcel fruto de un cáncer. Así, Ossandón falleció en 2009 acompañado de su familia, como correspondía.

Los indultos por misericordia no son un problema de izquierdas o derechas. Simplemente se trata de evitar que nosotros, los que estamos libres, los que no hemos cometido delitos y supuestamente somos buenos, nos transformemos en unas bestias. Ese tipo de indultos impiden que nuestros deseos de justicia respecto de actos terroristas u otros delitos se transformen en una sádica venganza, donde lo único que queremos es que el otro sufra lo más posible, aunque su edad avanzada, su alzhéimer o el cáncer que lo devora ni siquiera le permitan pensar.

Hay quienes justifican la negativa a estos indultos porque supuestamente deshonrarían la memoria de las víctimas. Qué mala opinión tienen de ellas. Piensan que habrían sido incapaces de entender que, para tener una sociedad mínimamente humana, es necesario que cualquier enfermo terminal o similar pueda pasar sus últimos días en su casa junto a sus seres queridos. Y esto independientemente de su delito o de la ropa que haya vestido antes.

Es degradante permanecer impávido ante un esqueleto viviente, con la excusa de que mató o ayudó a matar a uno de los míos; o negarse a mirar ciertas fotos o escuchar determinados relatos, porque se refieren a personas innombrables, o no son aceptables para los propios seguidores.

Hay diversas formas de indulto. Ignoro si el Tribunal Constitucional aceptará los argumentos del Gobierno para los suyos. Quizá se convenza de que la posible reinserción de una persona basta para indultarla, o estime que son apropiados para conseguir la paz social. Con todo, aunque lo que decida sea favorable a los deseos de las autoridades, no podrá evitar que estos indultos a la carta presenten un severo déficit de credibilidad.