No cabe discutir la facultad del Presidente de indultar —es decir, eximir de la pena que le había sido impuesta— a un condenado. No cabe duda de que el Presidente ejerció una facultad suya cuando decidió indultar a 13 personas condenadas por delitos cometidos en el marco del estallido y a otra culpable de haber participado en el asalto a un banco.

Pero si no cabe discutir la facultad que el Presidente posee, sí es perfectamente posible, y cívicamente sano, revisar los fundamentos de esa decisión suya. Después de todo, que el Presidente tenga la facultad de hacer algo, no quiere decir que pueda hacerlo de cualquier forma o por cualquier motivo.

Para llevar a cabo esa labor de escrutinio, sin embargo, es imprescindible que el Presidente haga saber las razones que inspiran esa decisión suya.

Hasta ahora, el Presidente dijo algo críptico, o sea, no dijo nada. Lo hice por el bien de Chile —expresó—. La frase no da explicaciones; invita a preguntar por ellas: ¿En qué consiste el bien de que habla?, ¿de qué forma condonar los delitos lo favorece?

Estuvo algo mejor la ministra Vallejo. Ella dijo que nadie debiera sorprenderse por el indulto, puesto que se trataba de una promesa, de una palabra empeñada que no cabía defraudar. Pero como es obvio que hay promesas erróneas, la razón dada por la ministra no parece suficiente. Si usted promete estafar al vecino sería absurdo decir que es correcto que lo haga porque prometió hacerlo.

De más interés son las otras razones que se han dado a conocer. Se ha dicho que el grupo de personas indultadas pertenece a un “grupo históricamente vulnerado en sus derechos, especialmente los sociales, económicos y culturales”, en suma, personas que han padecido pobreza y exclusión, personas que cuando niños “no tuvieron la protección del Estado y hoy requieren reinsertarse socialmente”.

Esa razón que se ha formulado admite dos interpretaciones.

Una de ellas consiste en sostener que, en realidad, atendido el maltrato histórico que padecieron, no son victimarios sino víctimas necesitadas de reparación. El indulto sería una forma de reparar el mal que padecieron, que no fue la cárcel, sino la vulneración de sus derechos en el pasado. La otra interpretación consiste en sostener que ellos en realidad no delinquieron, sino que, como hojas sacudidas por el viento de una estructura social injusta, fueron movidos a cometer esos delitos.

El problema es que ambas explicaciones o fundamentaciones del indulto deterioran la dignidad de las personas.

Desde luego, si se dice que se las indulta porque bien mirado se trata de víctimas a las que el Estado vulneró sus derechos en el pasado (lo que explicaría que delinquieran en el presente), se está configurando una excusa para infringir la ley que otras muchas personas podrían hoy día mismo esgrimir. Hay miles y miles de personas que en su infancia y adolescencia no gozaron de “derechos económicos, sociales y culturales”, ¿habrá que enseñar a esas personas que si delinquen están excusadas porque en realidad, y a pesar de las apariencias, cuando ejercen violencia no son victimarios sino víctimas? ¿Qué padre de familia maltratado por la estructura social enseñaría eso a sus hijos? ¿No es justamente esa convicción la que llevó a justificar la violencia de octubre? Y siendo así, ¿no se comete un error al reafirmarla?

La otra explicación es todavía peor. Porque suprime la dignidad de los indultados.

Si se afirma que ellos delinquieron movidos por la injusticia estructural, entonces no se les está tratando como agentes de su propia conducta, sino como simple objeto de las circunstancias. Equivale a decirles que se los indulta porque lo que hicieron no lo hicieron ellos, sino la estructura. Pero eso bien mirado es casi ofensivo para los indultados que alguna vez fueron tratados como héroes. Es probable que todas las personas que fueron detenidas o condenadas (y ahora indultadas) sientan que fueron ellas las que decidieron cometer los actos por los que se las sancionó y deben creer, además, que tenían buenas razones, políticas o de otra índole, para hacerlo. Es bien difícil que ellas aceptaran que se les diga ahora que se las indulta porque en realidad, obnubiladas por la injusticia, no sabían lo que hacían.

Todas la explicaciones ensayadas revelan el paternalismo inconfesado que el Presidente Boric posee respecto de los sectores populares, ese paternalismo que hace al joven burgués (aunque el Presidente ya no es joven) sentirse bien y solidario. Pero el revés del paternalismo siempre es el desprecio, la subvaloración del otro, la negación de su carácter de persona que se autogobierna.

Por eso sería mejor decir que se indulta a esos jóvenes por razones puramente políticas, porque se considera que hicieron algo que juzgado por los resultados resultó, en opinión del Gobierno, bueno, en vez de tratarlos como pobres de solemnidad, marionetas maltratadas movidas a cometer delitos.

Pero claro, decir la verdad, confesar la motivación política del acto, no estaría a la altura del paternalismo bienhechor con que el Presidente gusta vestirse, ni de la utilidad que se espera de este tipo de actos.