Las turbulencias comenzaron en febrero con fuertes acusaciones cruzadas. El traspaso de la banda presidencial fue muy poco republicano, el presidente del Senado tuvo que llevar la banda, pues el Presidente saliente no quiso estar ni el Presidente entrante lo quería ahí.

Con la excusa del costo que provocaba la inflación para las familias, el Gobierno rápidamente anunció la entrega de bonos IFE, iguales a los del año anterior. Nadie dudaba del verdadero objetivo de aquella irresponsable jugarreta fiscal: ganar el plebiscito constitucional. La oposición votó a favor el subsidio, calculando que un rechazo podría dejar en mejor pie al Gobierno. No pocos recordaron el parecido con las reducciones de impuestos para el plebiscito de 1988.

A mediados de año, el Gobierno presentó su reforma de pensiones. La propuesta de que todas las cotizaciones futuras sean manejadas por el Estado en una cuenta colectiva no fue bien recibida por la oposición. Pero podrían estar los votos: como el apoyo del Gobierno al sexto y séptimo retiro fue clave para que vieran la luz (que de pasada tumbaron al ministro de Hacienda), parece creíble su amenaza de dinamitar el “sistema neoliberal” a no ser que la propuesta sea aprobada.

Con estas medidas, el déficit fiscal bajó solo de 7,4% a 7,1% del PIB y la economía se expandió casi 5% en 2022; el dólar cerró en torno a $1.300 y, para este año, se espera una inflación cercana al 30%. El Banco Central subió las tasas de interés, pero no sin recelo, dadas las fuertes amenazas contra su autonomía que ha lanzado el Presidente desde la campaña de primera vuelta. Además, en mayo, el Presidente decidió ampliar la fijación de precios que dejó el gobierno anterior para el transporte y la electricidad, a casi un tercio de la canasta del IPC. En política exterior, se desahució el TPP11 cuando el Gobierno lo retiró antes de que se votara, están en revisión todos los acuerdos de libre comercio y el canciller Ahumada avanza en una empresa estatal-multinacional del Litio. El Presidente firmó con entusiasmo las famosas cartas de los líderes de izquierda de la región para apoyar a Castillo en Perú y a CFK en Argentina. No ha tenido el mismo entusiasmo para defender a Ucrania y condenar las violaciones de DD.HH. de Venezuela y Nicaragua.

En julio, con el tema de la seguridad como primera prioridad en las encuestas, el Presidente nombró ministro del Interior a un conocido alcalde y lo empoderó como “zar de la seguridad”. Usando sus contactos, el nuevo ministro organizó un nuevo sistema de inteligencia asesorado por expertos cubanos y venezolanos. Con algunos resultados inmediatos, el ministro cobró popularidad, ensombreciendo, incluso, la imagen del Presidente. El modelo de mano dura a-la-Duterte, pero con aires progresistas, sumó adeptos. Algunos, alarmados, se preguntan si no estaremos entrando en una peligrosa tendencia al autoritarismo.

Y llegó el plebiscito de septiembre. A pesar del boom de consumo y la ilegítima intervención del Gobierno en la Convención para suavizar algunos de los contenidos más radicales y así mejorar su electividad, el rechazo ganó por 1,2 puntos porcentuales. Surgieron acusaciones de fraude, incluso desde el mismo Gobierno. El conteo final tardó 4 semanas y las protestas se extendieron por 3 meses, con varios muertos, enfrentamientos y saqueos.

Mientras algunos sectores radicalizados aún piensan que el apruebo se impuso, en la derecha no hay ningún apetito por acordar otro proceso constituyente, pese a las promesas hechas. Luego de enfrentar fuertes cuestionamientos internos, ninguno de los presidentes de partido logró mantenerse en el puesto. El entrampe institucional continúa y está cada vez más claro que la próxima elección la ganará un candidato populista y extremo.

El Gobierno cerró un año para el olvido con un escándalo que sería la guinda de la torta. El indulto del Presidente a los 148 condenados por delitos en las protestas de 2019 ha sido solo el comienzo. También se comprometió a indultar a todos los “presos por luchar” que tengan juicio pendiente y evalúa acusar a la Corte Suprema en el Congreso, escalando aún más la controversia entre poderes. La oposición presentó una acusación constitucional contra el Presidente, pero es poco probable que consiga los votos para ser aprobada.

Una ucronía es un ejercicio de ficción en el que imaginamos una historia distinta a la vivida, pero que pudo ser posible. Que el relato anterior sea solo una pesadilla distópica —y no una realidad—es una de las herencias de 2022 que debemos valorar. Con la bolina producida por los temerarios indultos es fácil caer en el pesimismo. Y si bien falta mucho para ver el “vaso medio lleno”, es importante mantener perspectiva.

A los eventos particularmente negativos o catastróficos se los llama, en economía, “riesgos de cola”, porque están en los extremos de la distribución de probabilidades. Y, cuando las posibilidades de estos eventos dejan de ser mínimos, se dice que hay “colas gordas”. En 2022 el país en general y el Presidente en particular pusieron en estricta dieta la distribución, adelgazando esa cola. No es poca cosa. Que los próximos años pinten bastante mejor es gracias a los importantes pasos que dio (y muchos otros que evitó) el país y el Gobierno.