Con todo lo que se ha dicho sobre el indulto, no se ha explicado ni resulta fácil de explicar por qué y para qué el Presidente añadió a su decisión declaraciones innecesarias con las que ofendió al Ministerio Público y al Poder Judicial. Aunque buscar motivaciones de las conductas políticas no suele ser productivo, auscultar, en este caso, lo que impulsó al jefe de Estado a dar esas explicaciones resulta legítimo y, de paso, inquietante.

El Presidente no pudo menos que saber las críticas y el conflicto que generaría indultar a los condenados por delitos cometidos con ocasión del estallido social, máxime si algunos de ellos tenían prontuario. Con todo, uno podía suponer que la ideología y pulsión vital del Presidente lo llevaban a estimar que había un bien mayor en otorgar la libertad a los autores de esos actos de violencia, en razón de su motivación política, o porque las condiciones que les habían llevado a delinquir no volverían a repetirse en el futuro cercano, como, por lo demás, se explica en casi todos los decretos.

Expedidos los decretos de indulto, y cuando ya el revuelo político era claro, el Presidente se despachó dos declaraciones que merecen atención. En la primera afirmó haber indultado a los presos del estallido por considerar que no se trataba de delincuentes. No dijo delincuentes habituales. La expresión delincuente se predica habitualmente de aquel que ha cometido un delito. El Presidente afirmó entonces que las personas condenadas por los tribunales no eran responsables de aquello que declaraban sentencias firmes. Solo caben dos alternativas para una aseveración tan audaz como esa: la primera, porque a su juicio las conductas por las que fueron juzgados no eran delitos, no obstante la ley las define como tales; o bien porque los juicios a que fueron sometidos estuvieron viciados y entonces las sentencias dictadas en su contra no eran válidas.

En el caso del indulto a Mateluna, el Presidente fue más claro aún: manifestó su “más profunda convicción” de que en ese juicio “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”; agregando, en consecuencia, que le había otorgado el indulto pues le asistía la más plena convicción de su inocencia.

La inocencia de Mateluna no es, sin embargo, la razón formal de su indulto, ni podría haberlo sido, pues la ley no tolera ese motivo como justificación para indultar. La inocencia o culpabilidad de una persona solo puede juzgarla la justicia. ¿Por qué el Presidente dio estas justificaciones públicas de su decisión cuando pudo resumir aquellas que están en los decretos y afirmar que el país ya no corre riesgos de violencia política, por lo que los beneficiados ya no son peligrosos, o porque su acto de clemencia era necesario para la pacificación del país? No, el Presidente no optó por dar ninguna de esas razones jurídicamente legítimas, aunque políticamente polémicas, y prefirió expresar con más o menos claridad que los condenados por la justicia no eran culpables de delito. ¿Por qué lo hizo?

Una interpretación posible es entender que el Presidente actuó como, hace unos años, actuaba el diputado Boric, quien se fotografiaba con letreros que proclamaban la inocencia de Mateluna; que actuó como legítimamente puede hacerlo un ciudadano de a pie criticando una decisión judicial. Lo del Presidente habría sido, en esta tesis, un desliz de inmadurez republicana, un momento en que la pasión nubló la conciencia de su investidura, que olvidó por un momento que un jefe de Estado no puede deslegitimar el obrar de otro poder y entrar en conflicto con él, como se lo recordó la Corte Suprema, con justificada y severa reacción.

El problema, sin embargo, parece más serio. Sus palabras exactas fueron: “Tengo la más plena convicción de la inocencia de Jorge (Mateluna) y por eso hemos llevado adelante este indulto”. La frase, entonces, no solo critica el actuar de la justicia, sino que declara estarla corrigiendo. Explica que su indulto no fue un acto de clemencia o de pacificación, sino uno de corrección de una injusticia. Por ser inocente es que se le indulta. En sus palabras, el Presidente da a entender que su investidura le permite poner término a una condena si él alcanza la plena convicción de la inocencia de un condenado; declara que él se entiende capaz de juzgar por sobre el juicio de la justicia.

Esa omnipotencia sí que es preocupante, pues es de la esencia de una república democrática que los presidentes tienen competencias limitadas y, a pesar de poder indultar, no les cabe juzgar.