Nombrar al fiscal nacional ha sido un incordio que ha tensionado la relación entre los poderes del Estado. El Presidente ha dirigido fuertes e inusuales críticas al Senado, cuya colaboración necesita. El proceso también enturbia, con telefonazos y polémicas igualmente inusuales e indebidas, las relaciones con la Corte Suprema. Todo ello en el proceso de elegir a la máxima autoridad en la persecución del delito, el problema más apremiante para la mayoría de los chilenos; o sea, allí donde se necesita un alto nivel de entendimiento. Tenemos un problema.

Varias capas se superponen. Una es la de quienes critican al Presidente o a sus ministras por la mala elección hecha, como si fuera obligación del Presidente elegir a alguien del agrado del Senado y no del suyo propio; como si el jefe de Estado no fuera una autoridad política, sino un funcionario llamado a auscultar y luego a obedecer la voluntad del Senado.

Una segunda dimensión se devela al escuchar las muchas voces que critican al Presidente por no negociar el candidato antes de proponerlo. Los senadores que, con voz sorprendida y escandalizada, denuncian que el Ejecutivo no los consultó antes de hacer la propuesta, necesariamente están propugnando que la auscultación pública del candidato que corresponde hacer luego en esa Cámara se transforme en una pantomima, en una apariencia falsa de transparencia y democracia, para ratificar a quien ya está acordado en opacas negociaciones previas. Nadie sabría qué se negoció en esas conversaciones privadas, para nombrar a quien será llamado a perseguir el delito, incluyendo los de corrupción u otros que pueden cometer agentes políticos más o menos afines a ciertos parlamentarios. La inevitable opacidad de esas negociaciones previas solo serviría para deslegitimar aún más al Ministerio Público y al Congreso.

¿Cómo hacer menos probables estas derrotas de un Presidente con poco apoyo en el Senado, sin caer en las oscuras negociaciones previas? ¿Cómo hacer más probables elecciones de personas idóneas en cargos como el de fiscal nacional? Para lograr ambos objetivos, bien valdría ir a una tercera capa del problema: la del mecanismo de designación; particularmente ahora, que un nuevo proceso constituyente debiera revisar el que se establece para designar a los ministros de la Suprema, al fiscal nacional, al contralor, a los consejeros del Banco Central y a los del Servel. Lo primero que llama la atención al hacer esta lista es que allí donde designa el Presidente y ratifica el Senado, sin intervención de terceros (contralor, consejeros del Servicio Electoral y del Banco Central), no han existido frecuentes fricciones y hay generalmente una buena percepción acerca de la idoneidad de los así designados.

En cambio, allí donde propone la Suprema, escoge el Presidente y ratifica el Senado (ministros de la Suprema y fiscal nacional) el sistema se ha trabado muchas veces y no pocos candidatos han sido rechazados. Este mecanismo de designación en que participan los tres poderes del Estado es bastante extraño en los sistemas comparados y no lo conoció la tradición chilena. En la Constitución del 25 el Presidente elegía a los supremos, a propuesta de estos, sin necesidad de ratificación del Senado y sometía a la aprobación del Senado al contralor y embajadores sin propuesta previa de nadie.

El sistema tampoco estaba en la Constitución original de 1980. Se incorporó en 1997 y fue la condición que puso la derecha para aprobar el retiro de un número importante de supremos designados por Pinochet que ya habían alcanzado los 75 años. El acuerdo permitiría, al fin, renovar la Corte Suprema; pero también habilitaría al Presidente Frei a nombrar a una docena de ministros del máximo tribunal, dándole un poder inusual, que la derecha no estaba dispuesta a concederle. De allí nació la fórmula. Para tratar un caso excepcional se estableció como regla general. El mismo año, se incorporó para la designación del fiscal.

Para designar autoridades como son la Suprema y el fiscal, es bueno que haya una propuesta previa, que nazca de un órgano técnico, con sensibilidad política y la Suprema es la más adecuada para ello. Por cierto, hay mucho que mejorar en el mecanismo, partiendo por que sea un Comité de Ministros y no el Pleno, de modo de hacer mucho más intenso y extenso el proceso de consultas y auscultación de los candidatos. Luego, la elección debiera recaer en uno y no en dos órganos políticos. Todo aconseja que esa autoridad sea unipersonal, el jefe de Estado tiene una serie de ventajas para ser el único elector final.