Aquietada la polvareda que generó la propuesta del Gobierno, cabe conjeturar qué aspectos podrían modificarse para hacerla políticamente viable. Sería iluso pensar que una reforma de este calibre será aprobada sin contratiempos, considerando que la oposición de centroderecha tiene mayoría en el Senado y que los partidos del oficialismo no alcanzan a tener mayoría en la Cámara.

Desde un punto de vista técnico, la propuesta tiene aspectos discutibles, como la posibilidad de autopréstamos, los elevados gastos fiscales que provocará la PGU en el mediano plazo y un sistema de reparto algo engorroso. Sin embargo, los temas más complejos tienen un fuerte tinte ideológico o, en otras palabras, de preferencias políticas. La buena noticia es que hay varios diseños alternativos para acomodar distintos criterios, siempre y cuando exista la voluntad de construir un acuerdo.

Alternativas para un buen Big Bang

Aludiendo a la magnitud de los cambios propuestos a la industria, Joaquín Cortez, expresidente de la CMF, calificó la reforma como un Big Bang. Y lo es, pero no todo cambio profundo es negativo, depende del diseño.

Todas las funciones que hacen las AFP, excepto invertir fondos, pasarían a una entidad pública llamada Administrador Previsional Autónomo (APA). La inversión de los fondos del 10,5% de ahorro individual sería realizada por inversores privados (IPPA) y por un inversor público (IPA). Este último también manejaría los recursos que se acumulen gracias a la nueva cotización de 6% que financiaría el seguro público.

Hay fundadas razones para separar algunos componentes de la industria que hoy están atados unos con otros y limitan la competencia. En principio, podrían aprovecharse mejor algunas economías de escala. No es evidente, en cambio, que la solución ideal sea un APA estatal. Menos, con los riesgos que produce una transición de tan solo dos años.

Sin embargo, existen varias alternativas a no hacer nada. Una, sugerida por Patricio Arrau, es que coexista el APA compitiendo con las AFP, de manera de que diversos administradores de activos puedan participar. Otra alternativa es que, además del APA estatal, existan un par de APA privados, licitados al estilo del administrador del seguro de desempleo. Las personas podrían escoger en cuál estar, luego de una asignación aleatoria. Por último, empleadores y trabajadores podrían administrar un actor sin fines de lucro, como sucede, sin problemas, con las mutuales.

Como podemos ver, no cuesta tanto imaginar híbridos que alivien el escozor que produce en algunos un monopolio estatal. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la izquierda cedió frente a la capitalización individual y sería mucho pedirle que ceda, también, respecto de las AFP. Se debe encontrar un punto intermedio.

En el ámbito institucional es imprescindible fortalecer los órganos públicos que se creen. Apostar a que el IPS sea el futuro APA es aventurado; una nueva empresa pública puede ser un camino más práctico. Dado que las presiones sobre el administrador de activos públicos serán enormes, resulta fundamental que este tenga rango de autonomía constitucional, como el Banco Central. Y no parece adecuado que la Superintendencia de Pensiones, un organismo unipersonal que depende del Ejecutivo, sea el que lo supervise.

La distribución del 6%

Hay quienes consideran que la disyuntiva entre incluir, o no, reparto es un problema técnico. Sospecho que es más bien político y que la pregunta clave, según muestran los distintos estudios, es ¿cuán sostenible es la insuficiente tasa de reemplazo que tiene la clase media/alta, a pesar del aumento prometido de la PGU?

No se puede esconder que la capitalización demora décadas en madurar. Lo más sincero sería decirle a una persona de 50 años que sin reparto, y aunque su 6% vaya a su cuenta individual, su pensión cambiará muy poco (y la de su padre nada). Al mismo tiempo, resolver este problema a través de una mayor PGU distorsionaría aún más la zona de salarios bajos y sería fiscalmente carísimo. Mejor ver cómo acotar el reparto.

Finalmente, está el tema de si una fracción del 6% debe o no ir a las cuentas de capitalización individual. Quizás, un camino intermedio es que haya cuentas personales 100% respaldadas con activos y manejadas por el IPPA.

La insustituible política

Una receta que garantiza que no haya reforma es que este inmenso proyecto pase por el Congreso como una ley cualquiera, con múltiples y contradictorias indicaciones y sin un acuerdo previo sobre el modelo al que se quiere llegar. La experiencia nos enseña que un proceso así conduce a una propuesta incoherente, plagada de problemas y vacíos. Y eso nos llevará a que, simplemente, no vea la luz (y a que nuevos retiros se hagan realidad).

Es indispensable que haya una negociación política sobre los componentes claves de la reforma. Un pacto sobre el sistema en su conjunto; un acuerdo que se pueda dibujar en una pizarra, con las cajas, flechas e instituciones que describan la reforma. Se trata de una negociación que requiere de compromisos y, sobre todo, del esfuerzo por encontrar una solución que incluya distintas perspectivas, en las que coexistan paradigmas que no tienen por qué ser excluyentes. No es pedir demasiado; solo que los líderes abandonen sus trincheras y hagan política.