La discusión sobre la reforma previsional amenaza con irse por los extremos y también por las ramas. En el proceso, hay riesgo de perder de vista los conceptos más elementales. Vamos a ello.

Partiendo por donde hay que partir, en Chile, las pensiones “autofinanciadas”, aquellas que se obtienen producto de las cotizaciones de cada cual, sin incluir subsidios, son extremadamente bajas. En efecto, las algo más de 14.000 personas que se pensionaron en septiembre de este año obtuvieron una pensión autofinanciada promedio cercana a $196.000.

El nivel es bajo desde dos perspectivas: 1) en términos absolutos, porque es incluso menos de la mitad que el salario mínimo, y 2) en términos de “tasa de reemplazo”, porque es bajo relativo a los últimos salarios de la vida activa.

En cuanto al bajo nivel absoluto, este se debe a que las personas cotizan muy pocos años. Se trata de algo elemental: si se cotiza poco, la jubilación también será poca. Las cifras son decidoras. Casi la mitad de quienes se pensionaron en septiembre había cotizado menos de 20 años y casi un cuarto, menos de 10. Por otro lado, las pensiones de los que cotizaron más de 35 años, solo un 15% del total, superaban al promedio en más de 240%.

Conclusión 1: aumentar las pensiones absolutas exige aumentar radicalmente los años que las personas cotizan. Eso pasa por aumentar la formalidad laboral, que en Chile se ubica normalmente entre 60%-65% del empleo total, mientras que en los países avanzados es del orden del 90%. En cuanto a la baja tasa de reemplazo, ella obedece a la baja tasa de cotización, lo que también es elemental (cosa de hacer números). En Chile la cotización asciende a 10%, mientras que la evidencia internacional sugiere que se requerirían tasas de entre 16% y 18% para obtener tasas de reemplazo satisfactorias.

Conclusión 2: aumentar la tasa de reemplazo exige aumentar significativamente las tasas de cotización.

Uno más uno es dos: si se siguen las dos conclusiones anteriores, asumiendo que las cotizaciones se invierten con retornos razonables —como los obtenidos por las AFP—, se resuelve el problema previsional de Chile. El resto son detalles.

Pero no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Primero hay que formalizar y después subir la tasa de cotización. Si se sube la tasa de cotización y no se aumenta radicalmente la formalidad, el resultado será mejorar las tasas de reemplazo de quienes cotizan toda la vida, solo un 15% del total, pero la situación del resto seguirá siendo muy precaria.

Siguiendo con lo elemental, para alcanzar la formalización de los países avanzados habría que hacer lo que hacen ellos. Básicamente, coordinar diversas agencias gubernamentales, con el fin de fiscalizar estrictamente la obligación de cotizar. Por ejemplo, muchos trabajadores por cuenta propia requieren algún tipo de permiso administrativo para desarrollar su actividad: la estrategia es exigir algún nivel de cotización a cambio de otorgar el permiso, entre otras medidas.

Desde luego, ello es impopular y por eso no es abordado por el actual proyecto de reforma. Este, en cambio, supone que la formalidad aumentará como consecuencia de los beneficios que otorgará el Seguro Social a quienes se integren al sistema previsional. Pero basta un cálculo de servilleta para comprobar que dichos incentivos son absolutamente marginales como para inducir una mayor formalización, especialmente en los “independientes informales”, lo que comprende a algo más de dos millones de chilenos. Así las cosas, aumentar la tasa de cotización en 6 puntos porcentuales en régimen, como propone la reforma, sin abordar de veras el desafío de la formalización, es poner la carreta delante de los bueyes.

Empeora las cosas el aumento propuesto en la Pensión Garantizada Universal (PGU), que ya es elevado por métricas internacionales estándar. Un incremento de la PGU y el aumento de su cobertura, como se propone en el proyecto de ley, solo abonarán la tendencia a la informalidad, porque la PGU cubre a todos, incluyendo a quienes nunca cotizan en su vida.

Pero hay más. La reforma propone crear un monopolio estatal, el “APA”, que centralizará todas las actividades de servicio al cliente que hoy hacen las AFP, lo que se espera reduzca las barreras de entrada a los administradores de inversiones, bajando los cargos por administración de estas. La apuesta es temeraria y los réditos, inciertos; en circunstancias de que la solución para bajar los costos de administración, bastante elemental también, está a la mano y ya ha sido probada, en Chile y otros países. Básicamente, pasa por la licitación de la administración de los fondos de los cotizantes, lo que puede hacerse en diversas modalidades y magnitudes. ¿Por qué darse la vuelta larga si la corta ya está probada?

Finalmente, yendo al plato fuerte, está el pilar de Seguro Social, que comprende esquemas de reparto intra e intergeneracional. Si el problema de la formalización se abordara como corresponde, algún grado de reparto acotado, especialmente intrageneracional, no es para rasgar vestiduras, y puede incluso dar dividendos en términos de distribución de ingreso. Pero el peligro está en el intergeneracional. Aunque la reforma promete que dicho componente se extingue en el tiempo, demasiadas veces la historia ha enseñado que ese asunto no termina bien, porque el futuro botín, así como las tentaciones populistas, son demasiado grandes. Es quizá por ello que ha ganado tanta adhesión el movimiento “Con mi plata no”. Y bueno, eso último también es bastante elemental.