Cuando, en la década previa, se empezó a susurrar a los oídos de los trabajadores chilenos la promesa de un futuro con ahorros “nocionales”, la realidad no incluía retiros que transformaron las “lagunas” previsionales en océanos gigantes carentes de ahorros. La realidad tampoco incluía la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Hoy, ante un proyecto tan confuso como el de la reforma previsional, puede resultar útil recordar un par de cosas obvias: primero, que la meta central de un sistema de pensiones —el ideal— es poder entregar pensiones cuya envergadura represente una tasa de reemplazo significativa respecto de los ingresos laborales de los años previos a pensionarse; segundo, que cuando desde hace ya más de una década se comenzó a plantear la posibilidad de aumentar las tasas de cotización y luego de promesas “nocionales”, no existía la PGU, cuya irrupción ha venido a modificar radicalmente los contornos del problema previsional chileno.

Despejemos de inmediato una objeción relevante: que si el único criterio fuese “la tasa de reemplazo” y los últimos ingresos laborales formales de una persona fueron exiguos, su pensión también lo será, a lo que solo cabe decir que no es a los sistemas de pensiones, ya sean fundados en la capitalización individual o en el reparto, a los que se les pide el imposible de resolver un problema que el mercado del trabajo no ha podido abordar. Otra cosa es que, en función de una definición sobre lo que es el umbral de la pobreza, se resuelva como política social subsidiar las pensiones con fondos provenientes de impuestos para permitirles cruzar ese umbral.

Este es el rol que en nuestra realidad juega hoy la PGU.

Para poner en perspectiva su alcance, recordemos que la “línea de la pobreza”, para los ingresos de una persona, hoy está en $212.500, valor cercano a lo que hoy es la Pensión Garantizada Universal y por debajo de los $250.000 a los que se propone elevar. Cabe hacer presente que ya antes de la implementación de la PGU la tasa de pobreza en la tercera edad era más baja que en otros grupos etarios. Al año 2017, el 4,5% de la población mayor de 60 años vivía en condiciones de pobreza, mientras que la tasa de pobreza total era de un 8,6%.

La “línea de la pobreza”, con todo lo que tenga naturalmente de discutible en cuanto al punto en que se fija, tiene el mérito de constituir un criterio objetivo y ordenador de las políticas sociales.

Por su parte, para un sistema de pensiones propiamente tal, el criterio objetivo por excelencia es obviamente el de la tasa de reemplazo de los ingresos laborales.

A modo de referencia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea como deseable que después de 30 años de aportes al sistema previsional, la tasa de reemplazo sea al menos de un 45%. La OCDE, por su parte, en promedio, proyecta tasas de reemplazo del 62% para sus países miembros.

Estos números son reveladores. Es una verdad monumental que el talón de Aquiles de nuestro sistema es el que representan las “lagunas previsionales”. Mientras la OCDE, sin lagunas comparables, proyecta tasas de reemplazo del 62%, en Chile, previo a la seguidilla de retiros de los ahorros previsionales de los últimos años, las tasas de reemplazo pagadas a partir de los ahorros previsionales tenían directa relación con el número de años cotizados. Para los jubilados que habían cotizado 30 o más años, la tasa de reemplazo era cercana al 60%. Para los que habían cotizado menos de 10 años, la tasa de reemplazo era cercana al 20%.

Entre los que ganan un millón de pesos o menos, el impacto en las tasas de reemplazo a partir de la implementación de la PGU ha sido importante, elevándolas para los sectores de menores ingresos incluso por sobre lo que hoy se estima en promedio para los países desarrollados.

Para un pensionado con 50% de lagunas previsionales y un salario de $400.000 la tasa de reemplazo es de sobre 65% y en caso de aumentarse la PGU a $250.000, esta subiría al 80%. En el caso de futuros jubilados, las tasas de reemplazo proyectadas por el Gobierno serían cercanas al 90% y, en caso de aumentarse la cotización, estas serían superiores al 100%.

¿Cuál es el parámetro objetivo con que se enfrenta el debate en torno a este proyecto?

Tal cual está este proyecto, además de contradecir el sentido común de los trabajadores chilenos en torno a la propiedad de sus ahorros; además de pedirles que crean una promesa nocional de la clase política en un tema tan sensible y con precedentes tan nefastos tan cerca nuestro; además de pretender que se acepte una fórmula prácticamente inentendible en boca de los expertos llamados a explicarla al público, genera una larga lista de incertidumbres colaterales.

Además de todo eso, es un proyecto que tiene dos defectos evidentes: es una reforma imaginada originalmente en una realidad que ya fue modificada por la introducción de la PGU, y que no solo no se hace cargo, sino que agrava problemas estructurales de nuestro mercado del trabajo; algunos de ellos, como la informalidad, que están en la esencia y origen del problema de las pensiones en Chile. Este es un proyecto con promesas nocionales, para una realidad nocional. Se requiere uno pensado en nuestra realidad.