Según informó el Ministerio de Educación, hay unos 50 mil niños que se retiraron el último año del sistema escolar. Cincuenta mil niños que han desertado y que están —literalmente— abandonados a su suerte. La cifra causa escalofríos, aunque no es el único dato preocupante. En efecto, el total de alumnos fuera del sistema supera los 220 mil, y hay también algo así como un millón doscientos mil con tasas elevadas de inasistencia, esto es, que comprometen gravemente su proceso escolar. ¿Cómo llegamos hasta acá?

Es imposible dar con una sola causa para el fenómeno. Desde luego, la pandemia fue devastadora, pues las cuarentenas rompieron el vínculo de los estudiantes con sus escuelas y entornos. Es comprensible que, en el momento más álgido, se haya intentado sustituir la enseñanza presencial por los medios tecnológicos disponibles, pero quizás confiamos demasiado en ellos. En rigor, toda educación digna de ese nombre está necesariamente fundada en un vínculo personal, imposible de reemplazar por otros mecanismos. Por lo mismo, y como algunos repitieron hasta el cansancio, resultaba fundamental regresar cuanto antes a la presencialidad.

Sin embargo, se produjo un cruce fatal entre educación y política, que nos tomará años —o décadas— enmendar. En efecto, el clima político deletéreo que imperó durante la pandemia agravó el escenario. Parte relevante de la oposición de la época vio en el covid una ocasión para hundir definitivamente al gobierno de Sebastián Piñera. En materia sanitaria, por ejemplo, la izquierda nunca mostró una actitud constructiva. Se escogió la crítica constante y radical: al gobierno nunca se le reconoce nada. Lamentablemente, en el plano educativo primó la misma pulsión. La máxima era obstruir cualquier iniciativa del Ejecutivo, más allá de su índole. Cada vez que el ministro Raúl Figueroa insistió en regresar a clases se encontró con un frontón, conformado por el Colegio de Profesores y la oposición. Tanto fue el caso, que la izquierda no encontró mejor idea que presentar una acusación constitucional contra Figueroa por haber impulsado la vuelta a las escuelas. El libelo fue rechazado por la Cámara, pero contó con el apoyo de los diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Miguel Crispi y Vlado Mirosevic, entre muchos otros.

La izquierda cometió el peor de los pecados: en una disputa política, utilizó a los niños como rehenes. Era evidente que, dada la debilidad del gobierno, era imposible concretar el regreso sin la buena voluntad opositora. Cuesta imaginar una conducta más mezquina que la instrumentalización de la educación escolar con el objeto de obtener ventajas políticas. Asumieron, además, que el regreso podía ser automático una vez que ellos estuvieran en el poder, como si estos procesos pudieran revertirse de modo mecánico. Pero hay más. Dado que es imposible construir un Estado de bienestar sin educación robusta, la izquierda horadó las condiciones de posibilidad de su proyecto político, lo que permite dudar de la consistencia real de dicho proyecto. Para peor, se acentuaron todas las brechas, porque los más perjudicados por la jugarreta fueron —cómo no— los más vulnerables. En otras palabras, condenaron a miles y miles de jóvenes a la peor educación posible. ¿Cuánta frivolidad cabe en una oposición? Por cierto, nada de esto ocurrió hace años, sino hace apenas 15 meses: la acusación fue votada en agosto de 2021.

Surge entonces una pregunta. ¿Ha elaborado el Gobierno algún plan creíble para tratar de reparar este cuadro gravísimo? ¿Qué tanta importancia le atribuye a la educación, más allá de los lugares comunes? Este tema no soporta más anuncios rimbombantes sin correspondencia con la realidad. Supongo que esta es precisamente la materia en la que vale la pena impulsar un gran acuerdo nacional. Para ser creíble, algo así debería partir por una actitud mucho más firme del oficialismo en los (ex)liceos emblemáticos, que son como el epítome de la putrefacción en la que se encuentra una porción de la enseñanza pública (en nada ayuda la alcaldesa de Santiago, que ha prohibido invocar la Ley Aula Segura). También cabría dar mayor respaldo a los liceos Bicentenario, pues es imprescindible partir de lo que hay, por más defectos que les encontremos. Para superar la estéril fase del desmontaje, la nueva izquierda debe dar muestras de asumir la realidad, e intentar las mejoras posibles a partir de allí. Sería necesario, al mismo tiempo, dejar atrás la retórica que opone los establecimientos fiscales a los subvencionados, porque es tal la magnitud del desastre que no nos sobra nada. Así, paso a paso, podríamos construir un nuevo consenso en educación.

Los giros del Presidente han sido numerosos en los últimos meses, y muchos de ellos han sido costosos en términos de imagen y su credibilidad. Sin embargo, a pesar de que su trayectoria está lejos de ser irreprochable, Gabriel Boric ha mostrado una preocupación consistente por la infancia, y basta recordar su polémica participación en la mesa por la infancia. Nuestra tragedia educativa es, quizás, la mejor oportunidad que tiene el mandatario para mostrar que está empezando a comprender el alcance del resultado del 4 de septiembre.