La propuesta de pensiones ha dado inicio a la predecible batalla para determinar cuál es el diseño más adecuado. Se trata de un tema complejo y, como suele suceder en estos casos, la simple intuición no garantiza la respuesta correcta. Varias de las críticas de los opositores a la reforma parecen razonables, pero no lo son.

Los detractores de esta reforma repiten tres ideas que vale la pena analizar (del otro lado también hay ideas que es necesario revisar con detención, pero será en otra oportunidad). Se argumenta que (a) si el dinero no va a una cuenta individual se trataría de un impuesto al trabajo, en cuyo caso es más eficiente financiar la solidaridad con impuestos generales; (b) se coartaría una valiosa libertad de elección; y (c) las encuestas muestran que la gente prefiere que “su 6%” vaya a “su cuenta”. Estos argumentos parecen sensatos, pero son superficiales o derechamente incorrectos.

Impuesto al trabajo

Más allá de la inevitable pregunta “¿qué otro impuesto subimos?”, debemos tener claro que cualquier aumento de cotización es, en algún grado, un impuesto al trabajo. También si se destina por completo a una cuenta individual, pues constituye una incómoda obligación. Y, es cierto, aunque lo pague el empleador, gradualmente se descontará mayoritariamente de los salarios.

Por ello, es más productivo preguntarse cuánto disminuye la distorsión si el destino de la cotización fuera una cuenta individual, y cuánto menos distorsionarán los otros impuestos que, supuestamente, financiarían la solidaridad.

Los matices rápidamente aparecen. Una cuenta colectiva con transferencias intrageneración (sin reparto intergeneracional) puede fácilmente distorsionar menos que una cuenta individual. Todo dependerá de cómo reacciona la oferta de trabajo y la informalidad de la mitad de trabajadores subsidiados y de los que subsidian.

También, respecto de una situación sin reforma, las distorsiones pueden atenuarse en el tiempo con el mayor empleo que genera la mayor acumulación de capital gracias al mayor ahorro.

Por supuesto, si hay reparto intergeneracional, el componente de impuesto será mayor, así como la distorsión que provocará. Pero nunca llega al nivel de un impuesto al trabajo, porque en la seguridad social solo las personas que contribuyen reciben un derecho (lo que no sucede con un impuesto).

Por último, vale la pena recordar que en Chile la tasa media de impuestos al trabajo es bajísima en comparación internacional. Por lo mismo, no se entiende que una cotización pueda tener consecuencias graves y, simultáneamente, ante la pregunta sobre qué impuesto se debería aumentar, se identifique (correctamente) disminuir el elevado mínimo exento y aumentar más rápido las tasas de los primeros tramos del impuesto a la renta.

Libertad y competencia

Obligar a cotizar es coartar la libertad. Pero esto no es, necesariamente, negativo ni tampoco inusual: obligamos a usar el cinturón de seguridad y a tener receta médica para acceder a fármacos; limitamos dónde se puede fumar o quién puede tener un arma.

La pregunta relevante, entonces, es si coartar la libertad de elección ayuda o no a tener mejores pensiones. Y, como en el caso del impuesto al trabajo, la respuesta más simple puede ser la equivocada.

En teoría, la libre elección de proveedor debería potenciar la competencia y llevar a mejores resultados. Pero ¿sucede así en la realidad?

Para que las personas puedan libremente cambiar de proveedor, las administradoras deben mantener un portafolio más líquido que el óptimo, sacrificando rentabilidad. Se gastan considerables recursos en una fuerza de ventas de escaso valor social. Las elevadas ganancias de las AFP dan cuenta de que la libertad es insuficiente para disciplinar este mercado. En un trabajo, con mis colegas Benavides y Tessada, confirmamos, nuevamente, que los afiliados casi no reaccionan a cambios de precios, por grandes que sean. No hay —más bien, no conozco— ningún trabajo que muestre que, en promedio, los afiliados tomen decisiones acertadas en la elección de AFP o de multifondos. En un mercado así de complejo, la libre elección no garantiza nada.

Es que la gente lo pide

El peor argumento para defender que el 6% vaya a cuentas individuales es invocar las encuestas. Por dos motivos.

Primero, las preguntas no dan cuenta de los dilemas (trade-offs) que se enfrentan. Se enmarcaría mejor el asunto si se preguntara: ¿prefiere usted que todo vaya a su cuenta individual y que tome (por ejemplo) 20 años para ver una mejora relevante en pensiones? En las encuestas parece dominar la lógica de que todo se puede hacer y “paga Moya”, incrementando la desinformación.

Segundo, es poco serio apelar a las encuestas en este tema, pero despreciarlas (por populistas) cuando el 90% de los encuestados quiere nuevos retiros de fondos o se opone férreamente a aumentar la edad de jubilación. Si las encuestas deciden las políticas públicas, ¿para qué está el sistema político? Cuidado con transformar el debate de políticas públicas en un circo romano.

Este es el tercer intento de una crucial reforma. Para que vea la luz, hay que evitar los argumentos que, guiados por la intuición o por nociones muy básicas de la economía, arriesgan con echar por la borda una urgente reforma al sistema de pensiones.